La Justicia de San Luis también requirió su desafuero político. El legislador del PJ está imputado por robo calificado y es acusado por violencia de género.
Martes 9 de junio de 2020 20:47
A una semana de la escandalosa medida del Senado de la Provincia de San Luis que “premió” al senador peronista Ariel Rosendo, otorgándole una licencia con goce de sueldo en medio de acusaciones por robo y violencia de género, el Juez Leandro Alfonso Cirilo Estrada ordenó su inmediata detención.
El titular del Juzgado Penal N° 2 de la Ciudad de Villa Mercedes, ordenó este lunes llamar a declaración indagatoria a Ariel Omar Rosendo, Senador Provincial del Partido Justicialista (PJ). Se lo imputó por “robo doblemente calificado, en poblado y en banda”, contra una dependencia del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), y contra su ex pareja, Ivana Beatriz Massimino.
“Es sospechoso de haber cometido esos delitos, desobedeciendo una orden judicial y violando las medidas anti-pandémicas en concurso real”, precisaron fuentes judiciales. El pedido de detención inmediata fue acompañado de una solicitud con carácter de urgente a la Cámara de Senadores de San Luis para que trate su desafuero político.
El pasado 18 de mayo, el Secretario General de SMATA/San Luis, Juan Piturra, denunció a Rosendo por sustraer pertenencias de manera violenta en una propiedad del gremio donde habita su ex pareja. El actual legislador había sido titular del gremio de mecánicos, pero terminó siendo desplazado por la conducción nacional del organismo por supuestas irregularidades y el presunto robo de muebles y electrodomésticos.
En el Senado de San Luis, el martes pasado se aprobó por unanimidad una licencia por 30 días con goce de haberes para el legislador. Más allá del repudio de las agrupaciones de mujeres de la provincia, la jefa del bloque Frente Unidad Justicialista, Mabel Leyes, no emitió opiniones al respecto por tratarse de una cuestión de “índole privada”.
Ante los medios, Leyes afirmó que “se trata de un hecho de índole privada, y por eso no le corresponde a los senadores opinar”. Sin embargo, militantes feministas expresaron su repudio públicamente con la consigna: “Silencio de las senadoras y funcionarias del Gobierno provincial”.
El mencionado cuerpo legislativo deberá volver a expedirse sobre la situación de Rosendo, que a esta altura es más que insostenible. ¿Lo premiará de nuevo?
