Desde el 9 de marzo las organizaciones se encuentran movilizadas en una “lucha prolongada” para derogar la Ley “Zabala-Riera”, que criminaliza la lucha por la tierra al establecer hasta 10 años de cárcel para todos los ocupantes, convirtiéndose en el marco legal para desalojar comunidades y perseguir a las organizaciones.
Viernes 25 de marzo de 2022 19:07
Fotos: Guidahí Parrilla
El problema de la tierra en Paraguay se remonta a la derrota en la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870), en la que participaron oligarquías argentinas, brasileñas y uruguayas, dejando secuelas hasta el día de hoy. No solo significó el exterminio de más de la mitad de la población, incluyendo al 90% de los hombres y a muchas mujeres y niños, sino que tuvo como consecuencia la consolidación de un Estado oligárquico y la conformación de grandes latifundios, que definen la estructura agraria hasta la actualidad.
Antes de la Guerra el 80% de las tierras paraguayas eran tierras fiscales, destinadas tanto al espacio de vida de comunidades indígenas y campesinas, que tenían el derecho al usufructo con la condición de producir alimentos para el mercado interno, así como también eran destinadas a las “estancias de la patria”, gestionadas por cooperativas de trabajadores para la producción de carne de res.
Con el triunfo de las oligarquías, estas tierras fueron vendidas a propietarios nacionales y empresas transnacionales, configurando el capitalismo latifundista que caracteriza a la sociedad paraguaya hasta la actualidad. Esta situación impactó fuertemente en las condiciones de vida de las comunidades y pueblos indígenas quienes, de habitar y trabajar la tierra pasaron a ser asalariados de los grandes terratenientes, cuando no sirvientes en condiciones feudales o semi-feudales, y a engrosar la legión de campesinos sin tierra.
Este escenario se complejiza aún más en la dictadura de Stroessner (1954-1989), cuando alrededor de 8 millones de hectáreas que habían sido adjudicadas para implementar una reforma agraria, fueron entregadas irregularmente a militares e integrantes del Partido Colorado, aliados de la dictadura. Estas tierras han sido denominadas “Mal Habidas” y forman parte de la historia de despojos que han sufrido los pobres del campo. Ninguno de los gobiernos posteriores a la dictadura ha hecho nada para recuperarlas.
Con la vuelta a un gobierno constitucional se crearon varias organizaciones campesinas e indígenas de escala regional y nacional, que han tenido por objetivo luchar por el acceso a la tierra, exigir mejores condiciones de vida y una reforma agraria integral en el campo. En Paraguay el 40% de la población vive en áreas rurales, siendo su mayoría campesina e indígena con economías de subsistencia (EPH -Encuesta Permanente de Hogares-, 2012); sin embargo, solo un 2% es propietaria del 89% de la tierra cultivable (CAN, 2008).
Ante la ausencia de políticas de Estado para revertir esta situación, las organizaciones campesinas e indígenas han adoptado como principal método de lucha las ocupaciones organizadas de tierras "Mal Habidas", creando sus propios asentamientos y comunidades. Solo entre el 2007 y el 2013 se registran 890 ocupaciones, que representan a 57.313 familias aproximadamente (INDERT – ADEPO, -Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra, Asociación Paraguaya de Estudios de Población- 2013). Para el campesinado y los pueblos originarios, acceder a la tierra no es una cuestión de propiedad, sino la condición necesaria para sostener su cultura y la reproducción de su vida. Sin tierra la campesina y campesino pierde su identidad.
En la actualidad estas comunidades se han visto amenazadas por el avance del agronegocio en el país, principalmente por la soja transgénica, que va dejando daños sociales, territoriales y ambientales irreversibles. El Estado actúa como garante de las empresas multinacionales, legislando a su medida y haciendo oídos sordos a los reclamos de los sectores campesinos. Según datos de Base IS (2021), el 80% del suelo cultivable de Paraguay está sembrado de soja y su expansión se ha desarrollado a través de los desalojos forzosos de comunidades campesinas e indígenas.
En este marco, en agosto del 2021 el Presidente Mario Abdo Benítez promulgó la Ley “6.830”, más conocida como Ley “Zabala – Riera” que modifica el artículo 142 del Código Penal y establece una pena de hasta 10 años de cárcel a quienes ocupen tierra. Con el amparo de esta ley se han desalojado decenas de asentamientos y comunidades, algunas con más de 10 años de existencia, así como también se han encarcelado a varios compañeros y compañeras de las organizaciones campesinas.
Según las organizaciones, esta ley fue creada para facilitar los desalojos forzosos, necesarios para la expansión de la soja, así como para criminalizar la lucha por la tierra. Por esta razón, desde el 9 de marzo se ha conformado un Plenario de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Paraguay, declarando el inicio de la “lucha prolongada contra todas las injusticias”. En el marco de esta lucha se han implementado distintas medidas colectivas como el corte de ruta en más de 70 puntos del país, movilizaciones en la capital y denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Por estos días comenzaban a llegar a Asunción compañeros y compañeras de todas las comunidades del país para realizar una importante marcha por la capital el pasado jueves 24 de marzo.
La reivindicación principal de la "lucha prolongada" es la derogación de la Ley “Zavala– Riera” junto a reclamos históricos de las organizaciones campesinas e indígenas:
Cese inmediato de los desalojos y regularización de los asentamientos campesinos e indígenas
Suspensión de todas las imputaciones realizadas en el marco de la lucha por la tierra
Libertad de las compañeras y compañeros presos por luchar
Juicio político a la fiscal general de Estado Sandra Quiñonez
Políticas de Estado en apoyo a la pequeña producción afectada por el cambio climático
Soberanía paraguaya en Itaipú
Referencias:
BASE IS. Con la soja al cuello. Informe sobre agronegocios en Paraguay, 2021.
Dirección General de Encuestas, Estadísticas y Censos. Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 2012.
INDERT – ADEPO. Informe de Avance, Proyecto de Regularización Jurídica de la tenencia de la tierra y Diagnostico de Colonias, mayo 2013.
Ministerio de Agricultura y Ganadería. Censo Agrícola Nacional, 2008.
