El Celpi, emitió un comunicado donde rechazan la resolución que legaliza el gatillo fácil impulsada por el gobierno nacional. En el mismo, también denuncian al gobernador Alfredo Cornejo, quien declaró que veía "saludable" la iniciativa
Miércoles 5 de diciembre de 2018 11:23
Foto: Diario El Sol
Reproducimos comunicado envíado por el CELPI, colectivo en lucha por les pibes, sobre la resolución que legaliza el gatillo fácil.
Comunicado de CELPI sobre la resolución 956/2018 del Ministerio de InSegurida Nacional
El gatillo fácil y las distintas formas de violencia institucional o represión de Estado, son la continuidad, en democracia, de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura sobre el mismo sujeto histórico que es utilizado como culpable de todos los males: el enemigo interno.
Entendemos que esta Resolución viene de la mano de las políticas de ajuste y saqueo que llevan adelante los gobiernos de corte neoliberal que a falta de logros económicos y sociales, pretende mostrar orden de la peor manera. En 2001 Patricia Bullrich, como ministra del gobierno de la Alianza, impulsó y firmó el decreto que estableció el recorte del 13 % a los sueldos de les trabajadores estatales y a las jubilaciones, fue capaz de llevar el desempleo del 15 al 25% desatando un estallido social que intentó sofocarse con feroces represiones, algo a lo que parece haberse acostumbrado. El gobierno nacional despliega aún más su vertiente neofascista. Se recorta el presupuesto de Educación, Salud y Niñez para reforzar el de Seguridad. La frase del cantautor René Pérez: “cuando se lee poco se dispara mucho”, queda justa para los momentos que atraviesa la Argentina.
Se pretende restablecer la Pena de Muerte y sin derecho a defensa en juicio justo. Seguramente muchos de los y las agentes de seguridad que apliquen este Reglamento tendrán consecuencias judiciales, porque jamás un Reglamento tendrá más peso jurídico que leyes, que Código Penal, tratados internacionales y que la propia Constitución Nacional donde se defiende la vida humana. Lamentablemente se seguirán sucediendo muertes evitables, asesinatos absurdos y nos tocará seguir luchando contra la impunidad.
Les familiares de las víctimas de gatillo fácil, deben esperar años para que el poder judicial les de respuesta, y aún así la gran mayoría de las veces llega la peor de las respuestas: la impunidad, mientras de manera directa y bajo el caprichoso juicio de agentes de inseguridad se matan a les pibes, ahora “reglamentariamente”.
El desprecio por ciertas vidas
El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, dijo textualmente ante la prensa: “Veo saludable que se los proteja un poco, porque sino los policías se retraen en hechos de violencia, pero creo tiene que ir acompañado de una fuerte capacitación policial en los Institutos de Formación Policial todo el tiempo, para no correr el riesgos de que mueran personas inocentes.” dejando en claro que le preocupa que mueran personas inocentes pero más le interesa que pierdan la vida quienes cometan un delito. No es la primera vez que se manifiesta en este sentido, en 2016, luego de felicitar a un policía por ejecutar a un ladrón, el gobernador impulsó la creación de la figura del Defensor del Policía, para el cual dispone de 20 abogados.
En nuestra provincia ya se ha presentado esta aberrante situación, y basta con mencionar el caso del Sargento Santiago Ochoa, condenado a 17 años de cárcel por matar a Cristian Videla de 18 años con un disparo en la nuca efectuado a 40 metros, es decir que no estaba en riesgo su vida ni la de terceros. Durante el juicio se probó que Cristian estaba desarmado. Ochoa tenía un antecedente que no lo ayudó: en 2000 había matado a un pasajero de un colectivo cuando disparó para evitar un robo.
En tanto el Ministro de seguridad provincial, Gianni Venier, frente a medios de comunicación locales, expresó que en lo que va de gestión no han ocurrido caso que se le pueda acusar a la policía de gatillo fácil. Sin irnos muy atrás, hace menos de 3 meses, el 9 de septiembre de 2018, Lucas Agustín Quiroga de 26 años, quien se encontraba sin ningún tipo de arma, fue asesinado en Guaymallén por un oficial ayudante de la Policía de Mendoza, lo cual desmiente rotundamente lo dicho por el ministro.
Es importante aclarar que este decreto rige para las fuerzas de inseguridad federales (Policía Federal, Agencia de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura y Gendarmería), no aplica a la Policía de Mendoza, por lo cual tendremos dos doctrinas distintas conviviendo en el territorio.
Organizarnos
Como organización territorial, de derechos humanos y con vínculo estrecho a familiares de víctimas de violencia institucional, repudiamos enérgicamente este intento de avasallar una vez más los derechos elementales de nuestra sociedad y el Estado de Derecho. Llamamos a organizarnos para frenar este y todos los atropellos que pretendan imponernos.
CELPI (colectivo en lucha por les pibes)
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