El encuentro fue organizado por el Foro en defensa de los niños, niñas y adolescentes (Ley 2302), el diputado del Frente de Izquierda Andrés Blanco y diversas organizaciones que se oponen a la reducción de la edad de punibilidad a 13 años que aportaron a la reflexión sobre la situación de las infancias y adolescencias en la actualidad.
Martes 10 de septiembre 13:16
El Foro en defensa de la Ley 2302, junto a organizaciones que se oponen a la baja de la edad de punibilidad a los 13 y el diputado del Frente de Izquierda, Andrés Blanco, realizaron este lunes 9 de septiembre una audiencia pública en la Legislatura de Neuquén.
A la audiencia asistieron decenas de organizaciones e instituciones que trabajan cotidianamente con las infancias y adolescencias en la provincia. Un panel con referentes de las organizaciones convocantes informó, reflexionó y debatió estrategias para que la cárcel y el encierro no sean las únicas opciones para los niños, niñas y adolescentes.
El diputado Andrés Blanco abrió la audiencia con una reflexión sobre el contexto actual. “El gobierno de Javier Milei presentó un proyecto de ley que es incluso peor que el de la dictadura. En un país donde las cifras de pobreza y hambre en las infancias están en su peor momento, el 70% vive bajo la línea de pobreza y el 30% bajo la línea de indigencia”, denunció
“Las infancias y adolescencias necesitan una protección especial. No se necesitan más cárceles, se necesitan escuelas, hospitales, centros de deporte, culturales, dispositivos que den respuestas reales a sus necesidades. Políticas públicas que actúen antes que un pibe o una piba cometa un delito”, reflexionó Blanco.
En este sentido, señaló que las infancias y adolescencias son las primeras víctimas del ajuste y la pobreza y que como respuesta a la vulneración de sus derechos elementales, quieren encarcelar niñes de 13 años. "Para imponer esta política manipulan y mienten la información sobre la participación de niños y adolescentes en delitos. El 0,45% de pibes y pibas participan del delito mientras que 1 millón no cenan”, aseguró e instó a las autoridades a atacar a quienes usan a los pibes y pibas: al narcotráfico, a las redes de trata y a la propia policía.
El 0,45% de pibes y pibas participan del delito mientras que 1 millón no cenan
Finalmente, señaló que lo que faltan son políticas que “ataquen las causas sociales por las cuales las pibas y pibas salen a robar, o se van a las calles escapando de la violencia de sus hogares, donde los consumos y la desprotección los sumen aún más en el riesgo de vivir en el extremo”.
Mónica Belli, médica pediatra jubilada y trabajadora de salud pública, creadora del equipo de atención de maltrato y abuso sexual infantil y la Línea 102 del hospital Castro Rendón, habló sobre los proyectos en discusión en el Congreso
Explicó que del oficialismo hay dos proyectos. Uno, de Patricia Bullrich y Cuneo Libarona, que ponen como edad de punibilidad a partir de los 13 años. Otro, de seis diputados de la Libertad Avanza, que proponen bajar la edad de punibilidad a los 12 años.
"La diferencia es que el proyecto de los seis diputados dice que por debajo de los 12 años, el sistema penal no interviene. En cambio, el de Bullrich habla de los 13 años, pero establece que todos quedan dentro del sistema penal juvenil, incluso los más jóvenes. Entonces, a partir de los 13 años pueden ir presos. Solo prohíbe la condena de cadena perpetua, pero después las penas son altísimas", explicó
Otro proyecto mencionado es el de Diego Santilli del PRO. Él fija la edad mínima en 15 años y establece penas altas de 15 años para homicidios y 10 años para abusos sexuales. Todos conllevan privación de la libertad.
Por otra parte, el proyecto de Unión por la Patria habla de los 16 años, pero establece 10 años de pena para los delitos más graves y también privación de la libertad hasta que la causa esté firme.
El panorama para nuestras infancias en este momento de tantas privaciones es durísimo
“Con tantas necesidades que tienen nuestras infancias, presentar como única perspectiva estos proyectos es terrible. Sólo nombré algunos, pero todos tienen el mismo tenor”, concluyó.
Nara Oses, la primera defensora de los derechos del niño de Neuquén y redactora de la Ley 2302, brindó información de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para aportar al debate. “Un documento que se llamaViolencia, niñez y crimen organizado, se refiere exactamente a lo que estamos discutiendo aquí, qué es lo que está pasando en toda nuestra región. Es del año 2015, no dice cosas que no sepamos, lo que pasa es que lo dicen desde el punto de vista de las ciencias sociales y de la investigación que realizaron entrevistando chicos que han sido participados de alguna forma en delitos”, introdujo a la lectura de un párrafo del documento:
- “Las condiciones de inseguridad y la violencia son importantes factores de preocupación en la región que conllevan graves vulneraciones a los derechos humanos de las personas. En la opinión pública se suelen asociar estos contextos con los adolescentes, a quienes se responsabiliza en gran medida por el clima de inseguridad que se vive en muchas comunidades. La atención se centra especialmente en los adolescentes varones de los barrios pobres y periféricos, que pertenecen a grupos tradicionalmente excluidos y discriminados, a quienes con frecuencia se estigmatiza y señala como potenciales “peligros sociales” que deben ser controlados. Sin embargo, la realidad difiere de estas percepciones y es mucho más compleja. Las niñas, niños y adolescentes de hecho representan uno de los grupos más afectados por diversas formas de violencia y de vulneraciones a derechos, así como por el actuar del crimen organizado. En general, las respuestas de los Estados no son suficientes para prestar una adecuada protección a la niñez más afectada por estas condiciones, para garantizar sus derechos y prevenir que sean captados y utilizados por el crimen organizado”.
Oses señaló que las respuestas de los estados no son suficientes para prestar una adecuada protección a la niñez más afectada por estas condiciones.
- “Las estadísticas que dibujan el mapa de la violencia en el territorio muestran que los niveles más altos de comisión de delitos violentos se encuentran usualmente en las grandes urbes. Las zonas especialmente afectadas por la inseguridad y la violencia son los barrios periféricos, pobres, con acceso limitado a servicios básicos, y con una escasa presencia del Estado. Son zonas con población en situación de vulnerabilidad que no tienen garantizados sus derechos y que integran grupos sociales tradicionalmente excluidos y discriminados. Los bajos niveles de desarrollo, la falta de oportunidades y la escasa presencia institucional en estas zonas facilitan el surgimiento y la expansión de grupos que se dedican a cometer delitos y de organizaciones criminales. El actuar de estos grupos criminales armados precariza aún más la situación de los habitantes de estos barrios y los exponen a constantes violaciones a sus derechos”.
La ex defensora, contó que algunos de los testimonios que están escuchando de muchas de las organizaciones de ciudades grandes que vienen diciendo: “Se va el Estado y aquí lo que queda es la organización narco”.
“Dentro de las organizaciones, los niños y los adolescentes son utilizados y abusados. Los adultos los consideran piezas prescindibles e intercambiables. Son el último eslabón de la cadena, y por lo usual les encargan actividades de mayor riesgo para su integridad personal o de ser detenidos por la policía. Muchos de los niños, niñas y adolescentes, en especial los que se dedican al narcomenudeo, son ellos mismos consumidores de drogas. La dependencia de la droga es una de las estrategias de los narcotraficantes para captar a nuevos niños y adolescentes para el microtráfico a través de su consumo y adicción. Las estructuras de estas organizaciones criminales son jerárquicas, con normas de disciplina muy estrictas que acarrean violencia en caso de incumplimiento de las reglas internas o de órdenes de superiores, incluso a través de formas extremas como las ejecuciones”, explicó y lamentó: “Salir de estas organizaciones puede implicar arriesgar la vida y la integridad personal”.
Oses leyó algunas recomendaciones alternativas a las propuestas de baja de edad, de punibilidad y de encarcelamiento.
- Diseñar e implementar planes nacionales y locales para prevenir y enfrentar la violencia y la inseguridad, con la participación ciudadana y contando, como dijo la compañera, por las opiniones y las experiencias de los niños, niñas y adolescentes sobre sus realidades.
- Fortalecer el énfasis en las condiciones socioeconómicas y las causas que subyacen a la violencia, su prevención, así como la identificación de los factores de riesgo y los factores de protección para la niñez frente a la misma.
- Fortalecer las capacidades de las familias, esto es mediante programa, para cuidar y proteger a sus hijos a través de programas que apoyen a las mismas en el ejercicio de sus funciones parentales y en función de las necesidades que éstas tengan para cumplir con sus obligaciones de cuidado.
- Diseñar e implementar políticas y programas de desvinculación de niños, niñas y adolescentes de las estructuras de grupos delictivos, que están primordialmente orientados a la restitución de derechos.
No hay datos concretos que justifiquen bajar la edad de punibilidad
Mariela Borgia, defensora penal adjunta del niño, niña y adolescente, aseguró que en todos los proyectos presentados “no hay datos concretos que justifiquen bajar la edad de punibilidad” y habló sobre la realidad del delito juvenil en Neuquén. “En la provincia, el dato concreto es que el delito adolescente no llega al 5% en relación al delito de adultos. Si consideramos los delitos graves, este porcentaje se reduce aún más. Además, al pensar en adolescentes menores de 16 años, que son los no punibles y a quienes el proyecto pretende penalizar, el número disminuye todavía más. Quienes quieren bajar la edad de punibilidad para reducir la criminalidad juvenil no se basan en datos objetivos, concretos ni ciertos”.
Otro argumento que abordó es que los delitos graves cometidos por adolescentes quedan impunes. “Esto se debe a una idea errónea de que el delito sólo se puede gestionar a través de la condena o el castigo. En Neuquén, en el fuero penal adolescente, contamos con distintos sistemas alternativos para gestionar estas situaciones con adolescentes no punibles. Se trabaja con menores de 16 años desde el sistema de protección y desde el sistema penal cuando se trata de delitos graves”, explicó.
Por otra parte, desmintió que las reformas propuestas vayan a proteger a adolescentes. “El sistema penal, que es punitivo y coercitivo, debe ser la última opción del Estado para abordar estas problemáticas”, señaló. Aseguró que el sistema penal implica, de alguna manera, violencia, y eso es lo que hay que evitar y proteger. “Por eso, es necesario fortalecer el sistema de protección a los adolescentes, estableciendo políticas claras y gestionando desde otro enfoque el delito y las causas que lo generan”.
Luego de las principales exposiciones los representantes de organizaciones e instituciones presentes tomaron la palabra, aportaron la experiencia desde su lugar de trabajo y militancia y coincidieron en la necesidad de poner en pie una campaña en cada lugar de trabajo y estudio contra la baja de la edad de punibilidad.
También se acordó presentar un proyecto de Comunicación al Congreso de la Nación para que la Legislatura de Neuquén se pronuncie contra la baja de la edad de punibilidad y en defensa de la Ley 2302 y los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y exigir al Ejecutivo Provincial información sobre el presupuesto destinado a la implementación de los programas y dispositivos que contempla la ley de protección de las infancias y adolescencias en Neuquén.
Participaron de la audiencia defensores y defensoras de los derechos del niño, niña y adolescente del Poder Judicial, el Comité para la Defensa de la Ética, la Salud y los Derechos Humanos, la APDH, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue, el Obispado, el Equipo de la Marcha de los Derechos de Niños y Adolescentes, el Servicio Maltrato y Abuso Sexual Infantil-Línea 102 del Hospital Castro Rendón, el área de adolescencia del Servicio de Adicciones del Hospital Castro Rendón, el Colegio de Profesionales de Psicología y Trabajo Social, Aten Provincial, Aten Capital, la Confederación Mapuche, la colectiva La Revuelta, entre otras organizaciones presentes junto a estudiantes, trabajadoras y trabajadores de distintas áreas del Estado que trabajan con infancias.
