Denuncian organizaciones y colectivos campesinos, indígenas, sindicales de derechos humanos y ambientalistas que Peña Nieto quiere aprobar el acuerdo antes de las elecciones estadounidenses.
Bárbara Funes México D.F | @BrbaraFunes3
Lunes 17 de octubre de 2016
En un pronunciamiento que han firmado más de 100 organizaciones, se afirma “El ATP, negociado durante cinco años en secreto a espaldas de la sociedad, no puede ser modificado por México y representa un grave peligro para los derechos laborales, el acceso a la salud, la libertad de expresión en Internet, el medio ambiente, la seguridad y soberanía alimentaria, entre otros temas cruciales para los derechos humanos y la vida de las personas”.
Ante la incertidumbre de los mercados generada por los cuestionamientos al TLC de Hillary Clinton, candidata demócrata, y de Donald Trump, candidato republicano, apenas la semana pasada, Ildefonso Guajardo, titular de la Secretaría de Economía, señaló que el TPP de hecho es el acuerdo que modernizará el TLC, que entró en vigencia en 1994.
Se cuentan entre las organizaciones firmantes del pronunciamiento contra el Acuerdo Transpacífico Alianza Mexicana contra el Fracking; Greenpeace México; Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (Anec); Central Campesina Cardenista (CCC); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria; Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (Cilas); Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal); Derechos Digitales ONG (Latinoamérica); Foodfirst Information and Action Network. Sección México (FIAN - México); Nueva Central de Trabajadores (NCT), y Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (Serapaz), además de la Red Todos los derechos para Todos (Red TDT), integrada por más de 80 organizaciones de 24 entidades de la república.
Un acuerdo que beneficia a trasnacionales
Tanto el TLC como el TPP son pactos que subordinan la producción y las condiciones de trabajo y de vida de millones de personas a los intereses de las trasnacionales y los gobiernos imperialistas.
El Tratado de Libre Comercio, hoy objetado demagógicamente por Trump y por Clinton para conseguir votos, implicó la devastación del campo mexicano, la imposición de megaproyectos que destruyen el medio ambiente y la creciente precarización laboral de la clase trabajadora en México, así como la relocalización de industrias que implicó millones de despidos para obreras y obreros estadounidense.
Es innegable que la red de vasos comunicantes entre la economía estadounidense y la mexicana se ha desarrollado en los últimos años. La industria en México depende de bienes de capital e intermedios que llegan en gran parte del vecino del norte, y gran parte de las manufacturas que produce México son para el mercado estadounidense.
El problema es que el sistema productivo de ambos países está en manos de trasnacionales y millonarios que tienen como único objetivo acrecentar sus ganancias. Se fabrican millones de automóviles, de innumerables marcas y colores –un producto totalmente superfluo– mientras se niegan recursos a la investigación y desarrollo para crear medicinas efectivas y baratas para combatir enfermedades como el cáncer.
Las necesidades sociales de la mayoría de la población y el cuidado del medio ambiente para preservar recursos naturales para las generaciones futuras son cuestiones que les son completamente ajenas.
Sólo la unidad de la clase trabajadora multiétnica de Estados Unidos con la clase trabajadora mexicana podría desarrollar la enorme capacidad productiva de ambas economías de una manera racional, que atienda a las necesidades de las mayorías, brinde condiciones de trabajo y de vida dignas, y preserve el medio ambiente.
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