Oriol Junqueras es el primero de los dirigentes soberanistas acusados por el 1-O en declarar y lo hace manifestando el carácter político del juicio y la persecución de las acusaciones.
Jueves 14 de febrero de 2019
Tras la última sesión, en la que tanto la Fiscalía, como la Abogacía del Estado, y Vox entraron en escena y atacaron con dureza con sendos alegatos en defensa de la Constitución y la Judicatura españolas, este jueves se ha celebrado la tercera sesión del juicio que sienta en el banquillo de la sala segunda del Tribunal Supremo a los dirigentes soberanistas.
La sesión de hoy ha sido la primera en la que los acusados han podido declarar ante las defensas, fiscalía y demás acusaciones. Sin embargo, previamente el presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha dictado las resoluciones de las cuestiones previas planteadas por las defensas durante el primer día de juicio.
Cabe destacar que entre estas resoluciones, el tribunal aprueba que los acusados puedan declarar en su lengua materna si así lo desean, siguiendo los parámetros establecidos por el Consejo de Europa. No obstante, el tribunal ha señalado que esta aprobación se debe a "razones sentimentales" y no a "algún tipo de indefensión" durante el juicio.
En esta línea, el tribunal ha aprobado también que el ex ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, declare en calidad de testigo. Desestimando, en cambio, la presencia del president Carles Puigdemont. Por otra parte, el tribunal ha aceptado un informe comparativo sobre los heridos del 1-O, así como también varias imágenes de ese día. Así mismo, la incorporación de un informe de dos expolicías de Scotland Yard sobre el dispositivo policial del 1-O ha sido desestimado.
Pese a todo, el tribunal ha dejado para la sentencia la resoluciones de las cuestiones previas referentes a la vulneración de los derechos humanos que han sufrido los acusados, cuestiones que sin duda fueron la base de los requerimientos solicitados por las defensas el pasado martes.
Acto seguido ha sido el turno de la primera declaración de los acusados por parte de Oriol Junqueras, principal acusado por delitos de rebelión y malversación y por lo que la fiscalía pide 25 años de prisión.
No obstante, Junqueras se ha limitado a responder a las preguntas de su defensa y ha rechazado responder a la fiscalía, la abogacía del Estado y a Vox mediante un alegato en propia defensa en el que ha manifestado:
Puesto que yo no voy a renunciar a mis convicciones democráticas y entiendo que las acusaciones no van a dejarme de perseguir por ello, creo que me encuentro en una situación de indefensión en el sentido de que se me acusa por mis ideas y no por mis hechos. Por lo tanto, entendiendo que estoy en un juicio político, y entendiendo que soy un representante electo y que me debo a mis votantes, no contestaré a las preguntas de las acusaciones.
Seguidamente, el ex vicepresident de la Generalitat empezaba a contestar las preguntas de su abogado, Andreu van den Eynde. Durante la declaración de más de dos horas han destacado también algunas afirmaciones que ponen de relieve el carácter político de este proceso judicial:
En enero de 2016 fui nombrado vicepresident de la Generalitat de Catalunya y conseller d’Economia i Hisenda, cargos de los que fui cesado por la aplicación del 155 y en estos momentos me considero un preso político.
A la vez, el propio Junqueras ha defendido que durante el 1-O y en los días previos no se cometió ningún delito por parte del Govern de la Generalitat, así como también ha señalado que "votar no es ningún delito, pero impedirlo mediante la fuerza, si".
Posteriormente el juicio ha proseguido con la declaración como acusado de Joaquim Forn, ex conseller d’Interior, por quien la fiscalía pide 16 años de prisión por delitos también de rebelión y malversación.
Por su parte, Forn, en una estrategia diferenciada de la de Junqueras, si ha respondido a las preguntas de la fiscalía y la abogacía del Estado, no así respecto a la acusación particular del partido de extrema derecha Vox.
El ex conseller d’Interior ha defendido en todo momento su actuación como responsable máximo de las fuerzas de seguridad catalanas, así como el proceder de los propios Mossos d’Esquadra durante el 1-O y los días previos, con especial interés por parte de las acusaciones en la actuación policial del 20-S de 2017.
El juicio se suspende hasta el martes de la semana que viene, sesión en la cual deberán declarar los próximos dirigentes soberanistas acusados también de rebelión y malversación.