Nuevamente el juez Sergio Moro aceptó otra denuncia penal contra el expresidente brasileño. Un nuevo entramado de coimas y corrupción a un mes de ser condenado a 9 años y medio de prisión. ¿Otra operación de distracción ante la escandalosa reforma laboral antiobrera?
Miércoles 2 de agosto de 2017
La Justicia brasileña aceptó este martes por la tarde a trámite una nueva denuncia penal por corrupción y lavado de dinero contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, que el mes pasado fue condenado en primera instancia a nueve años y medio de prisiónen otro caso por los mismos delitos. Pareciera que Lula está cosechando los frutos de una falta de resistencia seria del PT ante el circo de la Lava Jato, por la que el régimen brasileño intenta una lavada de cara.
Además, y por si fuera poco, el Ministerio Público Federal solicitó a la Justicia un endurecimiento de la condena de nueve años y medio de cárcel y un incremento de la multa aplicada en la sentencia, que fue de unos 5 millones de dólares y sería elevada a 27,5 millones. Todo esto ocurre a menos de 24 horas que la Cámara de Diputados decida si autoriza a la Corte Suprema a instaurar un juicio penal contra Michel Temer por el escándalo de sobornos que involucra a JBS SA, la mayor empacadora de carne del mundo.
Esta es la tercera vez que Lula está en esta condición en un proceso judicial en Brasil, aunque el expresidente es procesado en otros dos casos por las supuestas ventajas que recibió de empresas que se adjudicaron ilegalmente contratos de la petrolera estatal Petrobras.
En el proceso que fue aceptado por el juez federal Sergio Moro (a cargo de la operación Lava Jato, que interrogará a Lula el próximo 13 de septiembre por otro proceso), el expresidente es acusado de haberse beneficiado de las reformas millonarias que dos constructoras realizaron en una casa de campo cuya propiedad es atribuida al exmandatario en Atibaia, municipio en el interior del estado de Sao Paulo. De acuerdo con la acusación, las dos empresas realizaron en la casa de campo obras por un valor de un millón de reales (unos 312.500 dólares).
Moro también aceptó la denuncia penal contra otras 12 personas implicadas en este caso, principalmente ejecutivos de las constructoras que costearon las obras. Entre los ahora denunciados figuran Marcelo Odebrecht, expresidente del grupo Odebrecht; Léo Pinheiro, expresidente de OAS; José Carlos Bumlai, empresario muy próximo a Lula, acusado de intermediar las negociaciones, y Fernando Bittar, un amigo del expresidente y que figura en los documentos como el propietario de la casa.
En su sentencia, el juez alegó que "no hay ningún registro de que Lula haya costeado las reformas", en tanto que los "elementos probatorios permiten concluir" que empresas beneficiadas por los desvíos en Petrobras fueron las responsables por las obras.
Según la Fiscalía, las obras en la casa de campo en Atibaia fueron costeadas por Odebrecht y OAS, dos de las empresas cuyos ejecutivos ya fueron condenados en el marco del gigantesco escándalo por los desvíos en Petrobras durante el Gobierno de Lula.
Según la Fiscalía, a pocas semanas de que Lula fuera sucedido en la Presidencia por Dilma Rousseff, Odebrecht y OAS aceptaron realizar gratuitamente una serie de obras en una casa de campo en Atibaia que la familia del exgobernante visitaba con frecuencia.
Las constructoras realizaron mejorías en la residencia, construyeron una casa para los guardaespaldas de la Presidencia, un depósito, una cava y una sauna, y concluyeron obras en la pileta, la cancha de fútbol y un lago de la casa cuya escritura de propiedad está a nombre de los empresarios Jonas Suassuna y Fernando Bittar, amigos de Lula, a los que la Fiscalía considera como testaferros del expresidente.
La Fiscalía asegura que el costo de las obras forma parte de los sobornos que las dos empresas pagaron a cambio de adjudicarse ilegalmente seis millonarios contratos de Petrobras, y también dijeron haber encontrado indicios que sugieran que el exjefe de Estado es el verdadero propietario de la casa de campo.
La defensa de Lula alega por su parte que la Fiscalía sabe desde hace varios meses "que la casa de campo frecuentada por el expresidente Lula en Atibaia no le pertenece y nunca le perteneció". Los fiscales, agrega la defensa, "también saben que Lula nunca le pidió a nadie ni autorizó a nadie a realizar obras en el inmueble".
Las aspiraciones de Lula a disputar la presidencia en las elecciones de 2018 dependen ahora del fallo en segunda instancia, pues, si la sentencia de Moro llega a ser ratificada, las leyes electorales le impedirían postularse para cualquier cargo público.
