Congreso Nacional. Otro código con trámite exprés: el Procesal Penal

Imagen: dienteleche

En un trámite que queda corto denominar “exprés” el oficialismo logró dictamen favorable en Diputados para el nuevo Código Procesal Penal que viene con media sanción del Senado.

Este jueves sesionó un plenario conjunto de las comisiones de Justicia, Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda, donde el kirchnerismo hizo pesar una vez más su mayoría y sin disimulo por la premura y casi sin intervenciones de diputados de su bloque dio luz verde para que el nuevo Código sea sancionado en una sesión prevista para el próximo jueves 4 de diciembre.

Tanto es así que los dos funcionarios del Poder Ejecutivo que asistieron a exponer los fundamentos de la nueva normativa procesal penal sólo lo hicieron durante 20 minutos, aduciendo que tenían que retirarse por otro compromiso. Julio Alak, Ministro de Justicia, y Juan Martín Mena, secretario de Política Criminal, apuraron sus brevísimas intervenciones donde plantearon las presuntas bondades del nuevo Código y “la urgencia en hacer más eficiente la lucha contra el delito”. Y rápidamente se retiraron de la sala. Dio la nota el Ministro Alak que citó profusamente la doctrina de la Iglesia Católica para fundamentar la nueva legislación. El nuevo caballito de batalla del kirchnerismo vestido con la sotana de Bergoglio sirve para todos los fines, incluso la materia procesal penal.

Antes de la pantomima de la “discusión de fondo” entre los diputados de las comisiones, se dio una discusión reglamentaria impulsada por Patricia Bullrich (UNION-PRO) quien reclamó sin suerte para la comisión de Legislación Penal que preside la cabecera del proyecto, es decir que el tratamiento del nuevo Código sea organizado y dirigido por su comisión y no por la de Justicia, que preside la actual kirchnerista, ex menemista y ex duhaldista Graciela Giannetasio. Una discusión estéril ya que el kirchnerismo de todos modos impondría su número.

Así, casi sin argumentos por parte del oficialismo en su versión legislativa y en su versión ejecutiva, y en una reunión que tuvo más debate por la cuestión reglamentaria que por la cuestión de fondo y que finalizó casi sin diputados en la sala, se aprobó el dictamen que irá al recinto en una semana más. Los bloques mayoritarios de la oposición, si bien acompañaron el espíritu del nuevo código que reemplaza el sistema inquisitivo por otro acusatorio, rechazaron el proyecto con diferentes argumentos. Como siempre, el PRO y Frente Renovador peleaban cabeza a cabeza por ser quien planteara los argumentos más reaccionarios y derechistas en pos de terminar con la “puerta giratoria de los delincuentes”.

La posición de la izquierda

Nicolás del Caño (PTS-FIT) anunció que presentará un dictamen de rechazo y fundamentó su desacuerdo con el proyecto girado al señalar que “el Frente Renovador tiene el mismo discurso que tuvo la presidenta Cristina Fernández cuando anunció el proyecto del Código Procesal Penal y también planteó esa asociación entre inmigrantes y delito y el tema de la conmoción social. Es decir que hay una disputa por hacer lo que los medios y las grandes corporaciones están azuzando permanentemente, que es el endurecimiento de la legislación. Éste es el marco político en el cual el Gobierno se hace eco de estas banderas de derecha y ha planteado este proyecto que hoy se está debatiendo”.

Además Del Caño cargó contra los diputados del oficialismo al denunciar que se los escucha hablar “de que se va a terminar con los poderes monárquicos que tienen los jueces con esta reforma. Sin embargo esto lo descubren ahora que sus jueces ya no son tan adictos como antes. Nosotros creemos que se van a mantener estos poderes monárquicos de jueces y fiscales. No se plantea juicios por jurados, tampoco la elección directa de los jueces: va a ser el poder de turno el que los siga poniendo a dedo. También se habla de la mayor rapidez de la justicia, pero más lenta o más rápida son los sectores populares los que van a seguir siendo criminalizados”.
El diputado de izquierda puntualizó otros aspectos del rechazo al proyecto como el artículo 35 que criminaliza a los inmigrantes: “esto no es sólo un discurso, como hemos escuchado de la boca de la Presidenta y permanentemente del Secretario de Seguridad Sergio Berni: es claramente la acción que lleva adelante el gobierno. Por eso vimos cómo en conjunto entre la Gendarmería y la policía Metropolitana de Macri desalojaron el barrio Papa Francisco de Lugano”.

Otro de los cuestionamientos planteados refiere a la prisión preventiva, que es verdaderamente una pena anticipada que se va a seguir manteniendo para los sectores populares que son los que pueblan las cárceles. “A los genocidas, a los empresarios, a los poderosos, a los funcionarios corruptos no se les aplica esa prisión preventiva”, denunció Del Caño. “Por eso vamos a presentar un dictamen de rechazo, abordando muchos otros puntos y planteando que tiene que haber elección directa de los jueces, jueces por jurado y que esta reforma simplemente plantea algunas modificaciones pero se mantiene lo esencial de la justicia clasista, que es lo que se viene reflejando en el discurso de la misma Presidenta cuando hizo la presentación de este Código”.

También el diputado Néstor Pitrola (PO-FIT) se sumó al rechazo al proyecto oficial al señalar que “nosotros somos partidarios de la elegibilidad de jueces y fiscales, es decir, que tengan que después dar cuenta ante la sociedad, al ser electos por el voto popular, de cuál ha sido su accionar en relación a todo el proceso judicial, de investigación, de sentencias, de condena, de apelaciones, etcétera. Con la actual implementación vamos a reforzar la posibilidad de impunidad del poder. Se le está otorgando a los fiscales la potestad del total de la investigación y estamos pasando de un régimen de legalidad que obliga a investigar todos los delitos a un régimen de oportunidad. Significa que en manos de los fiscales vamos a tener la decisión jurídica de investigar o no investigar o de precalificar los delitos. Es decir que el alcance de la arbitrariedad que se otorga a los fiscales es extraordinario: fiscales que no están elegidos y que tienen un escaso control popular”.

Asimismo, Pitrola se refirió al artículo 35 al denunciar que “volvemos de manera lamentable a una ley de residencia del año 1900 cuando se echaba a los organizadores del movimiento obrero de manera sumaria. Nos preguntamos: ¿un extranjero que participa de un corte de ruta o de una protesta social está cometiendo un delito flagrante y puede ser objeto de expulsión del país de manera sumaria? ¿Y alguien que vive en una villa en terrenos federales, también está en un delito flagrante? Es una pulseada en la que evidentemente ha ganado el Secretario Berni. Se sacó lo de conmoción social pero ha quedado esta medida que en el Senado la han agravado, porque ahora ya no nos habla de extranjero en situación irregular sino directamente del extranjero. Esto es la sesión a la campaña xenófoba de Berni. Es un escándalo profundamente reaccionario y derechista”.