La Constitución no ha sufrido aún un sola modificación en una coma, pero los principales partidos del Régimen, junto a la derecha “cool” de Ciudadanos, ya han pactado límites.
Ivan Vela @Ivan_Borvba
Lunes 19 de diciembre de 2016
Foto: EFE
Cambiar todo para que nadie cambie. La máxima que se han fijado Partido Popular y el Partido Socialista, para la “reforma” constitucional. Como no podía ser de otra manera la formación liderada por Albert Rivera, Ciudadanos, se ha sumado a ese frente constitucionalista.
La modificación de la Carta Magna va camino de convertirse en una obra de teatro, de comedia para los políticos, de drama para la clase trabajadora y los sectores populares. Antes de que se inicie cualquier procedimiento formal en el Congreso para el debate de la reforma constitucional, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el presidente de la gestora socialista, Javier Fernández, ya han pactado los límites de la futura reforma.
En sintonía con sus “superiores”, la numeró dos del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría y Antonio Hernando del grupo socialista, han coincidido en “fijar perímetros” que la futura (e hipotética) reforma de la ley de leyes no se convierta en un proceso constituyente que diera espacio a debatir sobre todos las leyes ahí recogidas.
Lo dejó claro Sáenz de Santamaría en su comparecencia del pasado 17 de diciembre frente a los medios, en la cual aseguró que es imprescindible saber desde qué punto se parte y a qué punto se quiere llegar. Como aperitivo, ha trascendido a la luz pública que algunos de los aspectos que las dos formaciones principales de Régimen del 78 van a dejar fuera de todo debate son la Corona, la unidad del Estado español o el derecho de autodeterminación.
Tanto Rajoy como Javier Fernández coincidieron que todo proyecto de reforma debe ser prudente y en ningún caso tocar el apartado 2 de la Constitución; “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”.
En este aparatado fundamental para el Régimen del 78, el PSOE busca una mínima flexibilidad que le diferencia, al menos de cara al espectador que contemple esta obra de teatro, del Partido Popular. Por ello los socialistas basándose en su “Declaración de Granada”, buscarían expresar en el hipotético nuevo texto la diversidad nacional del Estado español, sobretodo en referencia a Catalunya, Galicia y País Vasco.
No obstante estas modificaciones que propone el Partido Socialista son a duras penas maquillaje, pues como recoge la misma declaración, el concepto de “nación” aquí expuesto es “desde un punto de vista cultural y de sentimientos”, pero sin que ello deba traducirse en un reconocimiento legal o jurídico.
Por su parte, Ciudadanos, se mueve encantado en el “corsé” propuesto por ambas formaciones. El “toque naranja” que busca implementar Rivera y los suyos se centra en modificaciones express, sobre todo en lo que a reducción de aforamientos y a la reforma electoral se refiere. Aspectos que por otro lado el PSOE respalda.
Todo este proceso de “reforma” nace ya mutilado políticamente, y aún deberá pasar duras trabajas burocráticas. A todo el largo proceso de ponencias y una vez finalizado el texto “reformado”, será necesaria una mayoría absoluta del Senado y del Congreso. En otras palabras, los votos del Partido Popular se hacen imprescindibles.
Este entramado burocrático es una muestra más del callejón sin salida que la política burguesa y sus instituciones son para la clase trabajadora, las mujeres, la juventud y los inmigrantes. Desde la izquierda reformista llaman a procesos constituyentes, procesos de “reforma” que esperan ganar en los asientos del Congreso.
Pablo Iglesias ya advirtió el pasado miércoles que hará todo lo posible para solicitar que la reforma se certifique por referéndum. Pero estas medidas, ya de por sí limitadas para la grave crisis social y económica que se descarga sobre las y los trabajadores desde hace ya 8 años, se tornan además prácticamente una odisea en el entramado burocrático del Estado.
No hay día que pase que el Régimen del 78 no demuestre que su reforma es imposible. Los cambios tan solo podrán venir de poner en marcha las fuerzas de la clase trabajadora y del resto de sectores explotados, que sean capaces de levantar y llevar hasta el final medidas tales como la eliminación de la Corona y del Senado y la libertad del derecho a decidir de los nacionalidades, aspectos que bajo este Régimen no serán ni discutidos.
