PP y Vox se alían para gobernar en más de 140 ciudades y regiones con un programa antiderechos

Hasta ahora son 140 los municipios en los que el PP y Vox han pactado para gobernar, de un total de 8.130 municipios que constituyen sus ayuntamientos tras las elecciones del 28M. Tras los pactos con la derecha, la extrema derecha irrumpe en los gobiernos de seis capitales de provincia. En total, estará en 26 ayuntamientos en mayoría absoluta y en otros 100 tras llegar a acuerdos con el PP y otros partidos.

Este aluvión de de pactos derechistas no solo es la portada de los diarios en el Estado español. También la prensa internacional ha dado cuenta del fenómeno Le Monde destaca en un artículo de su corresponsal Sandrine Morel como Toledo, Valladolid, Burgos, Ciudad Real, Elche y hasta 25 localidades del Estado español de más de 30.000 habitantes serán gobernadas por el Partido Popular en coalición con la formación de extrema derecha Vox.

Elche, Valladolid, Burgos, Toledo, Guadalajara, Ciudad Real, Huelva, o recientemente Baleares, son algunas de las ciudades que gobernará el “bifachito” del PP y Vox. Si había alguna duda de la capacidad y decisión del PP y Vox para ponerse de acuerdo, estas se han disipado completamente en la última semana. Los unifica un programa reaccionario y antiderechos, que incluye nuevos ataques hacia las diversidades sexuales, las mujeres y los sectores populares, mientras favorece a los ricos y los capitalistas.

Un programa antiderechos

Las consecuencias de los pactos entre el PP y Vox después de las elecciones del 28M avanzan y comienzan a aplicar su agenda reaccionaria. Ya son siete los ayuntamientos donde han eliminando las Consejerías de Igualdad: Huelva, Valladolid, Toledo, Burgos, Talavera de la Reina, Orihuela y Elche. Se están eliminando también Consejerías de Bienestar Social y Desarrollo Rural, e introduciendo novedades como la “Concejalía de Familia”, un engendro que parte de la negación de la violencia machista y la diversidad de género, para fomentar el apoyo de la institución familiar y la maternidad.

En Burgos el pacto del PP-Vox ha hecho desaparecer la Concejalía de Mujer y en Aragón se establece la reducción de forma drástica del gasto en el Instituto Aragonés de la Mujer y el Observatorio Aragonés de Violencia sobre la Mujer, así como la derogación de Ley aragonesa de Identidad y Expresión Sexual.

Para nosotras ni la lucha feminista ni LGBTI se fundamentan en estos organismos institucionales, que en la mayoría de los casos son meramente testimoniales, pero su erradicación demuestra un claro ataque hacia los derechos las mujeres y el colectivo LGTBI.

Como lo es la decisión de sustituir el término “violencia machista” por “violencia intrafamiliar” en el acuerdo alcanzado entre el PP y Vox en la Comunitat Valenciana. Recordemos que en esta Comunidad, el principal referente de Vox Es nada menos que Carlos Flores, un sujeto que ha sido condenado por violencia de género contra su expareja. Alberto Núñez Feijóo, el candidato del PP a la presidencia, justificó a este maltratador con las infames palabras: "Tuvo un divorcio duro”. Y si faltaba algún esperpento, el extorero ultraderechista Vicente Barrera, será el nuevo consejero de cultura y vicepresidente de la Generalitat.

Para santificar esta ofensiva reaccionaria y antiderechos, Santiago Abascal ha ofrecido este lunes a Feijóo un pacto frente a la “violencia contra la mujer”, pero que partiendo de la negación de la violencia machista. “El género es un concepto ideológico que nosotros no compartimos”, ha dicho Abascal en la prensa, para defender la idea de la “violencia intrafamiliar”, un eufemismo que tiene justamente el objetivo de negar la especificidad de la violencia de género detrás de la supuesta defensa de “las mujeres, niños y ancianos”.

Ofensiva conservadora

Esta arremetida general contra la diversidad sexual y la lucha de las mujeres por parte de la derecha y la extrema derecha no toma a nadie de sorpresa. El intento de recuperación y preservación de los valores tradicionales y conservadores de la sociedad española es un punto clave en su discurso político y electoral, y se evidencia tanto en aspectos culturales, como educativos y sociales.

La educación es un terreno en el que la derecha promueve una ofensiva conservadora, impulsando la censura de los discursos feministas y de diversidad sexual, al igual que lo hace con la derogación de todas las leyes de género, en particular la recientemente aprobada Ley Trans, así como la de Memoria Histórica.

Esta ofensiva tiene un capítulo clave en relación con la cuestión nacional en el Estado español, buscando cercenar derechos de las nacionalidades históricas, defendiendo medidas ultranacionalistas como, por ejemplo, la defensa de “tradiciones, costumbres e instituciones propias frente a los falsos países catalanes”, derogando normas sobre plurilingüísmo, a la vez que protegen y defienden “sin complejos” la caza o la tauromaquia.

En esta ofensiva no hay diferencias sustanciales entre el PP y Vox. El discurso de la derecha diciendo que “Quien no quiera a Vox en las instituciones que vote al PP” no es más que eso, discurso. Porque en los hechos, el PP está pactando con Vox en todos los sitios que le convenga.

Una de las primeras declaraciones de Feijóo tras la convocatoria de Pedro Sánchez a las elecciones del 23J fue justamente anunciar que si gobierna derogará las leyes trans y de memoria democrática, que hará ajustes a la ley de Eutanasia, a la ley de Educación, etc. PP y Vox están unidos en una agenda antiderechos.

¿Cómo paramos a la derecha?

El avance de las derechas no cae del cielo. Están aprovechando del descontento social con el “progresismo” en el Gobierno, que ha mantenido la agenda neoliberal e imperialista, es decir, ha aplicado políticas propias de la derecha. Que la abstención avance en muchos barrios obreros, mientras la derecha y la extrema derecha moviliza a amplias capas sociales intermedias e incluso a sectores de las clases populares y la juventud, todavía de forma minoritaria, pero muy preocupante, no puede explicarse sin considerar cuanto ha colaborado la izquierda del régimen a abrirle el camino. Apatía y desmoralización política es la consecuencia y las derechas aprovechan para abrirse paso radicalizando su discurso y demagogia reaccionaria.

Te puede interesar: 23J Contra el avance de la derecha, no caigamos en la trampa del mal menor: necesitamos una izquierda obrera y socialista

El auge de las derechas no se frena votando al “progresismo” neoliberal y plenamente integrado en este régimen monárquico. El “mal menor” para frenar a la derecha es un callejón sin salida. El reciente caso de Barcelona es un ejemplo palmario: Ada Colau, en acuerdo con el PP, le ha dado la alcaldía al PSC, que aplicará políticas de derechas y españolistas, para oponerse a otro gobierno también de derechas de los exprocesistas.

Te puede interesar: El Tripartit más de derecha: los Comunes dan la alcaldía de Barcelona al PSC en acuerdo con el PP

Aunque todas las encuestas vaticinan que el proximo gobierno será de la derecha, incluso la remota posibilidad de un nuevo gobierno de coalición promete ser todavía más conservador que durante estos cuatro años de legislatura, con un PSOE fortalecido. Un nuevo gobierno “progresista” que no dudará en aplicar con celo la agenda política marcada por la Comisión Europea y la OTAN, mientras las ideas reaccionarias seguirán creciendo y radicalizándose.

Porque a una derecha de verdad, no se la frena con una izquierda de mentira. A la agenda reaccionaria de las derechas hay que oponer un programa político anticapitalista, que recoja las reivindicaciones más sentidas de la todos los sectores sociales explotados y oprimidos: de la clase obrera, las mujeres, las diversidades sexuales, las migrantes o de la juventud. Y defender ese programa luchando en las calles, con métodos como la huelga general. Por eso este 23J no podemos caer de nuevo en un nuevo chantaje del “mal menor”, es urgente que avancemos en construir una izquierda socialista y revolucionaria.

Te puede interesar: Sumar no es ninguna alternativa para las mayorías trabajadoras