A través de su cuenta de Twitter, Pablo Hasél ha hecho pública la orden judicial que lo obliga a ingresar en un plazo de 10 días en prisión, ejecutando definitivamente la sentencia que lo condenaba a 9 meses y un día de prisión, según la fiscalía, por enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la corona.
Víctor Stanzyk Madrid
Viernes 29 de enero de 2021
La persecución que ha sufrido Hasél desde la primera detención (detenciones aleatorias e injustificadas, tuits condenados, hostigamiento público, etc.) contrasta con la impunidad que disfruta la corona. Mientras a Hasél le condenan a prisión por criticar las corruptelas del rey Juan Carlos, sus vínculos con dictadores y violadores de derechos humanos (amistades que su hijo y actual rey sigue disfrutando), su evasión fiscal, sus cacerías ilegales y sus juergas son cada día más evidentes.
Igualmente resulta una desagradable ironía que pese sobre Hasél una acusación de enaltecimiento de terrorismo por unos tuits de solidaridad con presos políticos al tiempo que el Estado permite que un asesino como Emilio Hellín Moro, que formó parte de un comando fascista que mató a Yolanda González, sea asesor del peritaje judicial del caso Cifuentes. Parece evidente a quién protege la justifica española: un tuit de un rapero es más “terrorismo” que asesinar a una joven del movimiento estudiantil.
Las instituciones del Estado Español, lejos de estar sólo podridas, protegen mediante la represión más descarada a los herederos del franquismo, como es la Corona y la justicia. Y el horizonte no es halagüeño. Las consecuencias de la Ley Mordaza se hacen ver en esta absoluta violación de los derechos fundamentales, como es la libre expresión. Ante esto, el gobierno supuestamente progresista de PSOE-UP no ha hecho nada por tumbar una ley que permite denuncias y condenas como las de los titiriteros, Valtonyc y otras persecuciones insólitas.
Es este un nivel de persecución a la libertad de expresión que, lamentablemente, se repite con cada vez mayor frecuencia, pero al cual no podemos acostumbrarnos. Es una ley que se ha demostrado no están dispuestos a cambiar desde el parlamento tan siquiera los mismos que llegaron a él denunciándola. Sólo la lucha en las calles puede protegernos de las comisarías y las prisiones que se alzan contra los que protestan.
