En una rueda de prensa, Pablo Hásel renuncia a ingresar voluntariamente y critica la censura y represión en el Estado Español. El pasado 29 de Enero recibió la orden de su ingreso en prisión, ejecutando definitivamente la sentencia que lo condenaba a 9 meses y un día de prisión, según la fiscalía, por enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la corona.
Víctor Stanzyk Madrid
Lunes 1ro de febrero de 2021
El pasado viernes 29 Pablo Hásel hizo pública la orden judicial que lo obliga a ingresar en prisión en un plazo de 10 días (la orden se consuma este domingo), ejecutando definitivamente la sentencia que lo condena a 9 meses y un día, según la fiscalía, por enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la corona.
Apenas se supo la sentencia se convocaron concentraciones en todo el Estado, siendo las más secundadas las de Lleida, Girona y Barcelona, en la que hubo tensión sin incidentes graves ni cargas por parte de la policía.
Respecto a esto, en una rueda de prensa esta mañana, Hásel ha declarado no tener nada de que arrepentirse ni tener intención de cumplir tal orden. Igualmente ha descartado el exilio y el indulto, y ha llamado a la población a movilizarse por la libertad de expresión contra la represión y censura que impunemente se está convirtiendo en una herramienta habitual del Estado Español.
La persecución que ha sufrido Hásel desde la primera detención (detenciones aleatorias e injustificadas, tuits condenados, hostigamiento público, etc.) contrasta con la impunidad que disfruta la corona. Mientras a Hásel le condenan a prisión por criticar las corruptelas del rey Juan Carlos, sus vínculos con dictadores y violadores de derechos humanos (amistades que su hijo y actual rey sigue disfrutando), su evasión fiscal, sus cacerías ilegales y sus juergas son cada día más evidentes.
Igualmente resulta una desagradable ironía que pese sobre Hásel una acusación de enaltecimiento de terrorismo por unos tuits de solidaridad con presos políticos al tiempo que el Estado permite que un asesino como Emilio Hellín Moro, que formó parte de un comando fascista que mató a Yolanda González, sea asesor del peritaje judicial del caso Cifuentes. Parece evidente a quién protege la justifica española: un tuit de un rapero es más “terrorismo” que asesinar a una joven del movimiento estudiantil.
Las instituciones del Estado Español, lejos de estar sólo podridas, protegen mediante la represión más descarada a los herederos del franquismo, como es la Corona y la justicia. Y el horizonte no es halagüeño. Las consecuencias de la Ley Mordaza se hacen ver en esta absoluta violación de los derechos fundamentales, como es la libre expresión.
Ante esto, el gobierno supuestamente progresista de PSOE-UP no ha hecho nada por tumbar una ley que permite denuncias y condenas como las de los titiriteros, Valtonyc y otras persecuciones insólitas. En este sentido, el mismo Hásel ha acusado de esta complicidad al gobierno, recordando cómo Sánchez apeló al caso de Valtonyc como arma política con el Partido Popular.
Es este un nivel de persecución a la libertad de expresión que, lamentablemente, se repite con cada vez mayor frecuencia, pero al cual no podemos acostumbrarnos. Es una ley que se ha demostrado no están dispuestos a cambiar desde el parlamento tan siquiera los mismos que llegaron a él denunciándola. Sólo la lucha en las calles puede protegernos de las comisarías y las prisiones que se alzan contra los que protestan.
