Mientras cientos de miles de personas clamaron durante la Diada por la libertad de los presos políticos y por hacer efectivo el mandato popular del 1 O, PDeCat y PSOE pactan al día siguiente una moción por el “diálogo dentro de los marcos jurídicos actuales”.
Ivan Vela @Ivan_Borvba
Miércoles 12 de septiembre de 2018
Uno abre el diario cada día y podría pensar sobre la cuestión catalana que ha abierto un cómic de ciencia ficción, no hay nexo entre los sucesos en las instituciones y lo que uno lee en los titulares promovidos por la dirección del independentismo catalán. El procés, como se conoce en catalán al proceso independentista, se encuentra completamente encorsetado en las instituciones y huérfano de una alternativa a la dirección del PDeCat y ERC. Se relata de un modo y se desarrolla completamente de otro.
El miércoles cientos de miles de personas exigían la libertad de presos los presos políticos y hacer efectivo el mandato del 1 octubre. Desde el Govern, el gobierno local, se subía a la ola y aseguraba, como venía haciendo los días anteriores, que no acataría una sentencia injusta. A su vez aseguraba que su única obligación es cumplir con el mandato del pueblo de Catalunya.
Una comunión perfecta entre realidad y discurso que apenas duró 12h. Es que después de otra multitudinaria Diada, el Día Nacional de Catalunya, PDeCat y PSOE han pactado una moción en el Congreso de los Diputados para iniciar un diálogo sobre Catalunya.
Desde las filas de la formación catalana aseguran que el texto de la moción es aceptable, que mantiene fundamentos importantes presentado por ellos. Especialmente destacan el apartado que insta al Gobierno de Sánchez “a abrir un proceso de diálogo con el Govern de Catalunya en el que todos puedan defender sus ideas, aspiraciones y proyectos libremente, sin imposiciones ni impedimentos. Dicho proceso debe aspirar a acordar los cauces legales y democráticos que permitan a la sociedad catalana determinar su futuro”.
“Sin imposiciones ni impedimentos [...] para permitir a la sociedad catalana determinar su futuro”. Este es el sustento del PDeCat para apoyar el texto.
Ahora bien, pasan por alto el añadido del PSOE “en el marco del ordenamiento jurídico vigente”, es decir, en el marco del Régimen del 78 constituido para, en su aspecto territorial, privar a cualquier nacionalidad del territorio a ejercer su derecho de autodeterminación.
Parece que dentro del discurso irreal que intenta imponer la dirección del procés ya no se vigilan ni las formas. Aceptar este texto como un avance hacia la república catalana no puede ser sino tomado como un chiste de mal gusto, teniendo en cuenta que hay presos políticos, exiliados y centenares de activistas que han sufrido diferentes represalias por parte del estado central.
Esta integración del procés (aún más) en los marcos del Régimen es, en esencia, la desaparición de todo procés. Una vuelta al autonomismo en toda regla y es que los marcos legales que bien se ha procurado de citar el PSOE en el texto de la moción son los marcos legales del 155, que es el que permitió la intervención del gobierno catalán decretado por el ex presidente Rajoy.
Nada nuevo bajo el sol y poca sorpresa queda ya, pues tampoco es el primer paso en el desmantelamiento del procés tal y como lo conocimos el último trimestre del 2017. Sin ir más lejos, en un asunto tan polémico como los Mossos, la policía nacional de Catalunya, y su coordinación con el resto de fuerzas policiales del Estado, desde el pasado agosto se está trabajando en la inclusión de la policía autonómica catalana en el Centro de Coordinación Antiterrorista.
Realidad y relato toman cada día caminos más dispares, y en medio, cae en saco roto la voluntad del pueblo de Catalunya expresada el pasado 1 de octubre.
La necesidad de una alternativa independiente y de clase que esté dispuesta a llevar hasta el final el mandato del referéndum y a poner en pie las fuerzas sociales necesarias, no solo para conseguir la república catalana, sino para conseguir que esa república haga frente al paro, a los desahucios, al deterioro de los servicios públicos, a la corrupción, en definitiva, que sea una república de los trabajadores y las trabajadoras, se demuestra cada vez más como la única salida realista.