Están por cumplirse 23 meses de Ayotzinapa. Tras casi dos años de que el Estado, por medio de la Secretaría de Gobernación y de la PGR buscara desgastar el enorme descontento que lo puso en crisis y dar carpetazo al asunto, los padres de los 43 rompieron el diálogo con las autoridades federales.
Nancy Cázares @nancynan.cazares
Viernes 19 de agosto de 2016
Durante la sesión de diálogo entre familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la Procuraduría General de la República (PGR), padres de los jóvenes desaparecidos denunciaron falta de resultados en la investigación que solicitaron en contra del jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio.
Por medio de un mensaje en sus redes sociales, Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los 43, informó que decidieron retirarse de la mesa de diálogo que sostenían con Arely Gómez, titular de la Procuraduría General de la República, al percatarse de que la información que se les estaba proporcionando con respecto a los avances en las averiguaciones en contra de Tomás Zerón era la misma que se les había estado dando en sesiones anteriores.
Padres de los 43 habían denunciado a Zerón por la alteración de la evidencia supuestamente encontrada en el Río San Juan, así como por el sistemático entorpecimiento de las investigaciones en torno al caso.
Advirtieron que no volverían a reunirse con la PGR hasta que no hubiera una resolución definitiva en torno a la responsabilidad del titular de la Agencia de Investigación Criminal, además de que anunció que continúa la exigencia de la renuncia de Zerón. Así también lo confirmó el abogado Vidulfo Rosales, quien añadió que presentarán una queja ante el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, por la obstaculización que ha impuesto la PGR para el desarrollo del trabajo de campo en la búsqueda de evidencia.
Los padres señalaron que no podían confiar en la disposición del gobierno federal para resolver el caso mientras a quien ellos señalaban como responsable de manipulación de información y evidencia continuaba en su cargo.
Desde su inicio, la investigación ha estado plagada de irregularidades, entorpeciendo la búsqueda y principalmente, buscando deslindar de responsabilidad al Estado y a sus fuerzas represivas, por medio de una “verdad histórica” que ha intentado ser impuesta, inclusive recurriendo a métodos como la tortura.
Al mismo tiempo que no tiene empacho en atentar una y otra vez contra los derechos humanos, el Estado y sus instituciones aseguran que se ciñen al esquema de seguimiento dictado en julio pasado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Su hipocresía y su doble discurso no son sólo cifras que colocan a México como un país en donde de cuatro mil 55 denuncias que recibe por tortura, mil 273 involucran a elementos de las fuerzas armadas, sino una realidad que día con día lleva sobre sus espaldas el pueblo pobre y trabajador.
