Durante tres semanas continuas Panamá se ha encontrado paralizada en medio de las más grandes protestas vividas por el país en décadas. La gran mayoría de las provincias y comarcas del país centroamericano han sido foco de las manifestaciones, con cortes de carreteras, bloqueos y una huelga indefinida del magisterio. Desde el occidente, en las provincias de Chiriquí, principal proveedor de productos agrícolas, frontera con Costa Rica hasta la provincia del Darién hacia el extremo oriente, cruzando Veraguas epicentro y origen de las protestas, junto a la neurálgica capital de Panamá, no ha habido lugar donde la eclosión social no se haya hecho sentir.
Sábado 23 de julio de 2022 14:28
La protesta está diseminada en todo el país. Es que el aumento de los precios de alimentos, medicinas y combustibles desbordó el descontento de los trabajadores, de los sectores populares, movimientos indígenas y campesinos, dando pie a demandas que se contraponen a las medidas y orientación económica y políticas del actual presidente Laurentino Carrizo. El importante sector del magisterio, ariete de las protestas masivas, dio inicio al resto de las protestas con una huelga indefinida en la provincia de Veraguas, y se fueron sumando sindicatos como el del poderoso sector de la construcción, organizaciones sociales, grupos indígenas y otros sectores de la población trabajadora, incluyendo el descontento de importantes sectores de las clases medias.
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Hay descontento y rabia en el pueblo panameño. Por esto es que Panamá está al borde de un estallido social, y es lo que busca evitar el gobierno de Laurentino Carrizo buscando hacer concesiones que lejos están de satisfacer las demandas populares. Para ello se han abierto negociaciones que se instalaron este jueves 21 y que se realizan en un ambiente de tensión que amenaza con estallar en cualquier momento, pues los resultados son inciertos al cierre de este artículo, dándose con largos recesos que marcan la tónica de los primeros dos días de los encuentros. Este viernes culminó la segunda jornada de la mesa única del diálogo que se desarrolla en Penonomé, capital de la provincia de Coclé, otro lugar escenarios de importantes protestas. No hubo acuerdos a la vista y pasaron a receso para este sábado.
Por el lado de los manifestantes están sentados en la mesa de negociación la Alianza Nacional de Pueblo Organizado (ANADEPO) a la que pertenece el principal sindicato magisterial, la Alianza Pueblo Unido por la Vida a la que está incorporado el importante sindicato de la construcción, los dirigentes de la comarca Ngäbe Buglé de composición centralmente indígena y comunidades campesinas. La presión popular por sus demandas es tan grande que son continuos los acuerdos que se rompen en una situación donde empresarios presionan por mantener los ajustes económicos.
Todos estos sectores venían divididos, pero se vieron obligados a coordinar y centralizar las demandas a ser negociadas con el gobierno, tras continuos fracasos de mesas parciales de negociación. Entre los puntos que han coordinado para negociar con el gobierno están: rebajar y congelar el precio del combustible, rebajar y congelar el precio de la energía, rebajar la canasta básica sin afectar a los productores hasta un 30%, rebajar los medicamentos, la asignación del 6% del PIB a la educación, abrir la discusión del problema de la CSS, abordar el tema de la corrupción y crear una mesa intersectorial de seguimiento.
Pero pese al inicio de las negociaciones con el Gobierno las protestas y los bloqueos de carretera no han cesado, así como tampoco se ha levantado la huelga indefinida del magisterio. Es de remarcar que la mesa de negociación instalada en Coclé, se dan luego de que tres iniciativas anteriores impulsadas por el Gobierno fracasaron en medio de acusaciones entre los distintos sectores movilizados y sindicatos de que se intentaba dividir y debilitar al movimiento de la protesta. Este viernes, por ejemplo, continuaban los bloqueos en la carretera Interamericana, que cruza el país y lo une con Centroamérica.
¿Cómo vienen las negociaciones?
Hasta el cierre de este artículo a ningún acuerdo se ha llegado, ni siquiera parcial. Como hemos escrito más arriba, las organizaciones que aglutinan a los sectores de las protestas y sindicatos han planteado en la mesa única de diálogo que se reduzca en 30 % el costo de la canasta básica, actualmente de 1.600 dólares, el gobierno de Laurentino propuso bajar la canasta básica en un 15%. Lo que se considera como “uno de los pocos avances” es que el Ejecutivo presentó a los sindicatos la posibilidad de incluir 17 productos a la congelación de precios de la canasta básica de alimentos.
Es de recordar que el Gobierno ya rebajó y congeló el combustible en 3,25 dólares el galón (3,78 litros) - el precio comercial supera los 5 dólares para la gasolina de 95 octanos, también congeló el precio de 10 alimentos básicos y anunció una reducción del 10 % del gasto público, pero todas estas medidas están lejos de satisfacer las demandas populares.
Tanta es la tensión que, en una mesa instalada que ya lleva dos días sin acuerdos, es considerada como “el primer intento exitoso de diálogo entre las partes”, luego de que fracasara un acercamiento impulsado por Cortizo la semana pasada. Al mismo, no asistieron las alianzas sindicales y organizaciones populares alegando una falta de consenso previo en los temas a negociar y la mediación, que desde este jueves fue asumida por el Episcopado. También naufragaron unos acuerdos logrados por representantes del Gobierno y dirigentes indígenas y docentes en dos mesas que fueron deslegitimadas.
En medio de todo esto, las cámaras empresariales como la Asociación Panameña de Ejecutivo de Empresas (Apede), han exigido al Gobierno que actúe frente a las protestas que se viven en el país, aduciendo que los cierres de carreteras como la interamericana, que cruza el país y lo conecta con Centroamérica, les “han causado pérdidas millonarias”, cuando son ellos con los aumentos indiscriminados de los productos básicos y la ola de despidos quienes vienen golpeando a los trabajadores.
Una desigualdad social que viene de lejos en Panamá
Hablar de Panamá por lo general es hablar de paraíso fiscal, y que como tal trae aparejado la corrupción, pero también se suele hablar de “prosperidad” económica. ¿Pero quiénes se han beneficiado de esta supuesta “prosperidad” que marcan los índices económicos? Después de la invasión en 1989 en Panamá por parte de Estados Unidos, y más precisamente desde mediados de los años noventa, en el país centroamericano se instaló un modelo neoliberal en profundidad.
Con una economía dolarizada, con ingresos anuales de miles de millones por el canal interoceánico y con el sector de servicios como principal motor, la economía panameña tuvo un ritmo promedio del 6,3% anual en las siguientes dos décadas a la invasión y no se contrajo un solo año hasta 2020, por los efectos de la Covid. El año pasado Panamá “recuperó” lo perdido en la pandemia y su PIB per cápita rebasó los US$14.500, según datos del Banco Mundial (BM), como se sabe es solo un indicador engañoso, pues tal “prosperidad” fue para un muy pequeño sector de la población, los más ricos, mientras las grandes mayorías trabajadoras, populares, indígenas y campesinas se empobrecían.
Todo esto de la mano del FMI y con fuertes ataques al pueblo trabajador. No bastándoles los niveles de desigual causados, aprovecharon la pandemia del Covid para avanzar mucho más, creciendo los despidos, reduciendo drásticamente las condiciones de vida y aumentando drásticamente los servicios. Así, la fiesta de los empresarios tenía en la contracara el aumento de la desigualdad social y la pobreza.
El informe "La matriz de la desigualdad social en Panamá" elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en 2020, atribuye a Panamá un índice de Gini -uno de los principales indicadores de desigualdad- de 0,498, entre los más altos de América Latina y el Caribe. Y esto no viene de ahora: en 2015 un informe oficial reveló que el 10% de las familias más ricas de Panamá tenían 37,3 veces más ingresos que el 10% de las más pobres.
En Panamá la informalidad roza el 50%, según datos oficiales de la Contraloría General de la República (CGR), de acuerdo con los informes oficiales, el precio del combustible se había incrementado en hasta un 47% entre enero y julio, lo que disparó las primeras movilizaciones y la actual ola inflacionista ha supuesto un especial shock para los trabajadores y las grandes mayorías populares panameñas.
Panamá como parte de las revueltas y huelgas obreras en otras regiones
Panamá es parte de las tendencias a las rebeliones y huelgas obreras que se viven en otras partes del continente como en Ecuador y otras regiones del mundo, incluso una poderosa huelga de los trabajadores telefonistas (Telmex) que sacude a México. Los brutales ataques contra el pueblo trabajador no cesan. Las protestas en Panamá surgen cuando se cumplen tres años del Gobierno de Laurentino Cortizo quien implementa una política de descargar la crisis sobre el pueblo panameño que junto con los empresarios se aprovecharon de la pandemia para dejar a miles de trabajadores en la calle con los despidos, al mismo tiempo que los empresarios suben cada día los precios de los alimentos, medicamentos y los servicios básicos.
Como hemos escrito en un reciente artículo, las protestas de los trabajadores y el pueblo de Panamá, que han visto agudizado su situación desde la época de la pandemia y ahora con los aumentos de los combustibles y el alto costo de la vida continúan intensificándose, muestran el potencial de su fuerza no solo para frenar las medidas del gobierno, sino para imponer el conjunto de sus necesidades y reivindicaciones en la agenda nacional y conquistar sus legítimos derechos.
El gobierno de Cortizo apunta a la desmovilización con sus mesas de diálogo, procurando que la protesta se levante. Desgraciadamente, los representantes de los que están en las calles, han bajado la intensidad de las mismas para negociar, cuando lo que se plantea es generalizarlas aún más paralizando sectores claves de la economía, única fuerza que hará que en la mesa se le impongan al gobierno las demandas y derrotando su política que solo ha traído pobreza y miseria. Una huelga general indefinida se plantea más que nunca para derrotar la política de Cortizo que de la mano del FMI viene descargando la crisis sobre pueblo trabajador panameño. Los trabajadores, la juventud y el pueblo pobre de Panamá levanten un programa propio independiente para que la crisis no recaiga sobre sus espaldas, que los empresarios y el gobierno paguen por la crisis.
