Estas desapariciones forzadas se suman a las 91 que están registradas desde 2010. Un nuevo hito negro de la crisis del gobierno de Javier Duarte.
Bárbara Funes México D.F | @BrbaraFunes3
Domingo 27 de marzo de 2016
Apenas pasaron dos meses de las desapariciones de cinco jóvenes en Tierra Blanca. Bernardo Benítez Arroniz, Luis Alfredo González Díaz, Susana Tapia Garibo, Mario Alberto Orozco Sánchez, José Benítez de la O. Se hallaron los cuerpos de los dos primeros jóvenes.
Ahora, Papantla, un municipio famoso por el cultivo de la vainilla, está en los reflectores de la prensa por las desapariciones de Jesús, Luis y Alberto.
Fue el 19 de marzo, informaron sus padres durante una protesta realizada el jueves 24 frente al Palacio Municipal de Papantla, en donde demandaron que se les informe dónde están sus hijos.
Los familiares denunciaron que fueron levantados por la policía municipal de Papantla. Recorrieron municipios, oficinas de la Procuraduría, y nadie les da una respuesta.
La podredumbre del gobierno de Javier Duarte
Estos nuevos casos de desapariciones forzadas se suman al aumento de feminicidios, a la crisis de la deuda que enfrenta el estado -gracias a desvíos y gestiones turbias del gobernador-, a la crisis de la Universidad Veracruzana a la cual le viene recortando presupuesto, a la violencia contra periodistas -como el asesinato de Rubén Espinoza, acaecido en la Ciudad de México y precedido de amenazas al periodista independiente.
Mientras como una medida para recomponer la imagen de las instituciones en Veracruz, el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Morena habían interpuesto una demanda para iniciar el juicio político, el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) votaron en contra de esta medida.
La sombra de una profundización del movimiento democrático en curso en este estado costero preocupa al poder, pero no están dispuestos a ceder ninguno de sus privilegios. Su norte: aplicar las reformas estructurales en la entidad, donde el magisterio combativo tiene presencia y también hay intereses del capital privado en la extracción y procesamiento de hidrocarburos.
El 5 de junio de este año se elige el nuevo gobernador en la entidad y se renuevan 50 curules de la legislatura estatal. La crisis del gobierno de Duarte probablemente golpee en el terreno electoral al PRI.
Una salida a la crisis
Los jóvenes que luchan en defensa de la educación y contra la represión. Los maestros alineados con la CNTE que resisten como pueden la aplicación de la reforma educativa. Los petroleros que enfrentan las consecuencias de la reforma energética: privatización de las refinerías y de los emprendimientos de extracción de petróleo. Los pueblos originarios tratan de impedir el avance de los megaproyectos, incluidos en éstos los desarrollos para la extracción de hidrocarburos.
Todos han confluido, de una u otra manera, con familiares de desaparecidos. También en la defensa de la Universidad Veracruzana, contra las desapariciones forzadas, la violencia contra periodistas y contra las mujeres.
Es necesario hacer consciente esa unidad e impulsar una gran movilización en las calles hasta tirar abajo al gobierno de Javier Duarte. Los maestros y los petroleros tienen el poder para convocar y llevar a cabo un paro estatal que frene la brutalidad del gobernador y las instituciones.
Los partidos del Pacto por México buscan la salida a esta crisis política de Veracruz: restablecer el "orden social" para garantizar a Peña Nieto, al imperialismo estadounidense y al capital privado la aplicación de las reformas estructurales.
Es necesario abrir el debate sobre los grandes problemas que enfrenta el estado. Un debate amplio, del que participe activamente la mayoría de la población, no será otorgado por los partidos de los empresarios. Sólo una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, impuesta a los partidos de los empresarios con la movilización en las calles puede ser el espacio más democrático para ese debate. Una asamblea que esté abierta a la participación de la clase trabajadora y organizaciones populares, donde sus intereses se escuchen fuerte y claro puede abrir el camino para resolver la crisis de Veracruz a favor de las y los trabajadores, la juventud, las mujeres y los pueblos originarios.
