La ministra lanzó acusaciones absurdas que estigmatizan la pobreza y justifican la persecución a las organizaciones sociales.
Lunes 8 de octubre de 2018 09:41
Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, sostuvo que las organizaciones sociales "han permitido" el narcotráfico como "el mal menor" en las villas. Esa fue su respuesta a la pregunta sobre por qué el narcotráfico "le gana" a los planes sociales.
Bullrich responsabilizó al kirchnerismo por esta problemática. Para justificar sus declaraciones desde un punto de vista pretendidamente sociológico, la ministra dijo que hay una “ideología del pensar que esto", por el narcotráfico, "genera movilidad social, que esto genera trabajo".
En declaraciones al canal América, la funcionaria afirmó que “en dos años y nueve meses no podemos desarmar esta ideología”. Bullrich hace del combate a las “mafias” y al narcotráfico una de las principales banderas de su gestión en materia de Seguridad. Con shows espectaculares para la televisión, se muestra en operativos donde supuestamente se desbaratan bandas y boicotean los planes de los narcos. “Nosotros desde que asumimos hemos bajado el nivel de venta de droga, de búnkers, de acopio, de bandas”, agregó en sus declaraciones.
Sin embargo, mientras Bullrich dice todas estas cosas, defiende a rajatabla a las fuerzas de seguridad que son cómplices indispensables para que el gran delito como el narcotráfico y la trata de personas puedan funcionar.
La política de Cambiemos en materia de seguridad y las declaraciones de Bullrich, tienen como único fin justificar la militarización de los barrios populares.
Reproduciendo los peores estigmas, criminalizan la pobreza para legitimar el control social y la persecución de los pobres por parte de las fuerzas de seguridad. A su vez, este discurso busca legitimar el ataque contra las organizaciones sociales en el marco de una mayor crisis social, política y económica, que golpea con mayor miseria en los barrios más empobrecidos donde actúan. Las palabras de Bullrich no desentonan con el clima de persecución y criminalización de todos los sectores que se muestren dispuestos a movilizar y enfrentar el ajuste de Cambiemos, los gobernadores del PJ y el FMI.
