Tierra para vivir. Para Ferraresi, el FMI no cambiará la política de vivienda del Gobierno: ¿siguen los desalojos?

Este jueves, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi sinceró a El Destape Radio que se encuentra entregando viviendas “de las 55.000 que quedaron paralizadas en 2016 y 2017 en toda la Argentina”, y adelantó que durante la primera semana de marzo otorgará “la vivienda número 40.000 de nuestra gestión”. “Estamos en proceso de ejecución en más de 110.000”, detalló.

El miércoles había asegurado que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "no cambiará las políticas de vivienda" que implementa el Gobierno nacional, y recordó que este año "la inversión pública aumentará" en relación a lo que se destinó durante 2021. También reiteró el objetivo de entregar 100 mil casas por año. Lo cierto, es que hasta ahora ni siquiera terminó las que Macri dejó inconclusas.

Alberto Fernández quiso espantar el mismo cuco en un acto de entrega de viviendas en diciembre de 2021. "Cuando escuchen voces que dicen que acordar con el FMI va a significar bajar la ejecución en obras públicas o parar las viviendas, no les crean", aseguró.

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Sin embargo, este martes la Plaza de Mayo se llenó por segunda vez con decenas de miles de luchadores y luchadoras, en una movilización convocada por más de 200 organizaciones y el Frente de Izquierda Unidad, para rechazar el acuerdo con el FMI.

Desde la asunción del Frente de Todos se pagaron U$S 7.576 millones solamente al FMI (también le pagó a acreedores privados y a otros organismos internacionales). Esto equivale a más de 222 mil viviendas. Contra el pedido de fe ciega del presidente y las promesas de Ferraresi, vale la pena hacer un poco de memoria y analizar algunos otros datos.

Antecedente: mantenlo prendido y no lo dejes apagar

El Frente de Todos cerró un acuerdo de refinanciación de deuda con el FMI, que establece una permanente tutela del organismo sobre la marcha económica del país. Vigilará que se cumplan sus recetas para lograr las metas de “reducción del déficit fiscal” y garantizarse que Argentina le pague con los recursos “ahorrados” por el Estado.

Un artículo de Gabriela Gargantini, investigadora del Conicet especialista en temas de vivienda, sostiene que previo al estallido del 2001, la última gran crisis económica, “mientras por un lado se alcanzó una recaudación récord y las cuentas fiscales cerraron sin déficit, la desocupación trepó, por otro, al 15,4 % y casi cuatro de cada diez argentinos siguieron viviendo en la pobreza”. Los éxitos de De la Rúa en “la macroeconomía”, tenían su contracara en las políticas sociales, entre las que la especialista ubica la vivienda. La diferencia en los resultados de la Alianza, se debía a que “los recursos que ingresaron a las arcas del Estado por vía de los ajustes no se asignaron a los sectores más vulnerables de la sociedad, sino a cumplir los compromisos asumidos con los organismos financieros internacionales (Rodríguez - Boyajdian, 2000)”.

Los economistas de este diario, Mónica Arancibia y Emiliano Trodler, cuentan que en agosto de 2001, “el director gerente del FMI, Horst Köhler, le comunicó al entonces ministro de Economía, Domingo F. Cavallo, que el Fondo condicionaría su ayuda a que Argentina sustituyera el peso por el dólar estadounidense. La burguesía local finalmente optó por la salida devaluadora y un mazazo al salario con el apoyo de las burocracias sindicales”.

En el 2001 prácticamente no hubo aumento del presupuesto social, asegura Gargantini: “La política habitacional se insertó en una nebulosa de indefinición y crisis político- económica, la cual no sólo provocó el estancamiento de las operatorias que estaban llevándose a cabo, sino que frente al panorama nacional quedó relegada tras planes coyunturales de emergencia o de generación de empleo, sin llegar a poner en marcha estrategias integrales”.

Con este antecedente, Fernández y Ferraresi hacen anuncios sobre cómo el acuerdo con el FMI no va a empeorar las condiciones de vida de las grandes mayorías esta vez, aunque el oficialismo ya había reconocido que el FMI pedía un fuerte ajuste. A juzgar por los hechos durante la pandemia y que se siguen replicando, la única política de vivienda consistente son los desalojos a familias sin techo y la represión a los reclamos por tierra para vivir. El ejemplo más paradigmático fue Guernica, en plena pandemia, pero según las denuncias que llegan a este diario la respuesta es igual en todo el país.

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En septiembre de 2020 el Frente de Todos presentó un Proyecto de Ley de presupuesto para 2021 que destinaba para Vivienda la mitad que para Defensa y Seguridad. Además destinaba cuatro veces más al pago de la deuda externa que a la construcción de hogares. Ajustar las cuentas a gusto del Fondo, aún lejos de haber terminado la pandemia, ya era un objetivo claro del Gobierno.

Ni bien asumió, el Gobierno de Fernández orientó su economía a ajustar para pagar la deuda. A contramano de sus promesas de campaña atacó a jubilados y jubiladas suspendiendo la movilidad jubilatoria antes del coronavirus, y modificándola después, lo que implicó un recorte de $100 mil millones en 2020 y $160 mil millones en 2021.

Ahora se prepara para apretar más las clavijas, con el fin de pagar la deuda que él mismo denunció como una verdadera estafa macrista durante la campaña electoral. A la luz del antecedente del 2001 y de una larga historia de acuerdos que empobrecieron al país, podría decirse que la represiva es la única política de vivienda del Gobierno que no se ve amenazada por el FMI.

Números en perspectiva: parches a un problema estructural

La cifra actual del déficit habitacional en Argentina se basa en el censo 2010, porque el de 2020 no se hizo por la pandemia. Hace más de una década, el “déficit cuantitativo”, es decir la cifra de casas faltantes, era de 1,3 millones. El “déficit cualitativo”, la cantidad de casas precarias o de mala calidad, llegaba a los 2,2 millones. Así se componía un déficit habitacional total de 3.5 millones de hogares. Estimaciones más recientes ubican el dato entre 3.5 y 4 millones.

La promesa de 100 mil viviendas al año parece ser solo eso eso, una promesa, ya que como el mismo Ferraresi reconoce, está muy lejos de ser lo que sucedió en los 2 años de gestión. Pero aún considerándola seriamente, si el ritmo es 100 mil soluciones habitacionales al año, suponiendo que el problema no se agrave y la política sea continua, el déficit habitacional actual se resolvería recién dentro de 35 o 40 años. Vale la pena otra mirada al pasado para evaluar la factibilidad de este pronóstico.

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En 2015, las académicas de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UBA, Teresa Boselli y María Beatriz Rodulfo detallaban que el déficit habitacional, se redujo solo un 4,89 % entre 1991 y 2001 y un 0,83 % entre 2001 y 2010.

Según Chequeado, en base a información oficial, entre 1983 y 2011 todos los gobiernos habían entregado 960.415 casas terminadas. Esto quiere decir que en 28 años y a lo largo de 7 gobiernos tras el fin de la dictadura, se entregaron menos casas que las que falta construir todavía, según el censo 2010: 1.3 millones.

Quién tiene de la buena

En diciembre de 2020 un comunicado oficial aseguraba que el Frente de Todos se proponía la creación de tan solo 20 mil lotes con servicios en tres años, “para aquellas familias que no cuentan con un terreno”. Esto en el marco de un plan para otorgar 264 mil soluciones habitacionales, contando los créditos para la construcción de casas nuevas y para reparaciones, hasta 2023.

Según divulgó el Indec en mayo de 2021, casi el 10 % de la población habita en casas hechas con materiales de calidad insuficiente. 1.382.000 personas viven en situación de hacinamiento crítico, es decir, con más de tres habitantes por cuarto. Según el CIPPEC, alrededor del 60 % de la población que padece déficit habitacional se encuentra bajo la línea de la pobreza. Según el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) en el país hay 4.416 asentamientos informales.

Diversos análisis sobre las políticas de vivienda en la historia Argentina señalan un mismo problema: el déficit habitacional no se resuelve construyendo muchas casas. De hecho, una política cuantitativa con eje en la construcción de casas sin una verdadera planificación urbana, genera mayores desequilibrios y problemas habitacionales donde la precariedad avanza rápidamente. Esto deriva en mayor déficit cualitativo, porque las viviendas se construyen en tierras sin conexión a los servicios básicos, contaminadas, inundables, etc.

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El problema subyacente es en qué manos están las tierras aptas para la construcción de barrios: en las invisibles manos del “desregulado mercado” terrateniente e inmobiliario. Pero los gobiernos han estado lejos de generar suelo urbano con infraestructura, y mucho más lejos de cuestionar la propiedad terrateniente. El ataque de una patota de Joe Lewis, a la marcha por la soberanía del Lago Escondido que se apropió, es un ejemplo de hasta dónde llega esto. Los gobiernos también reprimen a las comunidades originarias y ambientalistas en favor de los negocios agroganaderos, mineros, forestales.

La demonización de las comunidades y la impunidad represiva de los gobiernos en favor de los terratenientes es política de Estado, como se vio también con el caso de Santiago Maldonado, en tierras que se adjudica el Grupo Benetton.

Por dónde va la mano del ajuste

En diciembre de 2021, el Frente de Todos no logró la aprobación del Proyecto de Ley de Presupuesto 2022 en el Congreso. Eran momentos clave en la negociación con el FMI, así que en el texto rechazado ya se veía con claridad el esfuerzo del ministro de Economía, Martín Guzmán, por complacerlo.

En octubre la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) analizó los recursos destinados a vivienda en ese proyecto. “Se priorizan políticas habitacionales que en el pasado no han dado buenos resultados, (...) mientras que se desfinancian partidas que se encargan de la gestión del suelo”, explicó a Chequeado Rosario Fassina, coordinadora del programa Derecho a la Ciudad de la ACIJ.

Además, la entidad destacaba que el programa “Integración Socio Urbana” del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que tiene como objetivo la reurbanización de los barrios populares, presentaba una baja ejecución (hacia finales de noviembre se había ejecutado el 63 % de su presupuesto) y para 2022 tenía proyectado fondos un 27 % más bajos.

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Las políticas de vivienda privilegiadas del Gobierno son líneas de créditos como Procrear y Casa Propia. Para poder acceder es necesario tener un nivel adquisitivo medio que la enorme mayoría no puede garantizar. Además de no registrar antecedentes financieros desfavorables en los últimos 9 meses, 12 meses de antigüedad en el puesto laboral y contar con un terreno.

Esto es congruente con la respuesta del Gobierno a los reclamos de tierra para vivir de los sectores más pobres y golpeados por la pandemia, que ya no pudieron bancar ni el alquiler de una pieza: los desalojos.

Extractivismo y tierra para vivir: intereses que se chocan en un círculo vicioso

La tensión del Gobierno está puesta en conseguir dólares para pagar al FMI los platos rotos de la estafa macrista: el préstamo más grande de la historia del Fondo se destinó a financiar la fuga de capitales. El mismo Mauricio Macri dijo que pidió esa plata para dársela a los bancos y no para atender necesidades populares.

Además de achicar el gasto público con ajuste, el Frente de Todos necesita, como el ministro Cabandié ha dicho explícitamente, impulsar el extractivismo minero, petrolero, forestal y el agronegocio. De esta forma recaudaría dólares a través de retenciones a las exportaciones, aunque el Frente de Todos no las piensa aumentar y los exportadores presionan para que las elimine. Esos dólares se destinan al pago de la deuda y a financiar más negocios contaminantes, cuyas ganancias los empresarios fugan.

Los dueños de la tierra ganan hasta con las malas noticias. Mientras las retenciones a los sojeros se mantienen en 33 %, por debajo del nivel de 2015, este miércoles el precio de la soja subió al máximo en ocho meses. Por efecto de la sequía en sudamérica, Estados Unidos recortó la estimación de la producción de soja en Argentina y la región y empujó los precios internacionales del poroto.

Estos negocios que se favorecen con el tipo de cambio que devalúa cada vez más el peso, encarecen a su vez el valor de la tierra que cotiza en dólares, a la que el Gobierno no accedería por otros medios que no fueran “los del mercado”. Por eso reprimió a las familias de Guernica, para que Bellaco SA construya un country con canchas de golf.

Romper con el FMI y con la dependencia crónica a la que nos someten los gobiernos capitalistas, es la única salida para el problema de vivienda de las grandes mayorías. El camino es la movilización que exija el desconocimiento soberano de la deuda y otras medidas como el control estatal de las importaciones y las exportaciones, en la perspectiva de pelear por un gobierno de trabajadoras y trabajadores.