El tribunal supremo de Estados Unidos falló a favor de Donald Trump y las empresas para que tengan derecho a negar métodos anticonceptivos a sus trabajadoras. ¿La Corte mostró la hilacha?
Celeste Murillo @rompe_teclas
Miércoles 8 de julio de 2020 20:47
Después de dos fallos favorables a los derechos de las mujeres y las personas LGBT, la Corte Suprema respaldó las medidas del presidente Donald Trump para privilegiar la libertad de las empresas sobre la de las mujeres. El fallo fue decidido por una mayoría amplia de siete votos sobre dos.
La administración Trump había firmado una orden ejecutiva (similar a los decretos) en mayo de 2017 para “proteger” el derecho de libertad religiosa. En los hechos, solo reconocía el derecho de los empleadores religiosos a negarse a brindar métodos anticonceptivos como parte del plan de salud. Esta medida afecta directamente a sus trabajadoras, obligadas a pagar por anticonceptivos o conseguirlos en centros de salud reproductiva (hoy limitados por la ofensiva conservadora y la crisis sanitaria).
La medida decía proteger a los empleadores con “convicciones morales sinceras que se opongan a la cobertura de algunos o todos los métodos anticonceptivos”. La ONG católica de la congregación de Little Sisters of Poors y otras organizaciones religiosas se encontraban entre las entidades beneficiadas por la medida de Trump.
Los estados de Pennsylvania y Nueva Jersey desafiaron esa medida en la Justicia y alegaron que los costos de negar esa cobertura serían derivados a los sistemas estatales de salud. Un fallo favorable en Pennsylvania a esta objeción produjo la apelación de la ONG Little Sisters of Poors, respaldada por el gobierno de Trump.
¿Libertad religiosa o libertad de empresa?
El argumento de la administración Trump fue evitar una “carga sustancial” a la libertad religiosa. En los hechos, la única libertad que protege la medida es la de las empresas de ahorrarse el costo de los métodos anticonceptivos. Las personas religiosas que trabajan y necesitan cobertura de salud, que incluye anticonceptivos, no se verán beneficiadas de ninguna manera.
La extensión de las exenciones para todos los empleadores que no quieran brindar cobertura de anticonceptivos por motivos religiosos puede resultar en 126 mil mujeres sin acceso a anticonceptivos gratuitos mediante su cobertura médica.
La medida de Trump, y el fallo de la Corte que la respalda, multiplica los obstáculos para acceder a la salud sexual y reproductiva. Pero el problema ya estaba incluido desde el inicio. Por eso la anticoncepción se convirtió en el segundo campo de batalla, después del acceso al aborto legal.
En 2010, el presidente demócrata Barack Obama firmó la ley de Affordable Care Act, conocido como Obamacare. La reforma de salud implementada en 2014 decía que aumentaría la cobertura de salud de millones de personas, pero en los hechos estaba diseñada a la medida de las empresas de medicina privada. Aunque aumentó la cobertura pública de las personas pobres (vía el Medicaid), la mayoría incluida en la reforma accedía a la cobertura mediante una “cláusula individual”, que obligaba a toda persona a contratar un seguro de salud si el empleador no lo brindaba.
En su redacción original, el Obamacare incluía que los empleadores y proveedores de cobertura garanticen métodos anticonceptivos sin costo adicional. Sin embargo, las iglesias, templos y mezquitas estaban exentas “por motivos religiosos”. Las entidades sin fines de lucro como escuelas, hospitales y ONG relacionadas con instituciones religiosas no gozaban de la excepción. El fallo actual la extiende a todo empleador religioso que no quiera cubrirlos.
La apelación de Little Sisters of Poors no fue la primera. Durante el gobierno de Obama, hubo otros dos casos que apelaron para eximir a empresas por motivos religiosos. En 2020, la ofensiva conservadora encontró otra forma de sortear el obstáculo: la libertad religiosa como argumento. De esta forma, plantearon una disyuntiva difícil de resolver para la Corte sin cuestionar la enorme influencia religiosa en la política a nivel estatal y federal.
Moral y billetera
El resultado práctico de este fallo es que el costo de los métodos anticonceptivos son trasladados del empleador a la empleada. Como sucede con otras restricciones, la moral religiosa es solamente un excusa para obstaculizar el acceso a la salud sexual y reproductiva. Las principales damnificadas son las mujeres, obligadas a pagar los anticonceptivos que deberían incluir los seguros de salud de las empresas.
El impacto no es igual para todas las mujeres. Las trabajadoras y las pobres dependen directamente de las clínicas que proveen anticonceptivos ante la imposibilidad de pagarlos. Algo parecido sucede con la interrupción voluntaria del embarazo, legal en Estados Unidos desde 1973 pero gravemente restringida en casi 30 estados.
Cuando se derrotó el intento de resringir el aborto legal mediante una ley del estado de Louisiana, las organizaciones feministas y que defienden los derechos reproductivos alertaron sobre el avance de sectores conservadores.
El fallo de Corte a favor de Trump y los empleadores religiosos les da la razón. Se estima que en Estados Unidos, 29 estados tienen legislaciones hostiles a los métodos anticonceptivos y al derecho al aborto. Y se estima que 6 de cada 10 mujeres en edad reproductiva viven en estos estados.
El acceso a la educación sexual, métodos anticonceptivos y el aborto legal son las únicas herramientas para el acceso igualitario a un derecho individual básico. Ninguna creencia religiosa puede justificar el retroceso en derechos conquistados y políticas de salud. Esos retrocesos no significarán menos abortos sino más desigualdad: solo aquellas mujeres que puedan pagarlos accederán a abortos seguros. El resto será arrojado a la clandestinidad y los riesgos para la salud.
Celeste Murillo
Columnista de cultura y géneros en el programa de radio El Círculo Rojo.
