DOSSIER HISTÓRICO 24 DE MARZO. “Para la clase obrera, la justicia al genocidio vendrá cuando logre hacerse del poder”

Entrevista Christian Castillo
Sociólogo. Dirigente del PTS

1. Meses antes del golpe genocida del 24 de marzo el movimiento obrero había protagonizado las jornadas de junio y julio de 1975 como respuesta al "plan Rodrigo", un ajuste en regla lanzado por el gobierno de Isabel y López Rega. Esas jornadas vieron el desarrollo de las coordinadores interfabriles y fueron quizás el punto más alto de la lucha de la clase obrera en todo el período, imponiendo una huelga general de hecho que luego tuvo que convocar la propia burocracia sindical, que después de condenar las acciones de los trabajadores tuvo que pasar a impulsarlas ante la negativa a convalidar los acuerdos paritarios por parte del gobierno peronista. "14.250 (número de la ley de convenios colectivos) o paro general", coreaban las columnas obreras que diariamente marchaban a Plaza de Mayo, a la sede de la CGT o a otros lugares emblemáticos. Los cierto es que esta fuerza mostrada por la clase obrera y el peso de los sectores combativos obligaron al gobierno a ceder saliendo Rodrigo y López Rega del gobierno a la vez que convencieron a la burguesía que se estaba agotando el dique de contención que eran la burocracia sindical y el mismo peronismo, que volvió al poder para contener el ascenso iniciado con el Cordobazo y los Rosariazos en mayo de 1969. Ese ascenso fue parte de un proceso más general de insurgencia obrera, estudiantil y popular a nivel internacional. En vísperas del golpe, nuevas acciones obreras desarrolladas contra el “Plan Mondelli” mostraban esta misma dinámica, pero ya estaba en marcha un plan destinado a poner a los militares en el poder para aniquilar a la vanguardia obrera y disciplinar socialmente a los trabajadores y al conjunto de los explotados. Por eso el 24 de marzo la mayoría de las grandes fábricas aparecieron militarizadas y los jefes de personal y gerentes junto con burócratas sindicales como los del SMATA entregaban listas de activistas a los militares para que los detuvieran. En muchas de estas fábricas se establecieron directamente centros clandestinos de detención, como fue el "Quincho" de la Ford o el Tiro Federal de Campana, lindante a la fábrica SIDERCA del grupo Techint, o en el Ingenio Ledesma de los Blaquier. El blanco principal fueron las comisiones internas y cuerpos de delegados que impulsaban las coordinadoras interfabriles en el Gran Buenos Aires y otras organizaciones de lucha en el interior del país. Previamente la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) había cometido 1.500 asesinatos bajo el gobierno peronista, dirigido también en forma central contra el activismo obrero combativo. Por eso la importancia cuando renace el activismo combativo y clasista en las grandes fábricas donde las patronales lo creyeron erradicado para siempre.

2. El golpe fue impulsado por los núcleos centrales de la burguesía. La Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE), fundada en agosto de 1975 fue una de sus orquestadores centrales, con los lock out convocados en diciembre de 1975 y luego en febrero de 1976, buscando mostrar que el golpe era la única salida al "caos" dominante. La APEGE estaba integrada por el Consejo Empresario Argentino (CEA), la Sociedad Rural Argentina, la Unión Comercial Argentina, la Cámara Argentina de la Construcción, la Cámara Argentina de Comercio, la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, Confederaciones Rurales Argentinas, la Cámara de Sociedades Anónimas, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario y la Copal (alimentación). No es casual la elección de José Martínez de Hoz al frente del Ministerio de Economía de la dictadura, como expresión de los intereses de estos sectores. El objetivo central del golpe fue la liquidación de la vanguardia obrera, que venía forjando su experiencia de lucha y organización al calor del ascenso revolucionario iniciado en mayo de 1969, y que estaba acelerando su experiencia política con el peronismo. Esta eliminación de la vanguardia obrera era clave para aplicar una política económica destinada a aumentar los niveles de explotación de los trabajadores y la subordinación nacional respecto del imperialismo.

3. El gobierno de Alfonsín limitó los juicios a las cúpulas de las Juntas militares con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Luego Menem indultó incluso a los miembros de las Juntas que habían sido condenados. La reapertura de los juicios, luego de la anulación de estas leyes, permitió el procesamiento de una cantidad de militares similar a la lista que había sido mencionada por los sobrevivientes y familiares en las declaraciones a la CONADEP. Varios de ellos fueron condenados aunque algunos fueron liberados o recibieron condenas muy menores. Casi no hay civiles condenados. Peor aún, en las últimas semanas hemos visto fallos dejando sin mérito a los pocos imputados civiles, como Vicente Massot, propietario de La Nueva Provincia, en Bahía Blanca, Carlos Pedro Blaquier del Ingenio Ledesma en Jujuy o Bottinelli de Editorial Atlántida. Tampoco ha avanzado la causa por la apropiación de Papel Prensa por parte de los dueños de Clarín y La Nación. Es claro que no se quiere avanzar en tocar a un poder económico que orquestó el genocidio y que se la sigue "llevando en pala", como admitió la propia presidenta. Para la clase obrera, la justicia al genocidio vendrá cuando logre hacerse del poder y terminar con el régimen social del que se benefician los perpetradores del genocidio.

4. Obviamente. En primer lugar, como señalaba, la misma burguesía que orquestó el golpe en su beneficio sigue teniendo el poder económico en el país. En segundo lugar, el aparato de Estado apesta de continuidad con el de la dictadura, como ha mostrado la crisis abierta con la muerte del fiscal Nisman en lo que hace a los servicios de inteligencia, de cuya estructura se valieron todos los gobiernos constitucionales. Lo mismo ocurre con gran parte del aparato judicial y con los integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad. El propio jefe del Ejército, César Milani, fue parte del accionar genocida del ejército, con su responsabilidad directa en la desaparición del soldado Ledo. En ocasión de la desaparición de Jorge Julio López, el entonces Ministro de Seguridad de la Pcia. de Buenos Aires, León Arslanián, admitía que más de 9.000 miembros de la Policía Bonaerense venían de los años de la dictadura. Y durante el primer tramo del juicio de la ESMA se dio una cifra de más de 2.000 oficiales de tiempos de la dictadura que actualmente siguen en funciones en la Armada. Su jefe anterior, el almirante Jorge Godoy, acaba de ser condenado por espionaje ilegal hecho por la Armada durante su gestión. Además, la gran mayoría de los decretos-leyes realizados por la dictadura, y por dictaduras anteriores, siguen en vigencia, como la nefasta "ley de entidades financieras" de Martínez de Hoz, por solo nombrar una de las más emblemáticas.

5. Un sector predominante de los organismos llamados "históricos" se alineó con el gobierno de los Kirchner a partir de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Fueron en gran medida estatizados. Por ello no han cuestionado ninguno de los crímenes de Estado que se han realizado en la última década y han tenido que aceptar hechos tan nefastos como la desaparición de Julio López, la aprobación de la "ley antiterrorista", el Proyecto X o la presencia de Milani al frente del Ejército. Del otro lado están los organismos nucleados junto con la izquierda en el "Encuentro Memoria, Verdad y Justicia", como nuestros compañeros del CEPRODH o la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos, que han permitido que los 24 de marzo se realicen actos independientes del gobierno y el acompañamiento a las luchas cotidianas de los trabajadores y los sectores populares, develando la impostura del discurso gubernamental.