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Red Internacional
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Crímenes de Estado. ¿Para qué el gobierno de Peña Nieto inventó la “verdad histórica” sobre el caso Ayotzinapa?

¿Cuál fue la principal motivación del gobierno para inventar la “verdad histórica del caso Ayotzinapa?

Viernes 8 de abril de 2022

El 7 de noviembre de 2014, en cadena nacional, el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, comenzó una conferencia de prensa que hoy ya es motivo para la historia de la infamia. “Hace unos minutos me comuniqué con los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa. En la búsqueda de la verdad los detenidos por el caso demuestran que en el basurero de Cocula hubo asesinatos”, declaró.

En la conferencia van mostrando rostros de los detenidos y termina explicando el procurador: “la verdad histórica es que los estudiantes fueron asesinados e incinerados en el Basurero de Cocula”. Es escalofriante la frialdad y aparente seguridad de Murillo Karam.

La fecha es clave: 7 de noviembre; dos días antes, miles de personas habían salido a las calles exigiendo justicia por los 43. De acuerdo con la información del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, todo fue un montaje: un dron de la marina el 27 de septiembre filmó la manipulación del llamado “cementerio de Cocula” donde supuestamente habían sido incinerados los estudiantes. Manipularon el lugar, crearon una hoguera falsa y, de hecho, crearon una mentira.

El estado mexicano usó a la marina, al ejército, a la PGR, al CISEN, a los Ministerios Públicos y a la prensa para hacernos creer que esa era la verdad, dar carpetazo. Toda la intervención estatal da cuenta de una gran coordinación. ¿Por qué actuaron así?

Primer motivo: detener la movilización, pues era un peligro

Son muchos los analistas que sugieren que el caso Ayotzinapa fue la gota que “derramó el vaso”. No es para menos. Tan sólo el 20 de noviembre unos 500 mil manifestantes salimos a las calles exigiendo la presentación con vida de los 43 normalistas. La invención de la “verdad histórica”, hoy comprobada por el GIEI, tenía como uno de sus principales objetivos detener la movilización, pero todo salió mal.

Ante este aberrante hecho, surgió un movimiento juvenil y popular que, en 4 jornadas de acción global, logró poner en crisis al gobierno de Enrique Peña Nieto. Si bien el movimiento comenzó en las universidades, en breve surgieron asambleas estudiantiles de miles, superando la experiencia del movimiento #YoSoy132.

Con paros escalonados de 48 y 72 horas en más de 100 escuelas de nivel medio y superior, el movimiento por la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa se convirtió en una causa nacional que obligó a las grandes centrales sindicales (como la Unión Nacional de Trabajadores) a realizar paros y movilizaciones.

El gremio de los telefonistas se movilizó a nivel nacional. La dinámica de la movilización avanzó de forma acelerada con tres consignas populares: 1) Vivos se los llevaron, vivos los queremos 2) Fue el Estado y 3) Fuera Peña Nieto.

La “verdad histórica”, lejos de detener el movimiento, lo alentó: con rabia, los familiares esa misma noche cercaron la PGR, denunciando que no fue “un hecho aislado del crimen organizado”, sino un “crimen de Estado”. La PGR fue tan desacreditada en las investigaciones que recurrió al envío de las evidencias de la masacre a la Universidad de Innsbruck, Austria.

Las movilizaciones siguieron: se masificaron. El objetivo de la “verdad histórica” no funcionó del todo, aunque, en una perspectiva de larga duración, ensombreció la posibilidad de llegar a conocer el paradero de los estudiantes. El régimen mexicano decidió construir esta verdad histórica, pues vieron en la movilización un verdadero peligro en la gobernabilidad en México.

Segundo motivo: ocultar el papel del ejército

En México, desde el año 2006, el ejército se ha convertido en un pilar de la gobernabilidad. La “guerra contra el narco” significó un avance de la injerencia diplomática, política y militar en México de los Estados Unidos y al mismo tiempo es un gran negocio.

La continuidad y avance de la Iniciativa Mérida, la presencia del Comando Norte en la frontera del país del FBI y la DEA, la venta de armas a las empresas de Estados Unidos, todas son consecuencias de la subordinación del país al imperialismo estadounidense. Al mismo tiempo, existe una clara asociación del régimen político con la burguesía ilegal del narcotráfico: en el trasiego, venta y transporte como sector de exportación a Estados Unidos. Es, también, una reconversión de la economía mexicana que aporta 5% del PIB.

La militarización se concretó mediante la firma de planes y tratados internacionales como el ASPAN (la Alianza para la Prosperidad de América del Norte). Tan sólo en 2013, el gobierno mexicano recibió más de mil 200 millones de dólares aprobados por el Congreso de los Estados Unidos para el en concordancia con el Plan Mérida bajo el rubro de “ayuda” a las Fuerzas Armadas.

Esta guerra, al mismo tiempo, es un gran negocio para las empresas de armas estadounidenses; en 2013 las empresas de Estados Unidos ganaron 127 millones de dólares en venta de armas a México. La militarización que inició en la época de Calderón se continuó con Peña Nieto; esto permitió la implementación de las reformas estructurales que devienen en la mayor integración de México a la economía estadounidense (Reforma Laboral, Energética, Educativa).

El autoritarismo y los métodos de represión y exterminio dieron un salto histórico siempre con el ejército involucrado. Matanzas, fosas clandestinas, ejecuciones. Desde Villas de Salvárcar, a Tlatlaya, Tanhuato, Apatzingán, hasta la desaparición de los 43 de Ayotzinapa.

Por tratarse de un pilar estratégico en la gobernabilidad de México es que la “verdad histórica” apuntaba a dar como responsable al crimen organizado para evitar cualquier tipo de investigación contra el ejército. Es decir: la “verdad histórica” buscaba a toda costa evitar la investigación del ejército.

¿Qué sigue?

El ejército de la 4T está involucrado en la construcción de megaproyectos, acompañado de la asignación de otras tareas de orden civil a los militares. Esto es una verdadera política gubernamental: se busca limpiar su imagen de una de las instituciones más crueles ante la población luego de las nefastas consecuencias de la militarización del país en los sexenios previos.

A ocho años de los sucesos de Ayotzinapa recién vamos conociendo la verdad. Sin embargo, es una realidad inapelable que la institución más involucrada en los acontecimientos (el ejército) tiene hoy más poder que antes. El ejército mexicano tiene el control de las obras públicas del gobierno. Además, se han perfeccionado con la creación de un nuevo cuerpo: la Guardia Nacional.

Al contrario de lo propuesto por AMLO en campaña (en el sentido de que se desmilitarizaría el país), la realidad es que el ejército sigue sin ser investigado a pesar de que dicha institución está implicada en cientos de casos de violaciones de derechos humanos.

Hoy más que nunca es necesario construir un movimiento amplio, democrático e independiente que en las calles exijamos la presentación de todos los desaparecidos (más de 30 mil según cifras de la propia Secretaría de Gobernación) y la desmilitarización del país.