Editorial Calama. Para terminar con el narcotráfico se necesita un programa de la clase trabajadora

El año 2022 la comuna de Calama registró sus peores cifras de homicidios y robos con violencia desde que comenzó el registro el año 2005, lo que estaría fuertemente vinculado al narcotráfico. Las políticas adoptadas hasta antes de la noche del 18 de abril por parte del alcalde Eliecer Chamorro de la Federación Regionalista Verde Social era la misma que la del alcalde Rodolfo Carter de La Florida derribando las llamadas “narco casas”, medidas mediáticas pero que no afectan sus negocios.

Pero los hechos sucedidos que dejaron a 2 muertos (uno de ellos el autor de los tiros) y 5 heridos en la acción frente a la comisaría y en el terminal de Turbus, implicó un salto a la agenda de la derecha ya llevada por el regionalismo verde y el Frente Amplio en la ciudad.

Chamorro aprovechó los hechos para montar toda una operación para propiciar un clima de miedo, partiendo por la suspensión de clases, como línea hacia la convocatoria de un paro comunal que exigiera al gobierno mayores recursos de carabineros para la comuna. El alcalde junto a sindicatos de la educación llamaron a jornadas reflexivas para el jueves en los establecimientos educacionales, sin que los profesores tuvieran sus propios momentos de deliberación, se impuso un paro con el programa del municipio.

Las burocracias sindicales al servicio de Chamorro

Así las direcciones de los sindicatos de la COMDES, el Colegio de Profesores (CdP), el Sindicato de Profesores y el transporte público se pusieron al servicio de Chamorro que está llevando adelante una política securitaria de derecha, que como veremos sólo fomentarán la escalada de violencia y el narcotráfico y se irán en contra de las y los trabajadores cuando salgan a luchar por salarios y derechos.

Por su parte, Ariel Aguirre quien preside el Colegio de Profesores de Calama, manifestó que ya han efectuado tomas de carretera, manifestaciones y está previsto la suspensión de clases, aún cuando desde la dirección nacional del CdP se mostraron en contra de esta última medida, y cuando las y los trabajadores de la educación en Antofagasta a diferencia de Calama que proponen una mesa de seguridad escolar que “tome medidas”, se vienen organizando con petitorios que apuntan a los problemas que han llevado a la violencia escolar como lo son las infraestructuras, la cantidad de personal y profesionales que aporten a mitigar realmente esto en los establecimientos.

En una tónica parecida y sin participación de la base de los sindicatos mineros de CODELCO, el sindicato N°1 de Chuquicamata y el sindicato Chuquicamata, para unirse en apoyo al coro reaccionario encabezado por el regionalismo verde cerrarán las sedes sindicales y las atenciones dentales de ambos sindicatos. También Boris Marchant dirigente del sindicato de Ministro Hales de CODELCO sin consultar a sus bases dijo que “Él[alcalde] cuenta con todo nuestro apoyo como mineros(...)Sabemos que el bolsillo que tiene el gobierno es CODELCO”.

Las exigencias declaradas por el alcalde de la Federación Regionalista Verde Social van desde la aceleración del “Plan Calle sin Violencia” impulsada por el gobierno de Boric para destinar mayor recursos y dotación de carabineros sobre todo en las calles para aumentar el patrullaje y todas las medidas de control hasta el Estado de excepción constitucional al igual que la diputada ex Partido de la Gente Yovana Ahumada y si no, Chamorro declaró que “Si el estado de excepción se demora, entonces que se aplique ley de infraestructura para resguardar (con militares) hospitales, terminales, poblaciones, escuelas”.

Es así que desde la municipalidad hasta las burocracias de los sindicatos nombrados anteriormente se suben al carro de crear un clima reaccionario llevando adelante las políticas de la agenda impuesta por la derecha en el país.

Mayor dotación de carabineros y presencia de militares ¿es realmente la solución para terminar con la violencia producida por el narcotráfico?

Parte de lo argumentos que el día de ayer daba la vocera de gobierno Camila Vallejo (PC) respecto a la integración de Calama al “Plan Calle Sin Violencia” era que “justamente, en conversación con las distintas instituciones correspondientes, en particular con las policías y las instituciones que están viendo el avance en materia de crimen organizado y presencia de armas, se estableció bajo distintos criterios que Calama era una comuna que había que intervenir con este plan que es un plan más intensivo, que tiene que ver con la presencia de bandas organizadas, la presencia de narcotráfico, la presencia de armas y tráfico de armas, el aumento de los homicidios, deterioro barrial, impunidad penal”.

Es decir, todos los hechos de violencia ocurrido en la comuna tienen directa relación con el narcotráfico y el aumento de su poder de fuego como varios personeros de la política local y nacional han declarado. Pero ¿de dónde viene la capacidad de los narcos para poder adquirir ese poder de fuego? sabemos que este “poder” no cae del cielo.

En el país existe la Ley de Control de Armas que tiene relación a regulación relativa al control y tenencia de armas, a través de una serie de modificaciones en diversos cuerpos legales, la cual es llevada adelante por la fiscalización tanto por las FF.AA (carabineros y militares) como la PDI e incluso gendarmería.

Aún así esto nunca se ha traducido en la disminución de armas en el caso del narcotráfico, es más aquellas instituciones encargadas de la fiscalización son las que más tienen relación al vínculo del tráfico de armas y el poder de fuego de las bandas de narcotraficantes.

Es cosa de darse el tiempo y mirar las investigaciones del medio CIPER, donde se consignó que carabineros y militares tiene directa relación con la venta de armas con destinos a los narcos, es más, entre el 2012 y el 2022 se registraron 38 casos ligados al robo de armamento –y de materiales afines, como chalecos antibalas, uniformes y otros– perpetrados por militares o carabineros, los que culminaron con condenas para 54 uniformados, y al menos un 30% está más que comprobado están relacionados con el narcotráfico.

La región de Antofagasta no está por fuera de estos registros, incluso durante el 2013 desde el polvorín del Regimiento Reforzado 1 de Calama se habrían robado por parte de soldados para el narcotráfico explosivos, tiros y municiones. Algo similar ocurrió el 2018 en el Campo Militar Antofagasta donde un cabo pasó municiones a un traficante de armas. Casualmente, el Primer Juzgado Militar de Antofagasta no respondió a CIPER si es que habían seguido hasta el final la pista de destino a estos casos.

También tenemos el caso de personeros políticos del gobierno de Piñera involucrados posiblemente a bandas de narcos, como fue el caso de Wladimir Pizarro Baltras, funcionario de “Prevención del delito”, quien fue condenado a 10 años y un día de presidio efectivo por tenencia ilegal de arma de fuego prohibida y municiones, y tráfico de drogas.

Otro caso sucedido lejos de la región, como lo fue en Talagante durante el año pasado, donde se dio a conocer que ex carabineros traficaron 118 pistolas, escopetas y fusiles el crimen organizado, y donde dentro de los allanamientos se encontraron 20 explosivos de ENAEX, la cual tiene su mayor producción de explosivos en Calama y también es fiscalizada por las FF.AA.

Así es cosa de buscar, y podemos encontrar numerosos casos de cómo carabineros y militares están ligados al negocio del tráfico de armas que le dan poder de fuego a los narcotraficantes. Entonces, ¿realmente fortalecer a estas instituciones termina con la delincuencia desatada producto del narcotráfico?

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Mayor poder a carabineros y militares, mayor poder para los narcos

Aumentar la dotación de carabineros y mayores controles como exige Eliecer Chamorro con el respaldo del delegada presidencial de la región Karen Behrens (PS) y el delegado provincial del Frente Amplio Miguel Ballesteros o mayor incentivo a carabineros como plantea Esteban Velásques(FRSV) e incluso el Estado de excepción, no es la solución para acabar con la violencia producida por el narcotráfico, sino todo lo contrario como ha quedado demostrado es fortalecerlo aún más, y dar chipe libre a las instituciones de carabineros y militar para seguir haciendo negocios con estas bandas.

Las profundas contradicciones que tiene la comuna de Calama, como expresamos en esta nota que llevan al aumento del crimen organizado no se resuelve de la forma en que plante Chamorro, y tras la cual ha acaudillado a sindicatos del municipio y del sector de la educación hacia la movilización de este viernes. Si se quiere acabar con el narco, los mismos que disparaban contra las marchas en el estallido social, hay que desmantelar su negocio y atacar los pilares estructurales que promueven su propagación.

Es necesario un programa independiente de la clase trabajadora para acabar con la descomposición de la sociedad y el narcotráfico

Para combatir la delincuencia hay que partir por combatir su principal negocio, tirando abajo todos aquellos mecanismos financieros que permiten el blanqueo de capitales de empresarios asociados y políticos que puedan estar involucrados, el narco no puede existir si no es con la tutela del propio Estado que administra los negocios de los capitalistas.

No se trata de dar mayores recursos a las instituciones carabineros y militar, o como dice el subsecretario del Interior Manuel Monsalve de inyectar más recursos para la 1era Comisaría, para el nuevo edificio de la PDI, nueva cárcel y más policías de civil para ayudar a carabineros en su “trabajo”. Tampoco se trata de seguir destinando más recursos del cobre como dice Chamorro en estas instituciones que se siguen llevando el 10% de las ventas de CODELCO que durará hasta el 2031 según la derogación de la ley reservada del cobre, lo que tampoco se ha traducido en terminar con el narcotráfico.

Las burocracias sindicales que han salido tras la siga de la municipalidad del regionalismo verde, no pueden poner sus fuerzas en función de aumentar el poder de aquellos responsables del fortalecimiento del narcotráfico, lo que además fortalece su poder represivo el mismo que el día de mañana cuando las y los trabajadores quieran luchar por sus demandas e implique tocar pilares de este sistema desigual se volverá contra nosotros, fortalecer a carabineros y militares como sus atribuciones terminará volviéndose tarde o temprano contra el pueblo trabajador.

Es necesario que pongamos la fuerza de la clase trabajadora, para frenar la descomposición social y el aumento de las medidas autoritarias. Para terminar con el negocio millonario del narcotráfico. Las medidas tienen que ser de fondo: cortar el suministro de ingreso de droga, lo que implica tocar propiedad de grandes capitalistas como el puerto de San Antonio, el que fue señalado por la ONU como uno de los principales puntos de traslado de la cocaína, tocar la banca donde los narcotraficantes blanquea el dinero en cuentas empresariales o en los bancos. Para eso habría que nacionalizar la banca, así mismo nacionalizar los puertos bajo el control de las y los trabajadores. Pero también la legalización de las drogas, para que el problema de la drogadicción deje de ser criminalizado y sea tratado como el problema social de salud que es.

Esto ligado a un programa de conjunto para combatir el origen social del problema de la delincuencia, terminando con la pobreza y la precarización de la vida, la crisis no la podemos seguir pagando las y los trabajadores junto a los sectores populares, con una inflación que no da respiro es necesario conquistar medidas urgentes, como el un aumento inmediato de un sueldo mínimo de $650.000 por sobre la línea de la pobreza, y que ante cada aumento de la inflación todos los salarios suban acorde, repartir las horas de trabajo entre trabajadores y desempleados, el derecho a la vivienda bajo un plan llevado adelante por los comités de vivienda y los trabajadores, el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad, todo esto financiado con las riquezas del cobre y el litio, lo que debe ser controlado por las y los trabajadores junto a las comunidades.