Durante esta mañana, el pleno de la Convención Constitucional aprobó el artículo 23, el cual define negacionismo donde incluye las violaciones a los Derechos Humanos durante el estallido social de 2019. Sin embargo, si operara este artículo en la práctica ¿podría Jorge Arancibia salir de la comisión de derechos humanos?
Teresa Melipal Santiago de Chile
Jueves 30 de septiembre de 2021
Este jueves el pleno de la Convención Constitucional aprobó por 80 votos a favor, 59 en contra y 11 abstenciones el artículo 23 que define "negacionismo".
[AHORA] Pleno de la Convención Constituyente aprobó la siguiente definición de "negacionismo", donde incluye las violaciones a los Derechos Humanos durante el estallido social de 2019. pic.twitter.com/kC6Oq4pild
— NYC (@NYC_Prod) September 30, 2021
Se entenderá por negacionismo, toda acción u omisión que justifique, niegue o miniminice, haga apología o glorifique los delitos de lesa humanidad ocurridos en Chile el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, y las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del estallido social de octubre de 2019 y con posterioridad a este. ¿Cambiará la Convención con esta definición?
Un criminal en la Convención y Comisión de Derechos Humanos
Jorge Arancibia, fue comandante en Jefe de la Armada durante la Dictadura entre 1980 y 1982, amigo de los empresarios del Puerto de Valparaíso y actualmente oficia como convencional por el Distrito 7 por un cupo UDI. Actualmente es Director de la Empresa Puerto de Valparaíso y sin ir más lejos, también integra la Comisión de Derechos Humanos de la Convención.
¡Fuera Arancibia de la Convención!
Su presencia ya había sido cuestionada por algunos constituyentes y por familiares de víctimas de la dictadura, principalmente porque Arancibia fue edecán del dictador Augusto Pinochet y donde hasta el día de hoy defiende los crímenes de lesa humanidad. El 2007 realizó declaraciones públicas a favor de Iturriaga Neumann, quien escapaba de la justicia para no responder ante su participación en crímenes de lesa humanidad y el 2015 se enfrentó al senador y presidente de la UDI, Hernán Larraín, por señalar que Manuel Contreras debería morir sin su rango como militar.
Arancibia continúa en la comisión con un voto político que permitió la exclusión física en la comisión, pero donde los convencionales han convivido con sus intervenciones y presencia (aunque sea telemática). Por este voto político, Arancibia tiene el descaro de anunciar acciones judiciales contra los convencionales por el hecho. Sectores de la izquierda parlamentaria junto a convencionales de los movimientos sociales, como Manuela Royo, plantean que su integración se debe a cierta legitimidad, mientras que otros se limitan a discutir si es prudente o no. Pero no plantean lo que expresan las familias y víctimas dela represión: es necesaria la expulsión de Arancibia de la Convención Constituyente. Con él en la Convención, los cambios que demanda el pueblo y las demandas de octubre del 2019 serán bloqueadas. Es urgente la revocación inmediata de su cargo.
Fin a los pactos de silencio: juicio y castigo a los autores materiales y políticos de las violaciones a los derechos humanos
Hace una semana atrás, en la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional se aprobó dejar sin efecto el embargo de 50 años a la información contenida en el informe Valech. Se trata de un documento el cual contiene información de las víctimas de prisión política y tortura durante la dictadura cívico-militar, en donde también se encuentra el nombre de los represores y autores materiales de los crímenes de lesa humanidad. Esta propuesta, junto con reemplazar a la institución de Carabineros, causó un rechazo generalizado del gobierno, la derecha y la ex concertación; y para darle un gusto a la derecha, los coordinadores de la Comisión de Reglamento Amaya Alvez (RD) y Daniel Bravo (ex Lista del Pueblo) la retiraron.
El "Acuerdo por la Paz", firmado a puertas cerradas por desde la UDI y sectores del Frente Amplio con Boric a la cabeza, blindó a Piñera en la impunidad y separó a los luchadores sociales de las calles. Los represores, autores materiales y políticos de las violaciones de los derechos humanos, continúan en impunidad y algunos con irrisorias condenas mientras más de 600 presos políticos de la rebelión del 2019 continúan en cárcel bajo dudosas pruebas inexistentes.
Para que los pactos de silencio finalicen y que Carabineros sea completamente disuelto no basta con que estas demandas sean inscritas en un borrador de una nueva constitución. Urge una gran movilización por la libertad inmediata a los presos políticos de la rebelión y por el juicio y castigo para los autores políticos y materiales de las violaciones de los derechos humanos de ayer y hoy. Sólo con la fuerza de la organización plasmada en las calles por familiares, organizaciones de derechos humanos, sociales y sectores de la izquierda podemos conquistar las demandas por justicia, verdad y no repetición.
