Tras años de protestas de las vecinas y las organizaciones ecologistas, este lunes el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) paralizó finalmente el proyecto alegando riesgos hidrológicos.
Martes 13 de julio de 2021
El proyecto, que lleva quince años en marcha y a la espera de autorización, se trataba de una mina a cielo abierto en la localidad de Retortillo, en Salamanca, que tal y como indicaban las comunicaciones de Ecologistas en Acción suponía un enorme impacto ecológico en la región, así como un elevado riesgo para la salud, dado que se trataba una mina de material radiactivo.
Las organizaciones como “Stop Uranio”, así como los vecinos de este pueblo de 200 habitantes, también señalaban el carácter fraudulento de las actividades económicas de la empresa que se iba a hacer cargo de la mina: Berkeley; una vieja conocida en Francia por estafar a la empresa pública de uranio Areva, que estuvo cerca del quiebre tras la estafa, pero que logró esquivar la maniobra de Berkeley. Aquello, que supuso un gran escándalo en Francia, no sirvió para poner en alerta sobre las actividades de la empresa a las autoridades españolas.
Las autoridades del CSN han señalado que las actividades de la mina entrañaban un potencial peligro en el tratamiento y almacenamiento de los residuos radiactivos generados por su actividad, concretamente por su relación con los recursos hídricos de la región, ya que sería posible que se produjeran filtraciones de sustancias tóxicas a los acuíferos de la zona.
Aunque el dictamen, que ha de ser ratificado ahora por el Ministerio de Transición Ecológica, es una victoria, la lucha no acaba aquí. La plataforma “Stop Uranio” exige también la inmediata devolución de las tierras por parte de la empresa a los ganaderos locales. Éste es el punto más conflictivo con la corporación, porque la empresa lleva años más interesada en obtener una indemnización por la paralización del proyecto que en seguir adelante con las actividades mineras, dada la dificultad creciente de vender uranio a países industrializados, como Alemania, después de que se redujese la producción de energía de origen nuclear tras la catástrofe de Fukushima.
Además, tal y como publicó El Salto, Berkeley es una empresa responsable de defraudar al tesoro público francés unos 2.500 millones de euros, tras lo cual pretendían repetir la jugada en España mediante la especulación bursátil con minas de uranio africanas de escaso valor. El plan era forzar una privatización encubierta de la empresa estatal de uranio del Estado Español.
Pero el proyecto de Berkeley no es sólo la historia del escándalo de una multinacional corrupta, sino que ha sido favorecido por las instituciones. Un buen ejemplo es que hayamos estado desde el año 1973 con una ley de minas propia de un estado de excepción, tal y como señala la investigadora Elena Solís. “El resultado de la aplicación de esta ley –señala– ha sido, pues, el inexorable e incesante fomento de la minería indiscriminada en España durante los últimos 45 años y la suspensión de la aplicación de la normativa de ordenación del territorio, urbanística y ambiental, así como de las mínimas garantías legales de protección de la salud y participación efectiva de los ciudadanos afectados por tal política”.
Se trata de una normativa que ha servido durante décadas para alimentar las necesidades del capital imperialista y que ha servido para tratar de convertir bastas zonas de la “España vaciada” en territorio donde realizar megaproyectos extractivistas, como es el caso Cáceres y la lucha por evitar que se abra una mina de litio a cielo abierto a las puertas de la ciudad. Otro ejemplo fue Touro, en Santiago, donde fue de nuevo la lucha de los vecinos y los grupos ecologistas la que consiguió paralizar el proyecto, que se trataba de la reapertura de una mina de cobre que llevaba 30 años cerrada, revertiendo todos los procesos de restauración ambiental en la zona.
Pero ésta no es la única ley que ampara el extractivismo en el Estado Español y privilegia los beneficios de las multinacionales sobre la salud y la economía locales. Durante las siguientes décadas hemos seguido viendo cómo estas normativas florecían, como es el caso de la ley de depredación de Galicia pese a que la situación ecológica exigiría legislación en la dirección opuesta, nacionalizando las empresas energéticas y poniéndolas a disposición de la transición energética.
Es evidente que existen crecientes necesidades energéticas, como se ha evidenciado con la subida de la tarifa de la luz en junio, que se justificaba desde las administraciones por la mayor demanda que existe de este servicio, pero la solución de gobiernos y empresas es hacer cargar las peores consecuencias de esta creciente demanda sobre los hombros de la clase trabajadora.
Si bien existe un debate, incluso dentro del movimiento ecologista, acerca de si es necesaria la energía nuclear como energía de transición a un modelo renovable, lo que evidencian casos como el de Retortillo es que ese debate también pasa por instaurar mecanismos de democracia obrera que permitan opinar y decidir a los principales afectados, que son los vecinos y trabajadores del sector, así como a expertos en materia ambiental. También deja claro que la gestión de los recursos energéticos no puede estar en manos de multinacionales explotadoras, sino que debe estar en manos de empresas públicas y teniendo en cuenta las necesidades locales, como el uso del suelo (evitando acabar con pastos, suelos fértiles o zonas protegidas) y tratando de extraer el material justo para producir energía a nivel local. Todo esto conforme a planes que se planifiquen de acuerdo con los vecinos y trabajadores.
Además, muchas de las minas que pretenden abrirse o reabrirse sirven para obtener materiales escasos, pero ampliamente utilizados en dispositivos que acaban generando toneladas de basura electrónica al poco tiempo de su fabricación, cuando lo ideal sería que éstos se reciclaran y tuvieran una vida útil lo más larga posible y enfocada a dispositivos con verdadera utilidad social. Este tipo de reciclaje urbano contribuiría a evitar que se dieran situaciones como es la de la actual crisis de microchips, presentes en la mayor parte de dispositivos electrónicos que salen al mercado. Esta crisis está obligando a parar la producción de diversas empresas de manera intermitente, como es el caso de las automovilísticas, cuyos vehículos llevan en ocasiones un centenar de estos chips integrados.
Por tanto, el debate es mucho más profundo que dar un “sí” o un “no” a la minería, porque intervienen numerosos factores como la eficiencia, la planificación de la producción, la democracia en la toma de decisiones de este tipo, la existencia de planes de restauración de entornos naturales, etcétera. Pero este abordaje integral sólo es posible mediante la planificación democrática de la economía por parte de los trabajadores y los consumidores.
