Ayer el cura acusado de abusar sexualmente de jóvenes seminaristas durante años se negó a declarar. Mientras tanto siguen saliendo a la luz la complicidad de la jerarquía católica y de las altas esferas judiciales.
Miércoles 22 de abril de 2015
Foto: Mariana Dada
Foto: Mariana Dada
Vestido de negro y bajo la máxima custodia ante la convocatoria hecha por la agrupación Pan y Rosas, el cura Justo José Ilarraz llegó minutos después de las 16 a los Tribunales de Paraná. Luego de superar los exámenes médicos, enfrentó la lectura de las acusaciones de los siete exseminaristas que lo denuncian por abusos cometidos entre 1985 y 1993. Pero cuando le dieron la posibilidad de defenderse, calló. Sólo esbozó que era inocente.
Su silencio fue tan estratégico como característico. La Iglesia de Paraná calló durante casi dos décadas los abusos padecidos por alrededor de medio centenar de jóvenes mientras cursaban el Seminario Menor. Cuando decidió hablar, lo hizo mediante fríos comunicados, que acató y replicó el resto de los integrantes de la jerarquía católica. Basta con ver la nula cobertura de la Agencia Informativa Católica. Ningún obispo se animó a ir contracorriente. ¿Sorprende? No.
El lunes, el Arzobispado de Paraná emitió un comunicado de cinco puntos, en los que repitieron los lugares comunes sobre los que se basaron los dos anteriores. Lejos de cualquier autocrítica, asegurando “acompañar a las víctimas y a sus familias”, quienes padecieron los abusos insisten en que les cerraron las puertas del Arzobispado, a lo que se suman las presiones e intento de adoctrinamiento sobre los curas que ofician como testigos. El texto culmina con un paso en falso, que expone que todo sigue igual que en el momento en que las víctimas reclamaban acciones concretas tanto al cardenal emérito Estanislao Karlic como al arzobispo Juan Alberto Puíggari: “Con esperanza pedimos al Dios misericordioso el logro de la verdad y la justicia, y la sanación de las heridas y los dolores ocasionados”.
Hacer la Corte
“Ninguno de los jueces se pelearía con la Iglesia”, sentenció un avezado analista de la relación entre la curia paranaense y el Poder Judicial provincial.
Cuando se conoció que la convocatoria del Superior Tribunal de Justicia (STJ) para tratar el pedido de prescripción de la denuncia contra Ilarraz era un día antes de la indagatoria a éste, a las víctimas les dio mala espina. Sin embargo, a raíz de que no hubo acuerdo entre los integrantes, la resolución se postergó para el lunes 27 de abril.
En el medio de una prolongada disputa tribunalicia interna, las dudas se ciernen sobre el STJ, cuya composición está atravesada por el paso de Jorge Busti por el poder. Tras los interrogantes, ahora la expectativa gira en derredor de la presión sobre los magistrados. La trama es compleja.
La presidente del STJ, Claudia Mizawak, fue funcionaria y abogada de Busti en los juicios por denuncias a causa de irregularidades millonarias. Es tal la relación, que su pliego fue enviado al Senado provincial, en 2007, por el exmandatario provincial. A su vez, Mizawak colaboró en el libro “La Hora de la Verdad”, elaborado por Busti para atacar al exgobernador radical Sergio Montiel.
Otro es el vínculo que lo une con Jorge Carubia, quien, en la década del 80, fue socio de Busti en el estudio jurídico que comandaban en Concordia. Paradójico o no, Carubia llegó al Poder Judicial cuando aquél transitaba su primera gestión al frente de la provincia (1987-1991).
Distinto es el caso de Carlos Chiara Díaz, quien, en 2007, fue destituido de la Universidad Católica Argentina paranaense, por pertenecer a la comisión redactora del nuevo Código Procesal de la Nación.
Pero la imagen de Busti no sobrevuela casualmente, pues sirve para que las figuras en cuestión se vuelvan inteligibles. Más aún si se tiene en cuenta que su relación con el Arzobispado de Paraná es directa. Ya lanzado como precandidato a gobernador por el Frente Renovador, entró por la puerta grande al Palacio Urquiza gracias a Raúl Vergara, expresidente del Partido Popular de la Reconstrucción, facción a la que el propio Puíggari bendijo en 2011. En esa oportunidad, Vergara explicó que el arzobispo les dio ese respaldo “por entender que nuestros candidatos son los únicos que brindan la certeza de defender los valores cristianos y tradicionales de la patria, tales como la vida desde la concepción hasta la muerte natural y la honestidad como estandarte para desempeñarse en la función pública”.
Inexistente electoralmente, el PPR, que cumple el rol de fuerza de choque contra, por caso, los abortos terapéuticos, selló un acuerdo electoral con el exmandatario provincial para conformar un frente.
Así las cosas, recién el próximo lunes se dilucidará si estos matices tienen algún valor mayor que el de trazar un perfil de los magistrados en cuestión.
Foto: La Gaceta
