Se presentó en el Senado el proyecto Atenea y el Índice de Paridad Política en Argentina, iniciativas que dependen del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ONUMujeres.
Viernes 18 de noviembre de 2016
Marina Riofrío, presidenta de la Comisión Banca de la Mujer, encabezó la presentación que reveló un primer dato: en la Argentina, según esas organizaciones, hay un 47.7% de reconocimiento de los derechos políticos y del ejercicio ejecutivo de las mujeres. Es decir que las mujeres que acceden a esos puestos estarían a mitad de camino a nivel general.
El informe es, esencialmente, un dato estadístico sobre el porcentaje de participación femenina en distintas áreas. Aunque como ha quedado demostrado en la realidad, una mayor cantidad de mujeres en puestos de poder no implica necesariamente una mejora en la situación del conjunto. De ahí que este informe sirva para comprobar los datos objetivos de paridad, comprendidos en los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero no para dar cuenta de la situación en la que vive la amplia mayoría de las mujeres, que muy lejos está de acceder a esos puestos: más del 50% de las mujeres que trabajan lo hacen con contratos precarios, salarios de miseria (inferiores incluso a los de sus pares varones) y sin ningún tipo de beneficio social. Para ellas, la igualdad ante la ley, no es la igualdad ante la vida.
Poder Ejecutivo
El indicador que mide la paridad en el Poder Ejecutivo y la Administración Pública llegó al 46%, en este punto se evalúa si el país tiene espacios específicos que traten los derechos de las mujeres. Pero además es fundamental que el organismo encargado tenga rango de Ministerio. En nuestro país el Consejo Nacional de las Mujeres, es el encargado de articular las políticas públicas en materia de género. A pesar de la importancia que tiene ya en sus inicios, en el año 1992, se lanzó como una Subsecretaría. Los sucesivos gobiernos le fueron quitando jerarquía y actualmente el CNM está dentro del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.
La politóloga de la Universidad Nacional de San Martín, Mariana Caminotti, a cargo del diagnóstico de estos indicadores expresó que: “Lo que faltan son leyes de paridad en relación a los altos cargos en la administración pública”. Una muestra contundente es el gabinete que conformó Mauricio Macri para su gobierno, de los 26 puestos solamente 4 fueron ocupados por mujeres.
Poder Legislativo
Este indicador alcanzó el 59%. La distribución de senadoras y diputadas es del 37,5 y 36,5 % respectivamente. En cuanto a la presidencia de las comisiones, en senadores las mujeres ocupan el 33% y en diputados el 31. La escasa participación de las mujeres se refleja en las mesas directivas de las cámaras (25% en diputados y 10% en senadores).
Poder Judicial
Sin dudas esta es la esfera donde más se refleja la “disparidad” en los poderes que integran el Estado. El indicador llega apenas al 16,7%. Los lugares de referencia fueron la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Cámara Nacional Electoral.
Recordemos que de los siete miembros que conformaban el máximo Tribunal, solo dos eran mujeres. Luego de la muerte de Carmen Argibay y los retiros de Raúl Zaffaroni y Carlos Fayt se abrió una nueva posibilidad para que mujeres accedan a la Corte. Sin embargo Mauricio Macri, ni bien asumió su cargo, no dudó en utilizar un DNU para nombrar a dos jueces varones, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrant.
En tanto en la Cámara Nacional Electoral no hay ninguna mujer y no existen mecanismos para que esto pueda ser posible hasta el momento.
Que el Poder Judicial esté prácticamente formado por varones no es un tema menor, sobre todo porque a diario vemos cómo se vulneran de forma sistemática los derechos de las mujeres. Aunque no es simplemente una cuestión del género de los jueces, su misoginia ha sido objeto de fuertes denuncias por parte del movimiento de mujeres. Ejemplos sobran, femicidios, trata, abortos no punibles. Víctimas que se transforman en responsables de la violencia que las quebranta merced a la mirada misógina de jueces varones y de un sistema judicial que las revictimiza permanentemente.
El IPP también midió la participación en gobiernos locales. Las intendentas mujeres en el país no llega al 10%. Mientras que las gobernadoras son cinco en total, un 21%.
La igualdad ante la ley no es la igualdad ante la vida
Que una mayor cantidad de mujeres en puestos ejecutivos o legislativos no modifican automáticamente la situación de las mujeres ni implican mayores derechos lo demuestra la propia realidad. Desde la continuidad de la prohibición del aborto bajo los gobiernos kirchneristas (incluyendo los dos de Cristina), por el que mueren 300 mujeres al año, hasta la reciente marcha atrás de Vidal en la provincia de Buenos Aires sobre la aplicación del protocolo de aborto no punible por presión de la iglesia.
Algo similar ocurre con la cantidad de gobernadoras mujeres, justamente el hecho de que lo sean no implica que vayan a mejorar las condiciones de vida de las mujeres y de los trabajadores en general. Por ejemplo, tanto Alicia Kirchner como Rosana Bertone avanzaron en despidos y ajustes con la misma intensidad en que lo hizo el gobierno nacional de Macri.
Recientemente en el Congreso se discutió un proyecto de ley de “cupo femenino” que el gobierno, y sectores de la oposición ataron a la reforma electoral.
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La diputada Myriam Bregman del PTS en el Frente de Izquierda sostuvo que “no desconocemos que la igualdad ante la ley no es la igualdad ante la vida, que la igualdad formal no significa la igualdad real” y en ese sentido afirmó que “como demostramos en nuestro proyecto, las mujeres, siendo más de la mitad de la humanidad, sufrimos opresiones y discriminaciones de todo tipo, particularmente las trabajadoras que tienen que hacerse cargo de las tareas hogareñas y de crianza y cuidado de los hijos, además de trabajar por un salario inferior al de los varones y generalmente en peores condiciones, porque más de la mitad de las mujeres que trabajan lo hacen en condiciones de absoluta precariedad. Por eso no nos resulta indiferente todo paso que amplíe el derecho de las mujeres. Si el oficialismo, con la alianza de los partidos de la oposición mayoritaria, se disponen a avanzar en esta ley o a incorporarla en su reforma, como prenda de sus acuerdos, nosotros vamos a contraponer nuestra propuesta para pelear porque las mujeres también tengan el derecho a la participación política”.
Durante las elecciones del año pasado, la novedad en la historia argentina fue que en las elecciones primarias nacionales, existió una lista que invierte el cupo, con un 70% de mujeres. La lista encabezada por Nicolás del Caño y Myriam Bregman contó con candidaturas de centenares de mujeres que son activas militantes por el derecho al aborto, contra la violencia y las redes de trata, como también por los derechos de las mujeres trabajadoras.
Por otro lado, las dos marchas por #NiUnaMenos y la gran movilización del 19 de Octubre demostraron que solo la fuerza organizada de centenares de miles de mujeres puede con su lucha alcanzar los derechos que aún están pendientes.
