COVID-19. Paris oculta muertes igual que Mañalich, la clase obrera pone los muertos y paga la crisis

Nuevamente las cifras entregadas por el Ministerio de Salud generan desconfianza por los criterios de conteo. El pasado jueves, el ministro Paris anunció un cambio en el reporte diario de las cifras de fallecidos y contagiados, explicando que dichas cifras se basarán en la información que registra el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), cuyos informes apuntan a cifras bastante más altas que las que entrega el MINSAL.

Los informes del DEIS indican que las muertes de la pandemia superan la cifra de 11 mil (contando los casos probables). Según las cifras entregadas por el MINSAL el pasado 16 de julio, el total de fallecidos confirmados por COVID-19 era de 7.290 personas, y en contraste, el DEIS hizo entrega de una nueva cifra a través de un informe epidemiológico, alcanzando los 8.264 fallecidos, es decir, casi mil muertes más de las informadas.

Pero eso no es todo, porque este informe epidemiológico del DEIS suma a la cifra total de fallecidos confirmados por coronavirus, 3.483 muertes sospechosas, es decir, suma un total de 11.747 muertos desde la llegada de la pandemia al país, una cifra que revela los resultados de un gobierno que, en todo ámbito, ha priorizado el bienestar empresarial por sobre las vidas de la mayoría del pueblo trabajador.

Frente a este nuevo conteo, Rafael Araos, jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud, declaró que “no es un nuevo cambio en metodología, es simplemente una simplificación de lo que hacemos, que sigue una línea que viene trabajándose e informándose, y es algo que nos llena de orgullo y de tranquilidad, en el sentido de que somos más capaces de caracterizar mejor la epidemia en todo su conjunto".

Por otro lado, Paris anunció el pasado 17 de julio el plan "Paso a paso, levantemos Chile", una suerte de “retorno seguro” que, anteriormente, había fracasado por la notable alza de contagios, a pesar de las supuestas medidas de confinamiento, “cuarentenas dinámicas” y “controles sanitarios” realizados por las Fuerzas Armadas, que hasta el momento de nada han servido. Para este plan, el ministro anunció una reunión con 300 alcaldes.

La clase trabajadora y los sectores populares pagan los costos de la crisis y el mal manejo del gobierno

Entre Mañalich y Paris, no es mucho lo que ha cambiado respecto al manejo de la pandemia, continúan en funcionamiento sectores no esenciales (principalmente en minería, industria, cadenas de comida rápida) y las “cuarentenas” no han sido efectivas debido a la enorme tasa de movilidad en diversas comunas, donde las familias trabajadoras deben salir a buscar el sustento.

Según confirmó La Tercera el pasado 6 de julio, los informes respecto a la tasa de la mortalidad en las comunas “mantienen a Pedro Aguirre Cerda, San Ramón, Cerro Navia, Independencia y Recoleta como las comunas de más de 50 mil habitantes con mayores índices del país, todas entre los 130 y los 140 decesos por cada 100 mil personas.

Respecto a la cantidad de fallecidos, Puente Alto (416), La Florida (341) y Maipú (266) son las que encabezan la lista. En regiones, Calama se convirtió en la primera comuna en superar los 100 muertos, llegando a 116, y con un escenario complejo dado que se mantiene entre los municipios con mayor tasa de casos activos, junto a Rancagua, Machalí y varios de la Región Metropolitana”.

Esta información se puede complementar con las tasas de contagio presentadas en la Plataforma Territorial COVID-19 del MINSAL, cuyas gráficas ubican a la zona sur de Santiago como la más alta en índices de casos de coronavirus comprobados y probables. Demostrando así que las “cuarentenas” han sido algo meramente simbólico y a la medida de los empresarios.

Así mismo, podemos ver ejemplos en el sector de la minería, en el cual, al 7 de julio, los contagios llegaban a los 4.893 trabajadores (más del 2% de la fuerza laboral minera) y 12 muertos, donde la mayoría de los casos se daban en la región de Antofagasta con 2.406 y la región de O’Higgins, con 1.354 casos confirmados por coronavirus. El caso más crítico es el de la estatal CODELCO, que hasta hace pocos días registraba 3.215 casos y 9 trabajadores muertos.

Otro ejemplo es el que se dio a conocer el pasado 26 de junio en Fruna, donde se denunció que la empresa de alimentos obligaba a los trabajadores con síntomas de contagios de coronavirus a presentarse a los turnos, incluso habiendo 7 trabajadores fallecidos por covid-19 y dos trabajadores graves.

A estos datos, se le suman las iniciativas del gobierno, como la Ley de “Protección” del Empleo (aprobada con votos del PC y del Frente Amplio), que a la fecha mantiene a más de medio millón de trabajadores y trabajadoras viviendo de sus ahorros en el Seguro de Cesantía, algo que se contradice con el discurso de Karla Rubilar tras la aprobación del proyecto del retiro de fondos de las AFP en la Cámara Baja, donde dijo que “es injusto que los trabajadores vivan de sus ahorros en medio de esta crisis”. Así mismo, el pasado 11 de julio, el gobierno ya anunció que la cesantía podría llegar al 20%, manteniendo la cifra creciente de despidos en diversos sectores.

Quieren seguir ganando a costa de las vidas del pueblo trabajador

Frente al manejo de este gobierno, que no ha hecho más que beneficiar a los empresarios, se vuelve urgente un paro nacional indefinido y un plan de lucha, con el cese de todos los sectores no esenciales para la pandemia y con la perspectiva de que la crisis la paguen los responsables de este desastre, como son Sutil, Luksic, Yarur, Matte, Saieh, Said, etc.

La aprobación del proyecto de retiro de fondos de AFP en la Cámara de Diputados demostró que la fuerza de la clase trabajadora unida a los sectores populares es la única que puede frenar a este gobierno y sus planes de rescate a los empresarios, pues fueron la ejemplar paralización de los portuarios, sumada a los los masivos cacerolazos y cortes de calle, los hechos que lograron la aprobación de esa iniciativa. Lo que al mismo tiempo le significó una profunda crisis a la coalición de gobierno y sus partidos (UDI, RN, Evópoli).

¿Qué pasa con la oposición?

La principal central sindical del país (CUT), dirigida por el Partido Comunista, recientemente se presentó frente al Comité Asesor Sindical de la OCDE, instancia en la que se refirió a las brutales violaciones a los Derechos Humanos por parte del gobierno de Piñera, a la militarización de las calles y también a la situación en general de las y los trabajadores del país, como el sector de la salud pública (que a fines de junio superaba los 6.000 contagios de coronavirus y más 8 muertos según cifras oficiales), limitándose a la exigencia de que "se necesitan hoteles sanitarios" y que la pandemia ha puesto de manifiesto "niveles de desigualdad sin precedentes". Como si la OCDE, organismo que se opuso al retiro de fondos de las AFP, no estuviera al tanto de lo que sucede en Chile.

Desde el inicio de la crisis sanitaria, económica y social, la central sindical se ha mantenido al límite de la denuncia, a pesar de la presentación de propuestas como el impuesto a los súper ricos, que vienen sin una línea de organización de las y los trabajadores ni, mucho menos, un plan de movilización para luchar contra los despidos y las suspensiones.

Es claro, respecto a los empresarios (y su gobierno), no dejarán pasar ninguna medida que afecte en lo más mínimo sus ganancias, sea el retiro de fondos de las AFP (cajero automático de los grupos económicos), el Postnatal de Emergencia, o la prohibición del corte de servicios básicos durante la pandemia.

Por parte del gobierno, quedó claro que, frente a estos proyectos, la respuesta será la represión y las maniobras políticas que estén a su alcance para frenarlos. Esto deja expuesto que no se puede confiar en la voluntad política de este gobierno criminal, ni sentarse a esperar la aprobación de los proyectos de la oposición sin una fuerza que tire contra las cuerdas a la clase empresarial parasitaria de Chile (y sus aliados imperialistas).

En ese sentido, si los organismos que agrupan a los sectores estratégicos de la clase trabajadora (minería, puertos, educación, industria, construcción y sector público), como la CUT, el Colegio de Profesores, la Constramet, entre otros, no toman el ejemplo de los portuarios en sus manos, y no organizan un paro nacional indefinido para proponerse, por ejemplo, la conquista de un impuesto extraordinario a las grandes fortunas, que serviría para financiar urgencias como un ingreso mínimo (acorde a la canasta básica) para las familias trabajadoras que se han quedado sin sus fuentes de trabajo, la posibilidad de ganar esas demandas se vuelve lejana, utópica.

Esto sucede en momentos clave, cuando el pueblo trabajador ve la necesidad de movilizarse para la conquista del fin de las AFPs y las demandas planteadas en la revuelta de octubre, esa fuerza debe organizarse con la perspectiva de derrotar al gobierno e imponer una salida a esta crisis que sea favorable a las mayorías obreras y populares, que hoy están cargando en sus hombros las muertes, el hambre, la cesantía, la obligación a la exposición, y la resignación a bonos miserables.