PARITARIAS 2015. Paritarias “a la Kicillof” versus paritarias “aceiteras”

El gobierno oficializó ayer el aumento salarial de 27,4 por ciento en dos cuotas para los empleados públicos de la administración nacional, acordado con el gremio Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). Es que, como no podía ser de otra manera, los estatales debían seguir al pie de la letra las indicaciones de Kicillof de aceptar un techo a las paritarias en el orden el 27 por ciento y el gremio oficialista no dudó.

El acuerdo salarial fue firmado el 29 de mayo pasado estableciendo un incremento del 17,4 por ciento en junio y otro del 10 por ciento en agosto. Con estos aumentos en cómodas cuotas, el salario mínimo para un empleado público nacional será de 10.783,81 pesos brutos a partir de agosto, lo cual convalida oficialmente salarios por debajo de la canasta familiar. La misma se ubica por encima de los 12.800 pesos según la comisión técnica de los trabajadores del INDEC organizados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Por su parte, los trabajadores de sanidad nucleados en la Federación Argentina de Trabajadores de Sanidad (FATSA) realizaron ayer nuevas medidas de fuerza en las droguerías de la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, en reclamo de un aumento del 34 por ciento. Los laboratorios ofrecen el 28 por ciento y amenazan con las consecuencias de “desabastecimiento” de medicamentos que este paro puede ocasionar en las farmacias. El gobierno prorrogó ayer la conciliación obligatoria por diez días más.

La mayoría de las conducciones sindicales alineadas con el gobierno nacional firmaron paritarias en torno al 27 por ciento en cuotas, perjudicando a cientos de miles de trabajadores. Los primeros en “destrabar” las negociaciones paritarias aceptando el techo del gobierno fueron la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) que dirige Antonio Caló (CGT oficialista), la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) que dirige Armando Cavalieri, la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) de Gerardo Martínez y el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH).

De esta manera, se sigue trasladando la pérdida de salario real del año pasado, en donde la inflación rondó los 36,8 puntos (según el centro de estudios CIFRA, de la oficialista CTA que dirige Yasky) mientras que los acuerdos paritarios promediaron el 29 por ciento en 2014, que se reduce al 26 por ciento si se tiene en cuenta la pérdida por los pagos escalonados. A pesar de los esfuerzos del equipo económico por un lado, y de las patronales por otro que aducen “pérdidas” o posibles efectos inflacionarios por las subas salariales, la tenaz huelga de los aceiteros que logró romper el techo salarial gracias a su combatividad y su posición estratégica en un sector clave de la economía marcó el camino, alcanzando el 36 por ciento de aumento. Los bancarios por su parte conquistaron el 33 por ciento y los subterráneos el 32 por ciento. No obstante, aún los sindicatos que superen la pauta oficial del 27 por ciento se encuentran por debajo de los niveles de inflación de este año, en algunos casos sin lograr recuperar la pérdida de 2014 y en otros en la lucha por preservar su poder adquisitivo.

Es por eso que los trabajadores de la alimentación están reclamando por aumentos del 43 por ciento, nucleados en el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA). Sin embargo, la conducción del oficialista Rodolfo Daer no ha propuesto ningún plan de lucha para alcanzarlo, mientras que la cámara patronal alimenticia ha respondido que la oferta es del 24 por ciento. Por ello las comisiones internas combativas han convocado ayer por la tarde a una movilización al Ministerio de Trabajo por aumentos que permitan alcanzar un salario básico igual a la canasta familiar y la exigencia a los sindicatos de medidas de fuerza para lograrlo. A su vez exigen que la Federación de la Alimentación (FTIA) se ponga a la cabeza de la lucha contra los despidos de Cresta Roja.

Mientras se impone el ancla a los salarios, el gobierno continúa un sendero de endeudamiento externo. Las políticas de incentivo al consumo son apenas paliativos ante los desequilibrios acumulados por la actual gestión. Las asignaciones familiares incluidas la actualización anunciada el pasado lunes, significan apenas un tercio de lo que el gobierno pagará este año a los especuladores de la deuda externa. Frente a la agenda de ajuste que propone tanto el oficialismo como las variantes de la oposición de Macri, Massa o Scioli, sea gradual o sea más frontal, están suponiendo nuevas devaluaciones al salario obrero. En este sentido, la lucha por incrementos salariales ante el ajuste en curso y el que se viene con el próximo gobierno es fundamental para trazar posiciones que fortalezcan a los trabajadores, a pesar de sus conducciones burocráticas.