Un paso atrás en las leyes de trasparencia, es lo que ha venido a expresar la postura de parlamentarios oficialistas como de la oposición en torno a la ley de partidos y gastos electorales.
Domingo 29 de julio de 2018
Luego de dos años de puesta en marcha la nueva ley de partidos, que se han puesto a prueba en medio de dos escenarios electorales, dirigentes tanto oficialistas como de la oposición han salido a cuestionar la ley, porque para ellos se ha traducido en diversas falencias del sistema electoral. Las modificaciones realizadas en la Ley se debieron a los conocidos casos de corrupción y financiamiento ilegal de la política por parte de empresarios a los partidos tradicionales. Su objetivo fue frenar el cuestionamiento a los partidos del régimen, como a su institucionalidad.
Aun así, diputados de la UDI como del PS hoy plantean el poder modificar la ley de partidos y lo relacionado también al gasto electoral. Intentando a partir de esto, diluir los mínimos avances que en término de transparencia se pudieron haber dado.
Es así como a través de su presidencia, dirigida por Jacqueline Van Rysselberghe, la UDI ha emplazado a integrantes de la ex Nueva Mayoría a tomar una ubicación respecto a un tema que los atañe.
Según sus palabras “Una ley que fue hecha bastante bajo presión, ha ido mostrando los defectos o las cosas que hay que mejorar. Entonces creo que hay que sentarse y mejorarlas”. La presión bajo la cual fue hecha, fue la que precisamente empezó a generalizarse en gran parte de la ciudadanía luego de los casos de corrupción mencionados, entre otros.
La dirigente del gremialismo mencionaba que ya se había puesto en contacto con su par del PS, Alvaro Elizalde. Este último se refirió al respecto, afirmando que “Hemos manifestado nuestra voluntad para perfeccionar la Ley de Partidos Políticos con el objeto de avanzar en transparencia y mayor democracia”.
Para la UDI hay tres falencias centrales en esta ley. La primera, ligada a que muchos candidatos en las elecciones pasadas no pudieron financiarse utilizando créditos en la banca privada. La segunda falencia que ve la UDI, es que las multas son desproporcionadas. En tercer lugar, mencionan que no se ha profundizado el gasto que se dirigirá en el fomento de las mujeres en la política.
Para terminar y sumándose a las críticas de varios candidatos y dirigentes, se refirieron al rol que hoy juega el SERVEL, sancionando y fiscalizando a partidos políticos que se han visto envuelto en diversas situaciones, como la venta de algunos inmuebles(PC) o el restitución de fondos públicos por la adquisición de bebidas alcohólicas(RD-PRO).
