El conjunto de los parlamentarios de la región de Antofagasta envió una carta a Piñera, en la que solicitan una ambigua cuarentena en la región, pues no se aclara el cese de los servicios no esenciales como las mineras y qué pasaría con las y los trabajadores informales, entre otros sectores.
Martes 7 de abril de 2020
La crisis del COVID-19 sigue en ascenso y el gobierno bajo el llamado a la “unidad nacional” realiza incansables esfuerzos por salvar las riquezas empresariales, mientras las y los trabajadores deben exponerse a contagios en los transportes públicos, fábricas y faenas mineras, bajo el riesgo de despidos, recortes y suspensiones sin sueldo.
La cuarentena trucha de los parlamentarios de Antofagasta para resguardar los negocios empresariales
Una de las primeras en requerir esta cuarentena regional fue la diputada de Renovación Nacional Paulina Núñez, quien argumentó que para resguardar la salud de sus habitantes se necesitaba limitar totalmente el ingreso a la región de Antofagasta. Sin embargo, esto no se traduce en la paralización de la producción minera, ni en la protección de los cientos de miles de mineros en faena, o en quienes trabajan de manera informal.
La diputada derechista señaló que "también queremos que la actividad minera siga funcionando, pero debemos ser exageradamente precavidos y es por eso que es urgente y necesario decretar una cuarentena total en nuestra región, que esta siga funcionando, no significa que sus actividades se detengan, pero sí que estemos protegidos”. Es decir, una cuarentena falsa donde no se para el trabajo insalubre en las mineras, exponiendo a trabajadores al contagio y con ellos, a cientos de familias, sólo para que los grandes empresarios como Escondida y BHP Billiton no paren de ganar millonarias ganancias.
A este pedido se unieron el conjunto de parlamentarios de la región para plegarse al llamado a unidad nacional que encabeza la parlamentaria RN, mediante una carta presentada el pasado jueves 2 al presidente Sebastián Piñera, la que fue firmada por las diputadas Paulina Núñez, Catalina Pérez y Marcela Hernando; los diputados Esteban Velásquez, José Miguel Castro; y los senadores Alejandro Guillier y Pedro Araya.
Según la carta, en concreto solicitan el establecimiento de barreras o cordones sanitarios para las comunas de San Pedro de Atacama y para el Área de Desarrollo Indígena Alto el Loa: “debemos cerrar las fronteras y evaluar, ante el avance de la pandemia, la declaración de cuarentena en nuestra región”, y certificar a los Hospitales de Calama y Tocopilla para la realización de exámenes COVID-19.
Según argumentan, Antofagasta requiere especial atención debido a que “ésta concentra el 52% de la producción nacional de cobre, característica que conlleva la circulación masiva y permanente de trabajadores que se desempeñan en diversas faenas de la zona y que provienen de otras regiones del país”, lo que sumado a la condición turística (de comunas como San Pedro de Atacama), “se traduce en que sus aeropuertos son de los que mayor tráfico registran en el país”.
Pero, ¿por qué "evaluar", si la pandemia ya ha registrado contagiados en las mineras? El senador Alejandro Guillier señaló que “el Alto Loa y Calama están sobre expuestos al COVID 19 por las jornadas de turnos que se dan en la minería, con alta tasa de rotación en sus faenas, con trabajadores que vienen de otras regiones del país. Si queremos que la Minería siga haciendo su aporte al presupuesto del país, es urgente un cordón sanitario en rutas, aeropuertos y terminales terrestres, que proteja a sus trabajadores y comunidades del Alto Loa”.
El aporte que han realizado los trabajadores durante años ha significado miles de millones de ganancias para los grupos mineros, lo que son fugados al extranjero dejando menos del 5% de sus utilidades en impuestos. Hoy, las políticas del gobierno apuntan a proteger las ganancias del gran empresariado, cuando en esta situación de crisis se debe, al menos, exigir un impuesto del 20% a las grandes fortunas que actúan en el país.
Ninguna garantía para los trabajadores mineros y sus familias, ni tampoco para los miles que trabajan de manera "informal"
Las y los parlamentarios de la región nada dicen sobre qué sucederá con miles de trabajadores mineros, contratistas o informales, muchos de los cuales deben abandonar sus regiones de origen para laborar en las faenas del norte.
Esta proclama de los parlamentarios no contempla ninguna garantía para los cientos de miles de trabajadores mineros y sus familias que se exponen al contagio en las faenas y que temen por la pérdida de su puesto de trabajo producto de los despidos y de las mayores facultades que tienen hoy los empleadores para recortar y suspender sin pagar ningún costo; una situación que también viven, por ejemplo, las trabajadoras de la alimentación que aseguran este servicio en las faenas y que se enfrentan a estas mismas problemáticas.
¿Qué pasará con los trabajadores mineros de otras regiones? ¿Qué pasará con los trabajadores informales? Si la propuesta propone que no sigan trabajando y se atengan a los recortes, suspensiones y despidos, simplemente le condenan al hambre, es decir, pedir la cuarentena sin explicar qué pasará con los trabajadores que actualmente trabajan en faena, con los informales, sin plantear propuestas concretas sobre la mantención de los empleos y de los ingresos en su totalidad, es colaborar con la idea de que "los platos rotos los paguen los trabajadores".
Los parlamentarios proponen una cuarentena, pero con el mantenimiento de la producción minera, olvidando a los cientos de miles que trabajan como esclavos en las mineras, las cuales ahora, como medida de seguridad, pretenden instalar turnos larguísimos de 14 días; a la vez que empresarios ya pueden aplicar las leyes de hambre del gobierno, como las "suspensiones laborales" sin goce de remuneraciones y siendo las y los trabajadores quienes deben costear sus ingresos a través de sus fondos de cesantía. Es decir, "que pare todo"- menos el cobre- y que los faeneros sigan siendo esclavos de las mineras.
Antofagasta es una zona de riesgo por este gran recambio de trabajadores que laboran en la minería, por lo mismo, no se puede hablar de medidas serias de seguridad sin señalar el cese de los trabajos no esenciales para enfrentar la crisis, como lo son las mineras privadas.
Para enfrentar los riesgos de la crisis sanitaria es necesario suspender todos los trabajos no esenciales con pago del 100% de los sueldos, como la producción minera. Asimismo, se requiere prohibir los despidos.
Hay diversas formas de afrontar la crisis, pero requiere afectar intereses concretos. En este sentido, los parlamentarios de la región, guiados por Paulina Núñez, siguen el camino trazado por el gobierno de descansar esta crisis sobre los trabajadores, sin plantear medidas serias de urgencia para resguardar los empleos, los sueldos y las condiciones de vida del pueblo trabajador. No podemos seguir siendo esclavos de las mineras, ¡nuestras vidas valen más que sus ganancias!
