Colapso del servicio y sobrecarga laboral denuncian los funcionarios del SENAME que han iniciado un paro indefinido en la RM, exigiendo una respuesta urgente al gobierno. De no haber respuesta no se descarta la extensión del paro en otras regiones.
Jueves 24 de agosto de 2017
Los funcionarios denuncian colapso del servicio y falta de contrataciones.
El martes 22/08 los representantes de la directiva nacional y regional del servicio hicieron entrega de su petitorio a la dirección nacional de la institución. La titular responsable, Solange Huerta aseguro que “entregara una respuesta dentro de la semana”.
Los funcionarios hace meses vienen denunciando el colapso del servicio y sobrecarga laboral, por falta de personal y contrataciones, razón por la cual han asumido un estado de paro indefinido dentro de la RM, donde no se descarta la extensión y generalización del paro en regiones de no encontrar respuestas.
Sobre carga laboral y falta de funcionarios. Otra arista de la crisis del SENAME
El dirigente de la ANFUR (Asociación de funcionarios regionales), Mauro Silva denuncia que “ha aumentado mucho el trabajo con los requerimientos del Instituto de Derechos Humanos, de Tribunales, del propio ministerio (de Justicia), con los requerimientos de todo el mundo. Entonces, los equipos no están dando abasto para supervisar, de hecho hay muchos proyectos que no tienen supervisión“, dijo, añadiendo que este escenario se repite en el país.
Silva señalo la magnitud de esta crisis, donde sólo en Santiago “la Unidad de Supervisión Financiera posee 9 funcionarios y más de 160 proyectos sin profesionales asignados para esa tarea; en la Unidad de Protección de Derechos (Uprode) no hay funcionarios para 50 proyectos; en la Unidad de Intervención Jurídica en Maltrato son 5 los abogados encargados de gestionar 4.200 causas, y la Unidad de Supervisión Jurídica está con la mitad de su dotación”.
Definitivamente, otra arista de la crisis en el SENAME, que han administrado los distintos gobiernos de turno, escondiendo el maltrato, los crímenes sistemáticos y la violación de derechos humanos que ha cometido el Estado y sus empresas asociadas, con la niñez y la juventud de los sectores populares más vulnerables.
