La región de Antofagasta ya superó los 12.000 contagios y más de 270 muertes. La situación de Calama es gravísima, los casos de Covid-19 ya alcanzaron los 5.639 y la comuna concentra el 61% de los fallecimientos, siendo el mantenimiento de la producción minera la principal causa de la expansión del virus. Hasta la fecha miles de trabajadores se han visto afectados, arriesgando su salud y la de sus familias, mientras que empresas y transnacionales aumentan sus utilidades. No podemos seguir aguantando este abuso, exijamos a los grandes sindicatos mineros, de la industria, de los puertos, la medida de paro regional de todos los sectores no esenciales, en defensa de nuestra salud y para frenar la emergencia sanitaria, prohibiendo los despidos y garantizando el pago íntegro de los sueldos y salarios de emergencia para quienes lo necesiten. ¡Que la crisis la paguen los capitalistas!
Domingo 19 de julio de 2020
La aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto que propone el retiro del 10% de los ahorros previsionales de las AFP, fue una derrota política para el gobierno de Piñera y abrió una crisis profunda en la derecha de Chile Vamos. La votación en la cámara baja estuvo antecedida por masivos cacerolazos, manifestaciones en distintas ciudades del país y por el anuncio de paro nacional de las y los trabajadores portuarios agrupados en la Unión Portuaria de Chile, y por un masivo apoyo en redes sociales, donde se hizo alusión al “estallido 2.0” en caso de que se rechazara la medida.
La grieta que se abrió es de proporciones. A pesar de la campaña del terror levantada por los grandes gremios empresariales favorecidos con las AFP, la presión popular impuso que algunos parlamentarios derechistas se ubicaran al favor del proyecto, desencadenando amenazas, activación de organismos disciplinarios y algunas renuncias.
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Ahora se preparan para la votación en la Cámara Alta para restringir el proyecto, senadores de derecha, junto a la DC, ya empezaron a planificar la presentación de indicaciones para rebajar el ya mínimo proyecto del 10%, condicionándolo el retiro a “los que lo necesiten”.
Posan como “amigos del pueblo”, pero quieren que el pueblo siga pagando los costos de la crisis. Si hoy se discute la posibilidad de retirar el 10% de los fondos de las AFP- además de que se debe a la presión social-, es porque el Gobierno, ante la emergencia sanitaria y social, ha llevado adelante un “plan económico” contra el pueblo, que incluye cientos de miles de despidos, suspensiones sin sueldo, endeudamiento, que no responde ante las necesidades sociales, ni para combatir la pandemia; al contrario, le ha entregado miles de millones a las empresas, mientras precariza, aumenta la desocupación- donde en el caso de la región de Antofagasta se alcanzó el 25%-, y profundiza el empeoramiento de las condiciones de vida de millones de personas. De fondo, Piñera y los partidos del régimen se niegan rotundamente a que la crisis la paguen los capitalistas.
A la vez que desatan el desempleo, el hambre y represión en poblaciones, la crisis del Covid-19 ha golpeado especialmente al pueblo trabajador y sectores populares. Ya van 328.846 personas contagiadas y más de 11.000 muertos en el país, muchos más decesos de los que dice este gobierno criminal y farsante.
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En el caso de la región de Antofagasta, al 18 de julio habían registrados 12.907 casos de coronavirus y 279 muertes totales. Calama, lidera con 5.639 contagios y en relación a los decesos concentra el 61% de estos, seguido por Antofagasta con 5.644 personas afectadas.
Por un programa de emergencia que enfrente la crisis, y para que el pueblo trabajador decida, ¡retomemos la lucha por conquistar una asamblea constituyente, libre y soberana, sin cocina!
La región de Antofagasta está ligada directamente con la minería, rubro que actualmente contabiliza más de 5.000 casos de Covid-19, posicionándose como uno de los principales focos de contagio a nivel nacional, y generando entre el 30%-40% de los contagios en nuestra zona. La región cuenta con más de 50 operaciones mineras, se le suman las regiones de Arica y Parinacota (5 operaciones), Tarapacá (16 operaciones), y O’Higgins (3 operaciones), siendo estas parte de las regiones con una mayor crisis sanitaria en el país. Esto demuestra el desprecio a la vida de las y los trabajadores por parte del gobierno criminal de Sebastián Piñera y sus amigos empresarios, como el Consejo Minero, representante de los intereses de las grandes transnacionales y de las empresas nacionales de propiedad de magnates como Luksic, quienes han mostrado el fracaso de la estrategia sanitaria en la minería, como la medida de estar en faena por 14 días, algo supuestamente “más seguro” que estar en casa.
El caso más crítico es la situación de las y los trabajadores de la cuprífera estatal CODELCO, minera que cuenta con 3.624 casos de contagios y 9 trabajadores muertos. Del total de contagios, el 60% se concentra en Chuquicamata en Antofagasta y en El Teniente de Rancagua.
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Karen Rojo, alcaldesa de Antofagasta, ha propuesto en los últimos días la paralización de la minería, sumándose a la respuesta de otras autoridades de la región como el alcalde de Calama o los diputados y senadores de la región; sin embargo, todas estas variantes de los partidos de régimen siguen velando por los intereses de los empresarios, pues durante meses se limitaron a aplaudir las cuarentenas en zonas urbanas, mientras la gran minería se ha mantenido funcionando, siendo un foco central de contagio y ganancias capitalistas. Además de esto, no olvidemos que parlamentarios/as desde la UDI al Partido Comunista- incluyendo a algunos del FA, como la diputada Catalina Pérez- votaron a favor del proyecto de “ley de protección al empleo”, que permitió el cese temporal del pago de sueldos y el saqueo a los fondos de cesantía.
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En sus planteamientos nuevamente no contemplan medidas mínimas de emergencia para el pueblo trabajador, como la prohibición a los despidos, el pago íntegro de sueldos, y salario mínimo garantizado de 500.000 pesos para las y los trabajadores desempleados y para todos aquellos que lo requieran para sostener a sus familias.
Una vez más, muestran la demagogia de sus propuestas y la defensa de los intereses de las grandes transnacionales, como minera Escondida, controlada por BHP Billiton. El 30% de impuesto a sus ganancias anuales bastaría para financiar un salario de emergencia de 500 mil pesos hasta diciembre a medio millón de familias.
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La exigencia de un impuesto extraordinario al conjunto de las grandes mineras podría garantizar no sólo el sueldo íntegro de las y los trabajadores, sino también sueldos de emergencia para las y los trabajadores informales, como un verdadero programa de emergencia, que considere testeos masivos, la expropiación de viviendas ociosas y hoteles para el uso gratuito de albergues y residencias sanitarias de calidad para el aislamiento de contagiados, sospechosos y contactos, exigencia de insumos, cese temporal de empresas no esenciales, todo discutido por la propia coordinación y organización de los trabajadores.
Hasta ahora los dirigentes sindicales del Distrito Norte de CODELCO se han limitado a exigir la disminución de operaciones de 10 a 14 días, contando con servicios mínimos para llevar adelante un plan de sanitización de las faenas y el testeo masivo; en tanto, los dirigentes de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) y la Coordinadora de Trabajadores de la Minería, CTMIN, se han reunido con el gobierno, resolviendo reuniones periódicas con las autoridades, mientras el número de contagios en las mineras sigue en aumento. Claramente, estas medidas no están a la altura de la grave situación de las y los trabajadores mineros, de servicios a la minería, de industria, puertos, y sectores involucrados en el proceso productivo de la minería.
Se hace necesario levantar un verdadero plan para enfrentar la actual crisis, a través de la unidad y coordinación de los trabajadores, la juventud y el pueblo pobre. Un llamado general a asambleas de base en todos los sindicatos y lugares de trabajo para discutir la necesidad de coordinaciones de trabajadores, juventud y poblaciones, como la del Comité de Emergencia y Resguardo, y discutir la necesidad y exigencia a los sindicatos de CODELCO, Escondida, Federaciones, Confederaciones mineras y la CUT, de un paro regional de todos los servicios no esenciales. Mientras los grandes empresarios de la minería aumentan sus ganancias y la producción a costa de la salud de nuestras familias, no podemos ser nosotros quienes pongamos los muertos.
Retomemos el camino de la huelga general del 12 de noviembre y la exigencia de millones de #FueraPiñera, y la lucha por una asamblea constituyente libre y soberana, para que este gobierno asesino, que tiene a más de 2.000 presos políticos de la revuelta, y los hipócritas privilegiados del parlamento de millonarios, dejen de decidir por nosotros. Recursos hay, en el cobre, en las riquezas minerales, pero deben estar al servicio del pueblo y no de las ganancias empresariales. La crisis la deben pagar los grandes empresarios y no los trabajadores. Es por eso que peleamos por el término de la maldita ley de "protección del empleo", que ha generado cientos de miles de despidos y suspensiones sin sueldo, contra la precarización y la represión que impone este gobierno asesino. Por un sistema de pensiones tripartito, solidario, gestionado por trabajadores/as y jubilados/as, donde sea el pueblo el que decida qué hacer con los ahorros y en qué necesidades invertir los recursos, con pensiones mínimas acorde a la canasta básica familiar de $500.000. Y por la nacionalización del cobre y de los recursos naturales bajo gestión obrera, para ponerlos al servicio de la comunidad y de la reconversión del país tras la crisis sanitaria y económica.
Sabemos que estas demandas, bajo los gobiernos que representan los intereses de los empresarios en esta democracia para ricos, serán totalmente resistidas por la clase dominante, por la derecha y los partidos del régimen. Así lo demuestra la derecha y lo demostraron por años los partidos de la ex Concertación, manteniendo intacto el régimen heredado de la dictadura, las pensiones y sueldos de hambre, el subcontrato, los recursos y nuestros derechos privatizados. Es por eso que quienes hoy nos organizamos en el PTR luchamos por construir un partido que defienda los intereses de las y los trabajadores, que sea revolucionario, y que luche por un gobierno de trabajadores en ruptura con el capitalismo. Esto no lo haremos solos, sino que buscando confluir con sectores que han hecho una experiencia tanto en la revuelta como en la actual crisis, y que empiezan a ver la necesidad de organizarse por estas perspectivas.
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