El invierno se cobra la vida de los pobres y enfermos. Las consecuencias de la crisis y las constantes subidas de tarifas agravan este panorama. Nacionalizar los servicios públicos para no morir.
Federico Grom Barcelona | @fedegrom
Miércoles 25 de enero de 2017
“La pobreza energética”, es decir, la imposibilidad de asumir los gastos que suponen servicios esenciales como la luz o el gas, ya afectan en el Estado español a más de 5 millones de personas. Esto se puso en primer plano del debate por la trágica muerte de una anciana en Reus en un incendio, a la cual Gas Natural hacia meses le había cortado el suministro. Una cara más de la pobreza que sufren las familias más afectadas y empobrecidas por la crisis económica. La expresión de un verdadero crimen social.
Un crimen que cada invierno se cobra la vida de miles de personas
Los datos del Instituto Nacional de Estadísticas confirman que enero es el mes con más muertes en el Estado español. De media, casi un 25% más de fallecimientos con algunos picos que rozan el 50%, si atendemos al periodo comprendido entre 1975 y 2015.
Sin embrago, las medias ocultan los extremos, y sin duda este fenómeno no afecta por igual a todos los sectores sociales. Menos, si tenemos en cuenta que aún se están sufriendo los efectos de una crisis que ha golpeado en especial a los sectores más empobrecidos.
Según el propio Banco de España, las cifras que arroja la última Encuesta Financiera de las Familias señala sin equívocos que las rentas más bajas fueron las más golpeadas por la crisis. Con una media de un descenso pre crisis del 37% de la riqueza, aunque el número es impactante, esconde los extremos. Una caída del solo 4% para la minoría que acumula las riquezas, mientras que los números negativos (-109% “riqueza” ) son para la mayoría, quienes ocupan los últimos puestos de esta tabla. Una tendencia similar se muestra si se tienen en cuenta las rentas.
Esta pérdida de riqueza en las familias, se da en particular por la pérdida de la vivienda y los desahucios al no poder hacer frente a las hipotecas. Desde el inicio de la crisis a esta parte más de 400.000 familias perdieron su vivienda.
La oscura realidad económica y habitacional de los trabajadores junto a la trepidante subida del precio de la luz, que pasó de aumentar un 8% la semana pasada (88 euros por MWh - megavatio por hora) a una media de 91,88 euros (un 4,5% más), agravan este mortal fenómeno. Lo mismo se puede decir del precio del gas que desde la crisis hasta finales de 2014, pasó de costar 5,57 céntimos el kWh a 9,59 céntimos de euro. Casi la misma proporción que subió el sueldo del presidente de la CEOE, Juan Rosell, como consejero de Gas Natural.
Las bajas temperaturas, sumado a infraestructuras deficientes, favorecen la propagación del virus de la gripe y otros patógenos que pueden causar la muerte a los sectores con factores de riesgo. El 18% de los hogares donde hay alguna persona con factores de riesgo como enfermedades crónicas, tiene dificultades para mantener su vivienda a una temperatura adecuada.
Pasar frío no solo es un elemento de calidad de vida, sino un factor de salud. El aumento de la pobreza energética, reforzado por las últimas subidas, apuntalan estos índices de mortandad invernal.
Portugal y España, con climas más templados, están a la cabeza de este ranking de muertes invernales, mientras países con climas más duros como Noruega, Suecia o Finlandia están a la cola, en parte por la calidad de las infraestructuras mejor preparadas para bajas temperaturas. Pero sus efectos se han acentuado por haber sido más duramente golpeadas por la crisis que los países del norte.
Se estima que las muertes por “pobreza energética” en el Estado español ya supera con creces a la de víctimas mortales de accidentes de tráfico en carretera.
Nacionalización de las eléctricas y los servicios públicos
Mientras desde el gobierno español garantiza los negocios de las eléctricas, quienes han visto aumentar suculosamente sus ganancias en el último curso -un 18% más que en el 2015- así como de las empresas comercializadoras de gas y agua, la mayoría de la población se ve condenada a no poder afrontar el coste de unos servicios tan elementales, con las trágicas consecuencias que esto acarrea.
El acuerdo bilateral entre el gobierno del PP y el PSOE contra la pobreza energética a la que se sumó Ciudadanos a último momento está lejos de ser una solución. Más bien un parche improvisado por el veto de Bruselas sobre el bono social a la luz. La prohibición de cortar la luz a personas en situación de vulnerabilidad no tendrá efecto inmediato, ya que aún está por redactarse el reglamento que defina el nivel de “vulnerabilidad” para poder acogerse a la medida.
Unidos Podemos denunció el pacto como insuficiente así como que se le haya dado la espalda a las organizaciones sociales y a otras medidas planteadas por la formación como la prohibición de los cortes de suministro por impago sin autorización por parte de los servicios sociales.
Sin embargo esto sigue sin ser suficiente, hay que apuntar a la solución de fondo. Es necesario imponer una bajada de tarifas y la planificación tomando en cuenta las necesidades de los sectores más pobres, y eso es impensable sin nacionalizar todas las grandes empresas de energía bajo control de trabajadores y usuarios.
Esta medida de fondo, que Podemos y los comunes se niegan a levantar, es la única solución realista para poner freno al lucro a costa de la salud y la vida de los trabajadores. Esos recursos elementales para la vida no deben estar al servicio de las ganancias privadas, sino al de satisfacer las necesidades de las mayorías.
