La ministra volvió al ataque. Culpó a los movimientos sociales por el aumento del narcotráfico en los barrios. Quiere criminalizar la pobreza y encubrir a las fuerzas de seguridad, responsables de liberar las zonas donde se comercializa.
Rosa D’Alesio @rosaquiara
Martes 9 de octubre de 2018
La guerra de Patricia Bullrich contra las organizaciones sociales, a las que busca sacar de las calles, la llevó a asegurar que “muchos movimientos sociales permiten el narcotráfico como un mal menor”.
Para la ministra de Seguridad, las protestas en las calles que realizan los movimientos sociales se financian con el dinero de los planes que entrega la cartera de Desarrollo Social.
Es así que la gran luchadora de la mano dura volvió a criminalizar la pobreza. Una de sus especialidades.
La otra es la “lucha” contra el narcotráfico. Basta repasar su cuenta de Twitter para encontrarse con imágenes y títulos ostentosos dando cuenta de lo “bien” que le está yendo en esa empresa.
A pesar de estos “éxitos”, la ministra no puede explicar por qué siguen circulando sustancias ilegales. La compra y venta no se detiene, más allá de que la ministra sostenga que las fuerzas de seguridad que conduce están “abocadas” a desbaratar organizaciones criminales.
Será por esto que reiteró su ataque contra los movimientos sociales. Habrá pensado “mato dos pájaros de un tiro, criminalizo la pobreza y encubro a mis uniformados”. Los resultados muestran que no logra convencer a sus muchachos que dejen los negocios ilícitos.
La versión de la ministra es que “la relación entre los punteros políticos de las villas y el narco es muy estrecha, muchas veces es el mismo”, sostuvo. En un mismo acto calificó de punteros a los dirigentes sociales y ocultó que quienes tienen poder territorial son los uniformados. Ellos son los responsables del pequeño y gran delito.
Sin su complicidad no podrían traspasar las fronteras, que si son un colador es porque Gendarmería permite el contrabando. Pero también son los uniformados los que permiten que en los barrios populares se vendan y compren sustancias ilegales.
Hace dos meses se encontraron 160 dosis de cocaína escondida en chalecos antibalas, pertenecientes a la Delegación de Narcotráfico y Drogas Ilícitas de La Matanza, supuestamente encargada de investigaciones la venta de sustancias prohibidas.
En este sentido se expresó el diputado del Movimiento Evita Leonardo Grosso, quien ayer salió a responder los dichos de la ministra de Seguridad. Sostuvo que Bullrich “se dedica a secuestrar plantines mientras los narcos hacen campaña para Cambiemos”.
Grosso añadió que “los movimientos sociales luchan todos los días contra el narcotráfico y el consumo problemático en los barrios más pobres de nuestro país”.
Nobleza obliga
No podemos faltar a la verdad. Los uniformados no son los únicos que hacen negocios con las pandillas dedicadas a la venta de droga. El intendente de Paraná Sergio Varisco (UCR-Cambiemos), está acusado por sus vínculos con el narcotráfico. El Poder Judicial suele ser muy lento en estos casos y Varisco continúa en libertad a pesar de las pruebas que lo incriminan.
Hace un año también se conocía que el propietario del Café de los Angelitos, un ciudadano Colombiano, José Piedrahita Ceballos, logró lavar en el mercado financiero cerca de U$S 15 millones. A partir de este caso se llegó a determinar la estrecha relación que mantenía Ceballos con un empresario inmobiliario argentino, quien se hizo famoso por sus ambiciosos proyectos en Pilar, entre ellos la creación de un sector de 27 manzanas que buscaba emular la zona de Puerto Madero.
El empresario argentino, Corvo Dolcet, fue detenido pero en la mira quedó el intendente oficialista de Pilar Nicolás Ducoté, quien habría impulsado una reforma del Código Urbano para que pudiera llevarse a cabo el megaemprendimiento inmobiliario en Pilar que financiaría con plata narco el empresario Corvo Dolcet.
Según un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, entre los 143 países que tienen problemas con el flujo de capitales ilícitos, Argentina se encuentra en el puesto 38, donde solo se procesó siete casos de lavado. Justamente ahí radica el poder del negocio criminal narco, que se nutre y se expande internacionalmente gracias a la acumulación de dinero que blanquea en el mercado legal.
Para combatir el narcotráfico (que se cobra la vida de cientos de miles de víctimas) hay que derrumbar los mecanismos financieros que permiten el blanqueo de capitales de los empresarios y políticos asociados con los señores del narco, expropiando y nacionalizando todas sus propiedades y sus cuentas bancarias. La conformación de una banca estatal única bajo control de los trabajadores, acompañada por la estatización de todos los puertos aduaneros bajo control de los trabajadores, privatizados sin control, sería una medida para limitar todo tipo de contrabando.
Mientras que la legalización de todas las drogas y una política sanitaria para la atención de los consumidores en riesgo es un derecho todavía pendientes para los usuarios de sustancias. Entretanto la prohibición y la penalización es una herramienta que tiene el Estado capitalista para criminalizar a la juventud, en particular de los sectores populares.
Rosa D’Alesio
Militante del PTS, columnista de la sección Libertades Democráticas de La Izquierda Diario; se especializa en temas de narcotráfico y Fuerzas Armadas.
