Esta semana comenzaron las audiencias del Juicio “La Escuelita VI” que juzgará a ocho represores de la región. Los acusados se negaron a declarar. Desde la querella del Ceprodh, pidió la incorporación como antecedente del ataque a la casa de las Madres de Plaza de Mayo.
Viernes 14 de junio de 2019 12:17
Comenzó el sexto tramo del juicio denominado la Escuelita VI. En esta ocasión son ocho los represores acusados de secuestrar y torturar a víctimas, durante la última dictadura militar, que tienen que ver con la responsabilidad del Destacamento de Inteligencia 182, y quienes fueron interventores militares en la provincia de Rio Negro, tanto Néstor Rubén Castelli a cargo del Poder Ejecutivo, como Fernando Marcelo Zárraga a cargo del municipio de General Roca.
Se trata de diez casos, que han esperado muchísimos años para llegar a este momento, algunos de ellos han fallecido y otro, como el estudiante de abogacía Juan Marcos Herman, aún se encuentra desaparecido.
La primera audiencia comenzó con la lectura de las acusaciones, que se les imputan a los militares de inteligencia y de gendarmería, por las torturas que padecieron periodistas, militantes y estudiantes; y al día siguiente continuó con las indagatorias de los acusados, que se negaron a declarar.
“En un momento de ataque de lleno al pueblo trabajador y a aquellos que salen a luchar, por parte del gobierno nacional y los gobiernos provinciales, nos parece que no es menor seguir levantando una demanda que permanece en las calles y en las luchas: la de cárcel común perpetua y efectiva para todos los genocidas, y contra el mensaje de intento de impunidad por el ayer, pero también contra la impunidad de hoy”, aseguró Natalia Hormazabal, abogada querellante del Ceprodh.
Sobre la segunda audiencia la abogada afirmó que no sorprendió el silencio de los imputados ya que “se sabe que la verdad no llegó ni llegará de boca de los imputados. En los distintos juicios en la mayoría de las ocasiones se han negado a declarar, y si lo han hecho, son alegaciones sobre la “guerra”.
La verdad en estos procesos tiene que ver con el aporte que hacen los sobrevivientes, los familiares, sus amigos, sus compañeros, como escucharemos, a partir de las audiencias que vienen, a la treintena de testigos que pasarán por esta sala; y esperamos y exigimos además un reclamo histórico, como es la apertura de los archivos de la represión”.
El tribunal hizo lugar al pedido de las abogadas del Ceprodh y se incorporó la denuncia que hicieran Inés Rigo de Ragni y Lolin Rigoni, ambas integrantes de Asociación Madres de Plaza de Mayo Filial Neuquén y Alto Valle el pasado 30 de mayo, acerca del ataque a la Casa de las Madres, como un antecedente para futuros hechos que puedan ocurrir.
