En la causa por la denuncia por abusos contra el cura Héctor Giménez, el presidente del Tribunal Eclesiástico de La Plata, Javier Fronza, recibió a Julieta Añazco y a la abogada Lucía de la Vega, ante quienes reafirmó el oscurantismo bajo el que procede la Iglesia. A su vez, se jactó de que “Aguer está muy dolido”. La respuesta del Vaticano a la víctima del cura Brizzio, a quien liberaron de toda culpa.
Sábado 7 de noviembre de 2015
“Prefiero hablar con ella a solas. (…) Usted es abogada, pero estamos en ámbitos jurídicos distintos. Usted puede asesorar a una persona delante de los tribunales del Estado argentino, con la matrícula que usted tiene, pero no tiene matrícula para asesorar en los tribunales de la Iglesia”, sostuvo el presidente del Tribunal Eclesiástico del Arzobispado de La Plata, Javier Fronza, al recibir a Julieta Añazco, quien llegó acompañada por su abogada defensora, Lucía de la Vega.
Según Fronza, la presentación realizada en 2014 por Añazco “no tiene fundamento ni legitimidad canónica”, a lo que añadió que el derecho de defensa se debe llevar a cabo con un letrado diplomado en derecho canónico. A lo que De la Vega le preguntó si “están por arriba o por debajo del Estado nacional y de la Constitución Nacional”. Acto seguido, el presbítero respondió que “yo voy a hablar con la señora Añazco”, pero agregó que “eso está en el Concordato entre la Santa Sede y el Estado argentino”. Sin embargo, el Concordato, firmado en 1966 por el nuncio apostólico Umberto Mozzoni y el canciller argentino, Nicanor Costa Méndez, nada dice al respecto.
Los concordatos son una “burbuja jurídica”, explicó el canonista Carlos Lombardi, quien manifestó que son “una de las causas que le ha permitido a la iglesia encubrir sistemáticamente los casos de abusos sexual en todo el mundo, ya que el Estado no se mete en sus asuntos internos. Es por ello que los comités de la ONU que monitorean la Declaración de los Derechos del Niño y el Protocolo contra la Tortura, les han recomendado a los estados firmantes que revean los concordatos porque son garantía de impunidad para los abusadores sexuales y las autoridades que los encubren”.
“Aguer está dolido”
La llamada se produjo a causa del informe presentado en 2014 por Añazco, referente de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico en el país. En él reclamaba que la pusiesen al tanto sobre el avance de la causa en el ámbito canónico. De acuerdo con su denuncia, entre 1980 y 1982, cuando tenía 10 años, Giménez la sometió a abusos durante los campamentos veraniegos que organizaba en Bavio, paraje cercano a La Plata. Asimismo el año pasado corroboró que Giménez estaba involucrado en otras dos causas penales por abusos cometidos contra niños y niñas, en 1985 y 1996.
Pero no concluye ahí. En octubre apareció una nueva acusación contra el mencionado sacerdote. En este caso, habría ocurrido entre fines de los ‘70 y principios de la década siguiente. Es en este contexto que Fronza pidió que el encuentro sea en un “clima sereno”.
En 1996, por el abuso de cinco menores en Magdalena, Giménez fue arrestado, pero luego fue liberado, en diciembre de 1997, por los jueces Raúl Delbés y Horacio Piombo, a raíz de la excarcelación peticionada por el arzobispo Carlos Galán, la cual fue
concedida por la Cámara Penal de Apelaciones local. La misma fue otorgada de modo extraordinario bajo caución juratoria, en particular, por el hecho de que el propio arzobispo garantizase personalmente la presencia del excarcelado en su sede eclesiástica.
“Lo más importante de todo es que monseñor Aguer está muy dolido”, se jactó Fronza. No obstante, según la página oficial del Arzobispado de La Plata, Giménez sigue formando parte del clero.
Ante la consulta sobre “en qué momento del proceso se encuentran”, Fronza, tras vacilar, divagó expresando que “se ha iniciado una instancia canónica”. Luego, sin notar la responsabilidad que se cargaba sobre sí, planteó que “ya desde 1996 (Giménez) está con el ejercicio del ministerio sacerdotal restringido”, dejando en claro que desde hace 19 años tienen conocimiento cabal de las acusaciones que pesan sobre el cura, quien actualmente vive en Los Hornos y celebra misas en la Capilla del Hospital San Juan de Dios (donde fue escrachado el diciembre de 2013 por organizaciones de mujeres y por algunas de sus víctimas).
Dando otra muestra del oscurantismo que rige en la institución en cuanto al desarrollo de este tipo de procesos, marcó que “cuando se resuelva y se disponga la pena, será de público conocimiento”. Justamente, sobre este aspecto recayó De la Vega, al espetarle que el procedimiento se llevó adelante bajo “el mayor secreto”, a pesar de que una de las abogadas que representan a Añazco hizo la presentación en Roma.
La respuesta
Como en cada oportunidad que una víctima rompe el silencio que la atenaza, la Iglesia Católica se muestra como una institución medieval y, por ende, antidemocrática. El caso del cura Luis Alberto Ceferino Brizzio, a quien un joven, representado por el mencionado Lombardi, denunció por haber abusado de él, en la década del ‘80, mientras integraba un grupo de adolescentes que el sacerdote conducía en Gálvez, ciudad cercana a Santa Fe capital, volvió a exponer esta cruda realidad. Ahora, el Vaticano envió una respuesta luego de que el presidente de la Conferencia Episcopal, José María Arancedo, sostuviese que todo se decide en Roma.
En la esquela, dejaron establecido que “la respuesta de la Congregación Romana una vez analizadas las actas de la “investigación previa” y que oportunamente se enviara según lo estipulado por el c. 1717 del Código de Derecho Canónico, concluye que al producirse el hecho el denunciante era mayor de edad. Por lo tanto, no se trata de un caso de abuso de menores según lo determinan las “Nuevas Normas reservadas a la Congregación para la Doctrina de la Fe”.
Lombardi subrayó que “la respuesta del Vaticano que recibió el denunciante transgrede los más elementales principios y garantías de defensa en juicio reconocidos en la Constitución Nacional y tratados internacionales de derechos humanos, menos en la Iglesia Católica cuyas normas van a contramano de aquéllas”.
Luego de cuestionar que no se haya tratado de una notificación “en sentido estricto” sino de una simple comunicación, el canonista expresó que “no transcribe resolución ni decreto alguno; tampoco adjunta copia de la foja del expediente, donde consta la resolución. Es una burla que deja ver el estado actual de los procedimientos canónicos en la materia. Pero eso no es lo más grave. Lo peor es al abuso de poder y la descomunal denegación de justicia ya que se le informa que la Congregación para la Doctrina de le Fe (CDF) llegó a la conclusión de que “no se trata de un caso de abuso de menores según lo determinan las ‘nuevas normas reservadas a la CDF’”.
No obstante, Lombardi hizo hincapié en la falta de calificación para intervenir en el caso: “¿Cómo llegaron a esa conclusión? No se sabe, porque los denunciantes no tienen participación procesal; tampoco pueden ver el expediente; tampoco pueden saber si alguien miente, o hay pruebas falsas, no pueden nombrar abogado que los patrocine y controle el procedimiento. Al denunciante se le notifica algo “cocinado” a miles de kilómetros de distancia, sin que se haya podido defender, y con una conclusión tremendamente falsa”.
En referencia al hecho de considerar que no se habría producido ningún abuso porque el denunciante es mayor de edad, para el canonista quedó en claro que “habría un grosero error de valoración de los hechos ya que dicen que el denunciante no era menor al momento de los hechos. Eso es falso. Al momento del último de los abusos sexuales tenía 16 años. El propio Storni lo reconoció”.
“Evidentemente hay una tomada de pelo, disfrazada de ‘respuesta’”, concluyó Lombardi, para quien se produjo “una nueva revictimización”.
