En su mensaje a la Nación por fiestas patrias, el presidente Castillo se reafirmó en su política de “extender la mano” a sus enemigos políticos y a los grandes empresarios, por ello hablo de priorizar a la gran inversión minera como la principal fuente generadora de recursos públicos. La lucha por una Asamblea Constituyente para acabar con la Constitución fujimorista de 1993 fue borrada completamente de sus prioridades políticas.
Jueves 28 de julio de 2022 22:51
El jueves 28 de julio, en el marco de las conmemoraciones oficiales por la celebración de los 201 años de la independencia, el Presidente Pedro Castillo, en un largo mensaje cargado de muchas imprecisiones estadísticas, realizó un balance de su primer año de gobierno y anunció una serie de medidas demagógicas a realizarse durante el periodo de gobierno correspondiente al año 2023. Todas estas propuestas se hicieron sin romper, ni siquiera ligeramente, con los lineamientos básicos del modelo neoliberal ni del régimen político sostenido en la Constitución fujimorista de 1993.
Asimismo, en su mensaje a la nación el presidente evitó hablar de las serias denuncias de corrupción que pesan en su contra y en contra de su entorno familiar más cercano. Para mostrarse conciliador con la derecha parlamentaria y con un sector del empresariado que le es hostil, Castillo dijo que a pesar de haber recibido “una bofetada en la mejilla de aquellos que no aceptaron perder legítimamente en las elecciones presidenciales”, estaría dispuesto a “extenderles la mano para trabajar juntos en beneficio del pueblo”.
Es por esa razón que durante toda su alocución, el presidente no dijo nada sobre la posibilidad de impulsar desde el Ejecutivo y desde los espacios parlamentarios que lo sostienen (bloque magisterial y Perú Democrático) la lucha por materializar una Asamblea Constituyente que permita cambiar la Constitución neoliberal heredada del corrupto régimen de Alberto Fujimori (1990-2000). Esta Constitución, como se sabe, es el principal candado jurídico que blinda los intereses de los grandes empresarios y limita legalmente la posibilidad que se pueda concretar, dentro del régimen vigente, cualquier reforma que termine afectando los intereses de los grandes capitalistas.
Recordemos que durante su campaña presidencial del año pasado, Castillo y sus seguidores hicieron mucho énfasis en la necesidad de cambiar la Constitución del 93 vía un proceso constituyente, sin embargo, una vez en el gobierno, esta demanda junto a otras que tenían que ver con políticas redistributivas, fueron encarpetadas por el mandatario y sus allegados, ya que, como lo dijeron en diversas oportunidades, no querían "ahuyentar" a los inversionistas nacionales y extranjeros. Tanto Pedro Castillo como su entorno político más cercano (bloque magisterial, Perú Democrático) y Perú Libre, apuestan por construir un gobierno de unidad nacional con los capitalistas.
En ese entender, muchas de las iniciativas propuestas por el presidente para el siguiente año carecen de los fundamentos básicos de financiamiento ya que el mandatario, para no desentonar con el humor de los grandes empresarios, evitó en todo momento hablar de un cambio en el régimen tributario o de grabar con mayores impuestos a los ricos.
Todo lo contrario, en su mensaje a la Nación el presidente fue muy condescendiente con la gran inversión minera extranjera, la cual, como se sabe, no solo es la que más evade impuestos a raíz de los privilegios tributarios, sino la causante de los principales índices de contaminación ambiental y de la mayoría de los conflictos. Desde los centros extractivos se atenta permanentemente contra las actividades económicas de los campesinos pobres, como claramente lo evidenció la lucha de los campesinos de Tumilaca en la región Moquegua, o la de los comuneros de las Bambas en Cusco y Apurímac. Recordemos también que este rechazo popular a la mega minería se pudo apreciar en las luchas de los pobladores del valle de Tambo en Arequipa, de Conga en Cajamarca, entre otras.
Este mensaje presidencial se da en un contexto de alta crisis política, la cual ha sido una constante desde que Castillo asumió su mandato en julio del año 2021. En esta oportunidad pesan sobre los hombros del presidente cinco investigaciones fiscales. Cuatro son por hechos relacionados a los casos de Puente Tarata, los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y Petro-Perú, así como por los cambios en el Ministerio del Interior. Por esta razón se le imputan al presidente los presuntos delitos de organización criminal, colusión, tráfico de influencias y encubrimiento personal. Una quinta denuncia es por el supuesto plagio de su tesis de maestría, lo cual, de comprobarse, generaría la comisión de los delitos de plagio agravado, falsedad genérica y cobro indebido.
A ello habría que agregarle las probables implicancias de los familiares cercanos del presidente (su cuñada) en licitaciones del estado, el probable encubrimiento de la fuga de su ex colaborador Bruno Pacheco y de su ex Ministro de Transportes Juan Silva, además de la fuga de sus sobrinos quienes estarían implicados en la recepción de coimas y sobornos generados por los empresarios beneficiados con la construcción de la obra del puente Tarata.
Frente a esta arremetida legal y mediática en su contra, Pedro Castillo, para no terminar destituido de la presidencia, solo ha atinado a correrse más a la derecha y a ceder completamente ante sus detractores políticos, apelando al "piloto automático" en materia económica y a ceder espacios en los ministerios, así como a hacer alianzas con sectores conservadores y neoliberales en el Parlamento.
Es por ello que las promesas de campaña han quedado ya en el olvido y hoy tenemos a un presidente completamente adaptado al estatus quo, al tiempo que la derecha y la ultraderecha se envalentonan y muestran sus fuerzas, como ocurrió al final del discurso presidencial cuando Castillo casi fue echado a gritos del Parlamento.
