La Plata. Peligro: liberan a uno de los policías desaparecedores de Andrés Núñez

El 10 de diciembre de 2010 el sargento de la Policía Bonaerense Alfredo Jorge González fue condenado a prisión perpetua e inhabilitación perpetua por el delito de “privación ilegal de la libertad calificada” y “torturas seguidas de muerte” en perjuicio de Andrés Núñez, un joven trabajador de La Plata. En ese mismo juicio también fue sentenciado a perpetua su camarada Víctor Dos Santos, por ser también autor de las torturas que derivaron en la muerte de Núñez.

González enfrentó aquel juicio tras permanecer quince años prófugo. Luego del crimen y con toda la protección del Estado, se fue de La Plata. Lo terminaron encontrando en 2005 en Córdoba. Al declarar en la causa, admitió la existencia del asesinato, aunque intentó camuflar su responsabilidad. Reconoció que integró el grupo de policías que se llevó a Núñez de su casa de Villa Elvira y lo trasladó a la Brigada de Investigaciones local. De hecho era el dueño del Fiat 147 que usaban para esos operativos, al que hizo desaparecer tras el crimen. Pero negó haber participado de las torturas mortales.

Pese a su negación, en la sentencia de 2010 la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata dio por probado que González fue quien puso una bolsa de nylon en la cabeza a Núñez (“submarino seco”), cumpliendo órdenes del subcomisario Luis Ponce. Buscaban que Andrés reconociera ser autor de un robo menor, que no había cometido. Murió en la tortura e hicieron desaparecer su cuerpo, que fue hallado cinco años después en un campo de General Berlgrano.

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Prófugos

Ponce, vale decir, es otro que se profugó apenas cometido el crimen y pasó 22 años gozando de la clandestinidad. Lo descubrieron de casualidad en 2012 en Junín de Los Andes, Neuquén, mientras buscaban a otro represor de la dictadura. Finalmente fue juzgado y condenado a reclusión perpetua por la desaparición y muerte de Núñez.

El único que sigue prófugo en la causa es el exoficial Pablo Martín Gerez Duhalde, quien comandó el operativo la noche del 27 de septiembre de 1990. Nelly Duhalde, su madre, es prima hermana del expresidente, exgobernador y protector de la Bonaerense Eduardo Duhalde. Y su “padrino” en la fuerza fue nada menos que Mario “Chorizo” Rodríguez, emblema de la “maldita policía” formateada por el peronismo noventista.

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Gerez lleva 32 años de vida clandestina, lo que no quiere decir que la esté pasando mal. ¿Es posible que el “tío” Duhalde no sepa dónde está? ¿Es creíble que Julio Alak, el intendente platense que encubrió cada crimen de la Bonaerense entre 1991 y 2007, no sepa dónde está Gerez? Alak es el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos de Axel Kicillof, además de ser uno de los jefes del kirchnerismo provincial y, según rumores, quien podría reemplazar a Sergio Berni si éste renuncia como ministro de Seguridad. ¿Por qué el Frente de Todos, que declama una supuesta defensa de los derechos humanos, no hizo nunca nada para encontrar a Gerez?

Cuidado, represor suelto

En los últimos años los abogados de González hicieron varios pedidos para que su defendido recibiera los mayores beneficios posibles, entre ellos el de “libertad condicional”. Todos esos pedidos habían sido rechazados. Solamente le permitieron en los últimos años salidas transitorias semanales.

Pero algo cambió tras su último pedido, de junio pasado, en el que González afirmaba que ya están cumplidos los plazos legales para recibir la libertad condicional y que en la Unidad 9 de La Plata hasta lo elogian por su “buena conducta”. Esta vez la jueza Laura Lasaga “le creyó” y el lunes último decidió darle (unilateralmente) la condicional.

Sea como parte de un plan corporativo o por iniciativa personal, hace años González se puso un objetivo. Empezó a barrer y arreglar el pabellón, se hizo servicial con sus compañeros, se anotó para “sumar puntos” en cuanto curso de oficios aparecía, terminó el secundario y hasta se anotó en la Facultad de Humanidad de la UNLP. Con la misión cumplida, creyó que “la finalidad resocializadora” de la pena que se le impuso “se encuentra suficientemente cumplida” como para recibir la “libertad anticipada”. Al menos eso escribió en su pedido a la Cámara.

Un dato no menor es que la jueza Lasaga es la misma que condenó a González y Dos Santos hace doce años, cuando ya integraba la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata, que hoy preside. Ahora comparte tribunal con su vice Sergio Almeida, en tanto la vocalía está vacante y sin juez que la subrogue. Esa sala atiende sobre el cumplimiento de las penas de los condenados y Lasaga es plenamente consciente de que, gracias a su firma, González habrá cosechado más años de prófugo que de preso. ¿Cómo debe leerse su fallo, del que no participó el juez Almeida?

Romper todo

Antes de la sentencia conocida este jueves, tanto la familia de Núñez como el fiscal de Cámara Alejandro Marchet (que a su vez es fiscal general adjunto del Departamento Judicial La Plata) se habían expresado en contra del beneficio para González, sustentando sus argumentos en varios artículos del Código Procesal. Aunque el argumento más firme lo dio la propia Mirna, la víctima, al decir que González “no está arrepentido de su participación en el hecho” y que “en libertad podría contactarse con el prófugo Gérez”.

La jueza Lasaga reconoce que González es autor de “una grave violación de derechos humanos”, pero defiende su fallo al decir que “el hecho” cometido por el acusado (recordemos, tortura con submarino seco hasta matar) “no puede caracterizarse como delito de lesa humanidad” y, por lo tanto, no debe repararse en ello para decidir darle o no la libertad.

Eso sí, a cambio del beneficio González debe comprometerse a residir en un domicilio fijo, “abstenerse de consumir bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes”, conseguir un trabajo en ocho meses, “no cometer nuevos delitos” y “no relacionarse con la víctima Mirna Gómez”. Puede parecer cínico, si no lo fuera realmente.

La Izquierda Diario pudo saber que tanto la familia de Núñez como el fiscal Marchet apelarán la decisión de la Cámara que deja en libertad a González. En el caso de la querella, patrocinada por el letrado oficial Manuel Bouchoux, además de la peligrosidad de que el asesino y desaparecedor esté libre, consideran irregular que Lasaga haya firmado el fallo en soledad siendo miembro de un tribunal compartido. En el caso de la Fiscalía de Cámara, se estima que argumentará con idénticos fundamentos que los ya expuestos en ocasiones previas.

Para Mirna Gómez, incansable luchadora por verdad y justicia para Andrés y para todas las víctimas de la represión estatal, la noticia de la libertad condicional de González fue muy desagradable. Pero no por ello sorpresiva. Ella sabe que el Poder Judicial es capaz de eso y mucho más. Por ejemplo, no buscar al prófugo Gerez Duhalde y permitirle que, a través de su abogada María Nosenzo, lleve años enviando escritos con su firma pidiendo la prescripción de la causa para así volver a la “legalidad”.

“Imagínense cómo estoy, dan ganas de salir a romper todo. Es una injusticia que este nefasto, después de todo lo que hizo, pueda andar tranquilo por la calle. Yo no le tengo miedo, pero no puede estar libre alguien que cometió todo tipo de delitos en dictadura y en democracia”, dice Mirna a quienes le preguntan por estas horas cómo recibió la noticia. Fiel a su lucha, rechaza toda prebenda del Estado a cambio de “no hacer quilombo” y se apoya en la solidaridad de sus pares, de organizaciones sociales, antirrepresivas y de izquierda.

A la espera de novedades sobre el destino inmediato del asesino González, desde esos espacios ya planean próximas movilizaciones en repudio a esta nueva afrenta de impunidad lanzada por la juez Lasaga y el Poder Judicial.