Así lo informó el ministro de Justicia Germán Garavano. La decisión da por hecho la responsabilidad iraní, algo que nunca fue demostrado.
Celeste Vazquez @celvazquez1
Martes 12 de diciembre de 2017 12:49
El Gobierno nacional impulsa una nueva iniciativa con respecto a la causa AMIA. Busca juzgar en ausencia a quienes sindica como responsables. Se trata de ex funcionarios del gobierno iraní a quien, sin demostración alguna, funcionarios nacionales y sectores del Poder Judicial, se considera responsables del atentado ocurrido en 1994.
Luego de la embestida judicial del juez Claudio Bonadio contra Cristina Kirchner y varios de sus ex funcionarios –ocurrida la semana pasada- por supuesta “traición a la patria”, ahora el Gobierno nacional suma un nuevo capítulo al caso abierto por el atentado a la mutual.
Su objetivo es lograr llevar adelante un proceso judicial en ausencia contra ex funcionarios iraníes buscados por Interpol por considerarlos responsables del ataque. "Por más que se mueran de viejos en Irán, nosotros tenemos que juzgarlos acá y cerrar una etapa de la historia argentina", afirmaron funcionarios del gobierno al diario La Nación para explicar las razones de una iniciativa prevista para el 2018.
Para lograrlo, el Gobierno tiene que logar que el Congreso apruebe la introducción de una nueva figura en el Código Penal, que es la del juicio en ausencia. La misma podría utilizarse no solo para este caso, sino para aquellos otros en donde los acusados se encuentran fugados o fuera del país.
En abril de este año fue presentado un proyecto de ley que intentaba ir en ese sentido. Su autor era el senador peronista Mario Pais y uno de los que mostró su apoyo públicamente fue Miguel Ángel Pichetto.
Hoy, tanto Garavano como la ministra de Defensa, Patricia Bullrich, quieren desempolvar dicho proyecto para que se vote el año que viene. El instrumento también podrá ser útil "en casos de terrorismo, trata de personas, lavado de dinero y narcotráfico, entre otros", manifestó el titular de Justicia.
En el momento en que el proyecto fue presentado, el ex senador radical Mario Cimadevilla, el titular de la Unidad Fiscal AMIA, realizó una serie de reuniones con entidades judías y familiares de víctimas del atentado con el objetivo de lograr su apoyo a esta iniciativa oficial.
Mediante este proyecto, el gobierno intenta transmitir la idea de que quiere resolver la causa y avanzar judicialmente. Resulta evidente que el show mediático de Bonadio no resuelve nada.
Primero porque se trata del mismo magistrado que en 2005 fue apartado de la causa AMIA, por haber estado 5 años sin mover el expediente, favoreciendo así a su amigo y ex juez Juan José Galeano y a su ex jefe Carlos Corach, acusados de adulterar pruebas.
En segundo lugar porque en el fallo de Bonadio da por cosa juzgada la responsabilidad de Irán en el atentado de 1994. Lo hace sin ningún tipo de prueba fidedigna, ya que los únicos en aportar pruebas fueron los servicios de inteligencia de la CIA y el Mossad israelí.
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Pero, además, este proyecto de aprobarse constituye un peligro importante. Se estaría sentando un precedente sumamente alarmante, ya que podrán ser juzgados y condenados personas a las que no se les otorga un derecho mínimo y elemental que es poder a declarar para defenderse a sí mismo.
Es sin dudas, una herramienta más que se inscribe dentro de la línea gubernamental de restringir libertades democráticas fundamentales.
