Actualidad. ¿Qué dice el texto del decreto de extinción de dominio publicado en el Boletín Oficial?

Mediante el Decreto 62/2019, ya publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional reglamentó el denominado “Régimen procesal de la acción civil de extinción de dominio” sobre bienes que se sospeche provienen de “actos de corrupción o crimen organizado”.

El decreto lleva la firma del presidente Mauricio Macri y los ministros Marcos Peña (Jefatura de Gabinete), Rogelio Frigerio (Interior) Guillermo Javier Dietrich (Transporte), Nicolas Dujovne (Hacienda), Patricia Bullrich (Seguridad), Germán Carlos Garavano (Justicia y Derechos Humanos), Oscar Raúl Aguad (Defensa), Jorge Marcelo Faurie (Relaciones Exteriores y Culto ), Dante Sica (Producción), Carolina Stanley (Salud y Desarrollo Social), Alejandro Finocchiaro (Educación).

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El texto indica que “este régimen persigue proveer al Ministerio Público Fiscal, de instrumentos jurídicos idóneos para lograr de manera eficaz, la intervención del Estado con el objeto de obtener la extinción del dominio a su favor del dinero, cosas, bienes, derechos u otros activos, ganancia, provecho directo o indirecto que se hubiera obtenido de manera injustificada, provocando un enriquecimiento sin causa lícita”.

Agrega además que se propone brindar a dicho organismo las “herramientas concretas para llevar adelante juicios contradictorios, donde quienes sean acusados de la comisión de los delitos enumerados en la presente norma, sean sometidos a una investigación con el objeto de determinar si su patrimonio o parte de él está constituido por causa ilícita, y tengan su derecho de defensa preservado conforme lo establece la Constitución Nacional”.

La reglamentación establece que "se regula por el presente una acción civil de carácter patrimonial a través de la cual, a raíz de la sospecha fundada sobre la comisión de un delito grave, el Estado cuestiona la titularidad de un bien cuando no se corresponde razonablemente con los ingresos de su tenedor, poseedor o titular, o representa un incremento patrimonial injustificado”. Y se establece la creación de "una Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional, con facultades para realizar investigaciones de oficio así como colaborar con la identificación y localización de bienes que pudieran provenir de alguno de los delitos".

Para justificar la decisión gubernamental de establecer esta reglamentación via decreto, duramente criticada ni bien se conoció, se afirma que “que el proyecto lleva así más de DOS (2) años de trámite legislativo sin resolución, por lo que urge otorgar a la Justicia herramientas eficaces para desfinanciar a las organizaciones criminales y resguardar el patrimonio estatal”.

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