Ante el pleno del Senado, el canciller Videgaray expresó el rechazo del gobierno de Peña Nieto a la militarización de operaciones migratorias, mientras aplica esa política con el Plan Frontera Sur para perseguir a los migrantes centroamericanos.
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Martes 28 de febrero de 2017
Videgaray Caso, durante su comparecencia ante el pleno del Senado de la República, declaró que el rechazo a la militarización de las operaciones migratorias, así como medidas unilaterales que pretenden deportar a México a ciudadanos de otros países fueron expresados a los secretarios de Estado, Rex Tillerson; y de Seguridad Interior, John Kelly.
El secretario de Relaciones Exteriores ratificó que el gobierno de México no permitirá que ciudadanos de otras naciones sean deportados a territorio nacional, y manifestó el anhelo de que prevalezca la coordinación en materia migratoria.
A su vez, afirmó que el gobierno mexicano planteó a ambos funcionarios la puesta en marcha del llamado “Acuerdo de Totalización” firmado por ambos gobiernos en 2004 y prevé que los trabajadores deportados puedan acceder a sus recursos y ahorros de la seguridad social.
Respecto a la cuestión de la seguridad, Videgaray resaltó que el gobierno de Enrique Peña Nieto propone mantener una relación de amplia colaboración con Estados Unidos.
También dio a conocer que México será anfitrión de una reunión de alto nivel con funcionarios de los gobiernos de Estados Unidos, así como de las naciones del llamado “Triángulo del Norte”, para analizar el tema del desarrollo de la región de Centroamérica.
Aunque Videgaray afirma que “el presidente Enrique Peña Nieto ha delineado los principios de esta nueva relación que parte del absoluto respeto a nuestra soberanía y el rechazo a la construcción de muros en la frontera, además del respeto irrestricto a los derechos humanos y civiles de los mexicanos que viven en la unión americana”, la realidad es otra.
Ya durante la administración del demócrata Barack Obama el gobierno mexicano no sólo avaló la política de criminalización de migrantes y las deportaciones –que fueron más de 2.8 millones– sino que ofició de ejecutor de las políticas antimigrantes de esa administración.
Fue concretamente a través de la implementación del Plan Frontera Sur, a través del cual las autoridades mexicanas intentan impedir el tránsito de los migrantes indocumentados provenientes de Centroamérica que buscan llegar a Estados Unidos.
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