El Estado es responsable. Penal de Ezeiza: un detenido falleció por intoxicación, otros tres están internados

Otro preso fallece dentro de la cárcel, esta vez sucedió en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza. El domingo por la noche varios detenidos sufrieron un cuadro de intoxicación, por motivos que aún no están claros y como consecuencia este miércoles uno de ellos murió y otros tres continúan internados aunque fuera de peligro.

En un primer momento se atribuyó el hecho al consumo de comida en mal estado, lo que sería perfectamente posible teniendo en cuenta la comida que diariamente reciben los presos, que infinidad de veces denunciaron junto a sus familiares que está en mal estado o que es escaza. Otra versión señala que podría tratarse de drogas adulteradas. Se esperan los resultados de la autopsia para determinar la causa de muerte.

El fiscal Federal 1 de Lomas de Zamora, Sergio Mola, pidió allanar el Complejo Penitenciario y el juez Luis Armella ordenó el procedimiento, que se realizó ayer por la noche. Fue llevado a cabo por la Policía Federal para buscar documentación y las historias clínicas de los afectados, lo que podría llamarse "los lobos que cuidan a las gallinas".

Hace dos días, la Procuración Penitenciaria, organismo autónomo que depende del Poder Legislativo y cuyo objetivo es proteger los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad en el ámbito federal y controlar la actuación del Servicio Penitenciario Federal, presentó un hábeas corpus colectivo ante las dificultades de comunicación en el Complejo de Ezeiza.

En un comunicado el organismo señaló: "El adecuado acceso al contacto con el mundo exterior no sólo es fundamental para el mantenimiento de los vínculos familiares y afectivos de las personas privadas de libertad, sino que además resulta indispensable para garantizar el acceso a la justicia (mediante el contacto con defensores, tribunales, juzgados) y con organismos de control como esta Procuración. Por ello, la incomunicación es un problema extremadamente sensible que acentúa el aislamiento dentro del encierro y esto genera serios problemas internos que han motivado el inicio de varias medidas de fuerza".

Lo cierto es que otra muerte ocurre dentro de un penal, lo que es responsabilidad directa del Estado, más concretamente las cárceles federales dependen del Ministerio de Justicia de la Nación, en este momento a cargo de Martin Soria.

El último informe de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) señala que en 2021 se produjeron 43 muertes en cárceles dependientes del Servicio Penitenciario Federal, lo que implican más de tres muertes por mes.

Las cárceles: centros de detención y tortura

En este diario publicamos decenas de artículos que dan cuenta con testimonios en primera persona, de las condiciones inhumanas de encierro en las que están más de cien mil presos y presas en las cárceles del país. Esta muerte es una vez más la punta de un inmenso iceberg, que deja al desnudo la realidad que todos los días se vive intramuros y que repercute en las y los familiares de quienes están privados de su libertad.

En especial en momentos de crisis como el actual, los discursos punitivistas y de mano dura están a la orden del día.

Tanto los funcionarios del gobierno nacional y bonaerense, como la derecha de Milei y compañía, no se cansan de pregonar contra "los delincuentes" y defender a la policía, como se vio en estos días por parte del Ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, en el caso de los policías del gatillo fácil de Moreno.

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"Libertarios" que piden cárceles privatizadas

Como si esto fuera poco, el reaccionario Javier Milei manifestó estos días que las cárceles deberían privatizarse y que los presos y presas tendrían que "pagarse su estadía", al estilo norteamericano.

En el país del norte tan admirado por Milei y demás "libertarios", la gran mayoría de las cárceles están privatizadas y son un suculento negocio para las empresas que las "gestionan" y para las grandes multinacionales que se benefician del trabajo casi esclavo de las y los detenidos.

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Más allá de los discursos reaccionarios tanto del peronismo como de la derecha, la realidad es que todos los gobiernos han mantenido en condiciones inhumanas a quienes se ven privados y privadas de su libertad, en su gran mayoría jóvenes pobres, inmigrantes y vendedores de drogas al menudeo, que pasan años encerrados con prisión preventiva sin siquiera llegar a un juicio.

En la provincia de Buenos Aires, la situación se repite con hacinamiento récord denunciado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que en su decimoquinto informe anual 2021 aseguró: "La dirección de la política de seguridad es atributo del poder ejecutivo, y está dentro de sus atribuciones la orientación del accionar policial". Con un minsitro como Berni, ¿qué se puede esperar?.

En ese informe la CPM señalaba: " La conjugación de un esquema de control policial territorial con la opción judicial automática por el encierro deriva en una captación selectiva de jóvenes pobres para su ingreso al sistema penal. En 2019, las personas menores de 25 años representaban el 20% en el SPB y el 26% en comisarías. A su vez, la intervención se concentra sobre presuntos delitos contra la propiedad, en un porcentaje cada vez mayor a medida que se avanza en la cadena punitiva: ellos representan el 39% de las personas detenidas en comisarías, el 40% de las investigaciones penales iniciadas por el poder judicial, el 42% de las prisiones preventivas concedidas y el 45% de la población carcelaria".

Así las cosas, el Estado es responsable de que en las cárceles y comisarías se encierra, tortura y mata todos los días.

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