El procesamiento de los guardias por la muerte sospechosa de un preso deja entrever la brutalidad represiva y la impunidad en el sistema penitenciario jujeño.
Jueves 30 de junio de 2022 20:34
Hace doce días se dio a conocer la muerte de Ramón Garay (de 39 años), interno del Penal Nº 1, ubicado en el barrio Gorriti, supuestamente por broncoaspiración.
Sin embargo, se anuncio que el fiscal a cargo de la investigación imputó por tortura y homicidio calificado a cinco miembros del Servicio Penitenciario de Jujuy, quienes permanecen detenidos, desmintiendo totalmente la primera versión difundida del medio penitenciario.
El fiscal Rondón ordenó la realización de la autopsia del cuerpo, se procedió al secuestro de los equipos de filmaciones de las cámaras de seguridad, teléfonos celulares, documentación, y se recepcionaron declaraciones testimoniales.
Tras esto, se acusó a los guardias como presuntos autores del delito de “Homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y por la calidad de funcionario público, en concurso ideal con tortura seguida de muerte”.
Por el momento, la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura y del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, recientemente inaugurado, no se han pronunciado ante un hecho que tiene precedentes en dicha institución.
Aunque en el Art.18 de la Constitución Nacional Argentina, se expresa “Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice”.
Estar privado de la libertad no implica no poseer derechos humanos, sin embargo en Jujuy se cuenta con antecedentes de varios casos de torturas y muertes dentro del penal de Gorriti.
Los casos más conocidos, fueron aquellos que lograron salir en los medios de comunicación nacionales, tales como:
- El 16 de julio de 2020 dos presos fallecieron, Marcelo Montenegro y Dardo Vicente Yapura, durante el motín de la Unidad Penal N° 1, cuando los reclusos reclamaban mejoras en las condiciones carcelarias en plena pandemia de covid - 19.
Seis agentes penitenciarios fueron imputados por el delito de "homicidio doblemente agravado por la calidad del autor y por alevosía", responsables por la muerte de uno de los internos.
Además de los dos internos fallecidos, en el motín resultaron heridos más de 20 reclusos. Este fue el resultado de la brutal represión, tras las casi tres horas de protestas de los internos privados de su libertad.
- El 6 de diciembre de 2016 la muerte de Nelson Cardozo (21), en dudosas circunstancias. Se produjo en medio de reclamos por parte de los internos, que denunciaban las condiciones de higiene y salubridad, la falta de alimentos y los malos tratos hacia los familiares en las requisas previas al horario de visita. Esta protesta fue respondida con una brutal represión hacia los reclusos, de quienes 40 resultaron heridos.
Ante la negativa de las autoridades a brindar información sobre la situación de los internos a los familiares, quienes conocían casos de torturas dentro del penal, los mismos realizaron una protesta afuera del penal, que recibió a su vez otra brutal represión con heridos con bala de goma y dos detenidos.
La represión un problema de clase
Estos graves antecedentes forman parte de una larga tradición de brutal represión e impunidad en el sistema penitenciario de Jujuy, que tanto funcionarios (K/PJ -UCR), cómo los grandes medios dejan correr.
Este nuevo caso nos replantea cuales son los reales objetivos de la cárcel, si es para la reinserción social o para el mero castigo y aleccionamiento de una clase sobre otra, con represión y torturas incluidas.
Al 2021 el 57% de los presos y presas alojados en las cárceles federales de todo el país no tiene sentencia firme y la enorme mayoría se encuentra encerrada por delitos menores como robos, tentativas de robo, hurtos y tentativas e infracción a la ley de drogas (narcomenudeo), es decir delitos contra la propiedad privada principalmente.
Los responsables del crimen organizado (como la trata de personas), los genocidas, la policía del gatillo fácil y quienes cometen delitos “de guante blanco” son protegidos por las propias fuerzas represivas y las instituciones del Estado. Ejemplo de esto es el caso Chocobar, policía que asesinó a un joven en 2017 y fue condenado a solo dos años de prisión en suspenso y ni un día privado de la libertad.
Ni hablar del mayor caso de impunidad en la provincia, el emblemático caso de Blaquier, quien fuera instigador y participe de la llamada "Noche del Apagón", operativo de la dictadura militar con ayuda de la logística de la empresa Ledesma, dónde se detuvieron de manera ilegal a cientos de activistas obreros, estudiantiles y políticos, de los cuales 44 siguen desaparecidos.
El dominio de una ínfima minoría de propietarios millonarios (clase capitalista), sobre una población de millones que deben salir a trabajar todos los días (clase trabajadora) para poder sobrevivir y, entre ellos, los que ni siquiera pueden acceder a un trabajo, no solo se puede sostenerse en base a ilusiones de derramamiento de riquezas y esfuerzo individual. Es fundamental para este régimen policiaco de Morales el garrote, las cárceles y las torturas contra los sectores populares.
Porque es evidente que existe una interrelación entre el accionar de las fuerzas represivas en la calle y en los lugares del encierro. De conjunto el sistema punitivo tiene un carácter de clase selectivo. Además, históricamente se ha demostrado, que la pena no resocializa a los penados.
Es así que todas las teorías de la pena enarboladas, desde las más reaccionarias hasta la que se proponen progresistas, resultan insuficientes en tanto omitan la vinculación entre el fenómeno punitivo y la estructura social capitalista. Por esto, resulta imprescindible profundizar el debate sobre el rol de las fuerzas represivas y el sistema penal.
Dado que, la función social de la pena requiere para su aceptación social, de una verdadera batalla hegemónica, en el sentido gramsciano del término; es decir que, las normas y valoraciones culturales vigentes son impuestas por la clase dominante, así adquieren legitimidad social al ocultar la finalidad última del sistema penal en pos de la preservación del status quo.
Desde esta perspectiva, las políticas que intentan reformar o humanizar las cárceles no son una salida, ya que constituyen el aparato represivo del Estado. Y es fundamental la necesidad de la transformación radical de la sociedad.
Mientras, el no naturalizar los casos de tortura y homicidios dentro de las cárceles y comisarias nos conduce a la necesidad de terminar con este sistema de raíz y reivindicar la organización de las personas privadas de su libertad y sus familiares, para pelear porque se respeten sus derechos más elementales y garantías democráticas que aún entre los muros, según la constitución nacional y provincial amparan pero hablan de derechos de manera formal pero no real, porque la igualdad ante la ley no es la igualdad en la vida, no dentro de este estado capitalista.
