¿En verdad se soluciona el problema de la falta pensión alimentaria mediante medidas punitivas al padre (o, en el menor de los casos, a la madre) que no cumple con esta obligación?
Domingo 26 de marzo de 2023
Es un problema grave el incumplimiento de la pensión alimenticia en México. Fuentes oficiales hablan de alrededor del 67.5 %. Un problema que muchos vivimos como infantes, lo que hace que haya incluso cierta satisfacción en pensar que aquellos que no se hacen o no se hicieron cargo de la manutención de sus hijos, sean sancionados. Pero ¿en verdad se soluciona este problema mediante medidas punitivas al padre (o, en el menor de los casos, a la madre) que no cumple con la obligación de parte de la pensión que les asigna un juez?
Habría que decir que el pago de una pensión, determinada a partir de un porcentaje del salario, no garantiza que esta sea suficiente para satisfacer las necesidades de alimentación, vestido, esparcimiento, etc., de un hijo o hija. Así pues, la falta de este derecho de la infancia, no es solo una responsabilidad que ataña a particulares, a padres o madres irresponsables; sino que estamos ante un problema social; donde, por ejemplo, la falta de salarios que alcancen para algo más que la sobrevivencia a millones de personas (no solo en México sino en el mundo) no puede dejar de ser un factor mínimamente a considerar. Simular mediante leyes punitivas que se tiene interés en mejorar la calidad de vida de los hijos e hijas de la clase trabajadora de nuestro país es, a nuestro juicio, hipocresía y una lavada de cara al Estado que al trasladar un problema estructural a un asunto entre particulares, cree que logra ocultar su sucio actuar bajo la alfombra.
Habrá que decir que el punitivismo termina fortaleciendo el separatismo reaccionario al interior de un sector contestatario del movimientos de mujeres, que ha estado en primera línea en el último periodo contra este orden capitalista y patriarcal. Muchas de las medidas punitivas que el aparato legislativo y judicial del Estado ha implementando aparentan combatir los males, que con justicia denunciada por un amplio sector de la sociedad agraviado. Decimos aparentan, porque, como dijimos, reducen problemas sociales, estructurales, a asuntos meramente individuales: crímenes a cuestiones morales (de maldad), o clínicas (de psicopatologías). En esto, las condiciones socio-económicas instauradas por la decadencia del Tardocapitalismo, no figuran en el mapa de los legisladores de todos los partidos.
El hartazgo ante la violencia, los abusos y la impunidad (siempre avaladas y consolidadas desde el Estado) lleva a amplios sectores de la sociedad a justificar medias punitivas que acrecientan el aparato represivo del Estado, restringen derechos fundamentales y terminan, paradójicamente, incrementando las condiciones para el abuso y la impunidad que supuestamente se desea combatir. Se llega al absurdo de aceptar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos como una medida necesaria "para combatir el mal" (al más puro estilo del autoritarismo y protofascista de Nayim Bukele en El Salvador).
El incremento de penas a menores, pidiendo que sean juzgados como adultos por sus atroces acciones, la validación de prisiones preventivas, la justificación de medidas gravosas a la dignidad humana, etc... no han solucionado el grave problema de la violencia hacia las mujeres y hacia la sociedad en general, pero sí ha permitido al Estado el trasladar la responsabilidad de estos problemas solo a un particular (por ejemplo, a un peligroso agresor adolescente). Este tipo de medidas garantiza la impune continuidad de la violencia estructural que vivimos y a la vez nos acerca a la brutalidad de aquellos que aterrorizan al grueso de la sociedad indefensa ante el crimen.
Pero volviendo al tema, decíamos que para que los padres y madres se hagan responsables de la alimentación de sus hijos, pasa porque existan primeramente las condiciones materiales para que esto se pueda llevar a cabo. Luego, en la legalidad burguesa ya existen mecanismos (que hasta el final no se implementan: impunidad) para que estos padres y madres cumplan con su responsabilidades. Entonces por qué pretender vulnerar DDHH, aprovechándose del justo malestar ante la irresponsabilidad de uno de los cónyuges (generalmente el padre). Estamos ante un caballo de Troya de la reacción, como intentaremos exponer.
Pedir mayores penas a los que incumplen con la pensión alimentaria, es entendible dado el malestar acumulado, pero es una medida impotente frente al problema. Pedir penas que ponen en riesgo la dignidad humana, es no solo reprochable, sino peligroso para los mismos que las piden y para los hijos e hijas que se pretende defender, porque heredaran una sociedad más autoritaria, violenta y abusiva.
Ahora bien, pedir el cumplimiento de las pensiones alimenticias es una lucha política justa que consideramos debe ir acompañada de la exigencia aumentos salariales para los y las trabajadores que posibiliten mejores condiciones de vida para sus hijos e hijas. Solo de esta manera es progresiva y abona a ubicar la causa estructural del problema sin minusvalorar las responsabilidades subjetivas de los padres.
Como decíamos, desde la lógica del Derecho burgués mismo, no se necesitan medias punitivas que priven de derechos políticos, porque bastarían medidas administrativas, como descuentos desde nómina o embargos; medidas que no se implementan porque tal vez hacerlo supondría abonar a poner al descubierto el mísero poder adquisitivo de los salarios para cubrir las necesidades de un hogar. Los hijos de la clase trabajadora que en algún momento recibieron pensión alimenticia, saben que el problema alimentario no se solucionó con ese porcentaje del salario. Ojo, esto no es argumento para no exigir este derecho de la infancia.
Lo que intentamos plantear es que, en el fondo, el problema fundamental es la pobreza, la falta de un ingreso suficiente para que un jefe o jefa de familia pueda sostener una familia. El Estado podría solventar un ingreso adicional a la madre o padre soltera o viuda, como se hace en otros países, antes de pensar clasista y autoritariamente en restringir derechos políticos a los irresponsables padres, y esto no es una “defensa de los derechos de los irresponsables”, sino de Derechos fundamentales que bajo ninguna circunstancia se pueden ceder, porque esto equivaldría a robar libertades, democracia y justicia a las infancias que supuestamente decimos defender. No se puede tapar un hoyo abriendo otro mucho más grande y profundo.
Muchos de nuestros padres, millones, fueron padres ausentes, Pero igualmente muchos tuvimos padrastros que asumieron esa responsabilidad: de estos también hay millones. Seguramente dentro de estos hay quienes para ser responsables con su nueva familia son o fueron irresponsables con la anterior. Mostar la contradicción no es para justificarla sino para ayudarnos a entender que un problema complejo no se puede resolver con medidas punitivas que le abonan al separatismo en las filas de nuestra clase.
Además, un padre o una madre ausente por irresponsabilidad de alguna de las partes, no solo lo es económicamente, hay otras ausencias que igualmente hay que abonar a que desaparezcan. Pero estas ausencias no pasan por aplicar prisión o privar de derechos a los que “no jueguen y les den abrazos a sus hijos e hijas”. La salida está en otro lado.
Consideramos que la lucha por los derechos alimentarios de las hijas e hijos no puede ir desligada de la lucha por un ingreso universal para todas las familias, por una escala móvil de salarios, por un salario digno para todas y todos. No hacerlo así es terminar, sin quererlo seguramente, perpetuando un sistema económico que es hostil a nuestros hijos e hijas.
Claro, dar una lucha de fondo ante estos problemas, reclama un compromiso de organización, de militancia permanente y de lucha en las calles por los derechos de nuestra clase, lucha que cómodamente se puede soslayar, llegando a pensar que validando el punitivismo del Estado, nos ahorra el esfuerzo de conquistar nuestro futuro. Craso error, que pondrá a las nuevas generaciones ante un escenario más difícil de combatir. Si algo nos ensañan los y las que lucharon antes de nosotros, es que los derechos no caen del cielo ni los otorga el Estado. Los derechos se ganan luchando en las calles, como lo hace e pueblo francés en este momento.
