El debate sobre las pensiones está por cumplir una década, la crisis que pesa sobre los cientos de miles de jubilados que, luego de trabajar una vida completa, no les aclanza para llegar a fin de mes, está condenando a la miseria a la clase trabajadora. Mientras las empresas utilizan los fondos para capitalizar sus propias inversiones, los medios hegemónicos acusan exceso de “ideología” cualquier cambio estructural al sistema de pensiones.
Lunes 29 de enero
La aprobación en general de la reforma de pensiones del gobierno, pero el rechazo al corazón que habían propuesto, es sin duda un golpe para Boric y sus ministros. Y no solo porque el articulado propuesto no logró contar con los votos suficientes para ser aprobado, sino porque representó una cedida ideológica tremenda en relación al programa inicial que habían presentado de acabar con el sistema de las AFP y su pilar fundamental: La capitalización individual.
Durante el debate legislativo, los representantes del oficialismo, tuvieron que defender como suya una propuesta que años atrás fue levantada por sectores de la DC-Demócratas como fórmula de “consenso” entre gobierno y oposición durante el mandato de Piñera.
Esta fórmula “salomónica” aumentaba la cotización individual un 6% pero dividía este porcentaje en 3% para la capitalización individual y 3% para un fondo solidario de reparto. No entraremos en la especificidad de la norma porque no es el interés de esta columna hacerlo, pero cabe recalcar que esta fórmula no aspiraba a la reforma profunda del modelo, sino a buscar un paliativo “ideológico” a la demanda del fin de las AFP y el modelo que instauró la dictadura.
El gobierno, que en plena campaña firmó un compromiso con la Coordinadora No + AFP de terminar con el modelo de capitalización individual, ahora da dos pasos atrás y hace suyo la consagración del modelo, una renuncia ideológica profunda que seguramente impactará en el apoyo de sectores que antes le dieron su respaldo.
Desde la derecha, a través de La Tercera y El Mercurio, acusan que la reforma del gobierno (de crear un fondo solidario) representa una propuesta “puramente ideológica” y que la solución estructural al problema de las bajas pensiones debe corregirse a con un aumento de la cotización individual (señalan que a largo plazo hasta el 6% quizas quede corto) además del aumento de la PGU y su financiamiento a través de impuestos generales.
La respuesta de la derecha, aunque lo nieguen, es una propuesta puramente ideológica y no cualquier ideología, sino puramente neoliberal, que aspira a profundizar la idea de que los ahorros para la jubilación le corresponden únicamente al trabajador/a y no al sistema económico y social de conjunto. De hecho, la mayoría de los técnicos, al momento de analizar las causas estructurales del bajo ahorro que logran millones de trabajadores al final de su vida laboral, responsabilizan como algunas causas las lagunas previsionales, bajo porcentaje de cotización y el aumento en la expectativa de vida . El problema de los bajos salarios para ellos queda fuera.
En Chile, la estructura salarial es profundamente desigual, con un minisalario mínimo ($460.000) que no saca a una familia de la línea de la pobreza ($603.033 para cuatro personas según la CASEN 2023) es totalmente incompatible con la capacidad de ahorro suficiente para tener una vejez digna.
El problema del salario se acrecentó los últimos dos años debido a las altas tasas de inflación (sobre el 10%) que se acumularon luego de la pandemia y que bajó a costa de castigar el consumo y la necesidad de endeudamiento para las familias más pobres. El enfriamiento de la economía finalmente lo pagaron los pobres que debieron reducir el consumo domiciliario para no aumentar el enorme peso de la deuda (57,4% de los hogares).
El pretender aumentar la PGU como propone la derecha y sus editorialistas, a través del financiamiento con impuestos generales, es a todas luces pura demagogia para un sector que sistemáticamente se niega a subir impuestos a las grandes empresas o al 1% más rico de la sociedad. Su pretendida “solidaridad” a través de impuestos, no es más que aumentar lo que ya pagan los sectores populares y hacerles pagar por su propia pobreza mientras las grandes empresas siguen especulando con el enorme fondo que representan las pensiones.
Exacerbar el individualismo de todo y tratar las pensiones a nivel de la meritocracia es una lógica que desde la clase trabajadora, sus organizaciones que se deben combatir. Hay una disputa ideológica de cómo se deben resolver los problemas estructurales que aquejan a las grandes mayorías. Mientras el 10% más rico obtiene ingresos mensuales sobre los $4millones de pesos (CASEN 2022) Los hogares del 10% de menos ingresos apenas llegan a los $254.995. Con esta diferencia de ingresos es imposible que las familias más pobres, puedan ahorrar para sus jubilaciones, aun para el 60% de los hogares, sus ingresos siguen estando bajo la media. Aumentar la cotización, y aumentar los impuestos como el IVA u otros gravámenes que afecten a todos por igual, sólo será perjudicial para la mayoría trabajadora.
Acabar con la capitalización individual y avanzar a un sistema de reparto
Terminar con la lógica de la capitalización individual es necesario no porque debamos dejar de cotizar para la vejez, sino porque se hace insostenible para los sectores populares que dicho ahorro alcance para tener una pensión digna en el largo plazo, por eso hay que terminar con las AFP y su lógica y avanzar a un sistema de reparto solidario, controlado por trabajadores y jubilados donde el Estado aporte también a su financiación a través de impuestos a las grandes empresas y fortunas.
Esto es un debate ideológico, hay que asumirlo como tal, es una lucha entre la clase capitalista que quiere seguir usando nuestros fondos como base para la capitalización de los grandes grupos empresariales (el famoso mercado de capitales) y la necesidad de pagar pensiones dignas para quienes dieron toda su vida trabajando para que un puñado de súper ricos vivan a todo lujo.
Asumir esta batalla a nivel de las ideas y de la calle, es parte del trabajo que deben hacer las organizaciones sociales, sindicales y políticas frente al avance de las ideas de la derecha y los sectores reaccionarios que el gobierno a observado con una complicidad silenciosa, sobre todo durante el debate previsional del último año.
