Se trata de un fallo de la Cámara Federal sobre quienes eran encargados de controlar las fumigaciones con agroquímicos en Pergamino. La denuncia de las “Madres de barrios fumigados de Pergamino”.
Miércoles 1ro de septiembre de 2021 08:35
En un hecho que no tiene precedentes, el Juzgado Federal a cargo de Carlos Villafuerte Ruzo, procesó a dos funcionarios de la Municipalidad de Pergamino, quienes eran responsables de controlar las fumigaciones con agrotóxicos.
El tribunal consideró que hay pruebas suficientes para procesar al exdirector y exauditor de la Dirección de Ambiente Rural del municipio por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en forma continuada ante un hecho grave: la omisión de controles en las tareas de aspersión de agrotóxicos en campos adyacentes a viviendas particulares y aguas subterráneas de la zona.
Se trata de Mario Tocalini y Guillermo Naranjo, quienes además sufrieron embargos sobre sus bienes por la suma de tres millones de pesos a cada uno. Eran funcionarios del gobierno de Juntos por el Cambio que lidera el intendente Javier Martínez.
La causa es parte de una denuncia iniciada por la abogada, Sabrina Ortiz, de la ONG Naturaleza de Derechos, que comenzó con la situación de tres barrios de la localidad bonaerense. Había comenzado hace varios años, con la lucha incansable de familiar y organizaciones ambientales.
En una entrevista con La Izquierda Diario al inicio del proceso, Sabrina contó que "en Pergamino estamos rodeados por sembradíos de soja, por lo cual sufrimos las consecuencias de los agrotóxicos. Hace más de diez años que mi familia padece esto. Mi hija y mi marido comenzaba a tener problemas respiratorios. En 2011, embarazada de mi segundo hijo, cada vez que fumigaban, mi piel se brotaba, tenía vómitos, contracciones. Se me quemó las fosas nasales, la garganta, y a los cinco mese de gestación, pierdo el embarazo".
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Según señala el fallo, la conducta de inacción por parte de estos exfuncionarios permitieron que se pudieran aplicar este tipo de productos químicos sobre las plantaciones sin respetar las disposiciones de la Provincia. Tampoco hicieron cumplir los límites impuestos por ordenanza municipal, que establece unos 100 metros de exclusión como distancia mínima para fumigar.
La investigación mostró la connivencia entre los funcionarios y los productores agropecuarios de la zona, una de las de mayor rentabilidad del país.
La situación generó reclamos y movilización no solo de ONG’s, sino también de las “Madres de barrios fumigados de Pergamino”.
La causa recopiló los testimonios de vecinos, quienes denunciaron los problemas ambientales y de salud que los afectaron.
Desde Naturaleza de Derechos señalaron que “el caso es emblemático en muchos aspectos. Primero y ante todo, por la intervención de la Justicia Federal con la aplicación de la ley 24.051 de residuos peligrosos; en los números de procesamientos determinados (nueve), en las dos detenciones de los productores agroindustriales procesados por el delito in fraganti, en los allanamientos a los productores agroindustriales, locales de comercialización de agrotóxicos de Pergamino y las oficinas del municipio; en el rol activo y comprometido del fiscal y la doble funcionalidad jurisdiccional del juez Villafuerte Ruzo, tanto en la esfera penal como en la ambiental, dictando medidas cautelares ambientales que resultan inéditas en la jurisprudencia argentina al tratarse de un caso penal, fijando distancias de protección de las fumigaciones con agrotóxicos: 1.095 metros para las terrestres y 3.000 para las aéreas”.
