Repaso por los intereses económicos y geopolíticos detrás del trabajo periodístico del ICIJ. ¿Quiénes toman decisiones a partir de las filtraciones?
Juana Galarraga @Juana_Galarraga
Viernes 22 de octubre de 2021 20:38
Imagen: Télam
El ICIJ, International Consortium of Investigative Journalists (Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación) es una red internacional con sede en Washington, D. C, Estados Unidos. Es la organización que recibió la filtración de los Pandora Papers y coordinó un trabajo periodístico a escala global, para procesar 2,94 terabytes de información.
Expusieron, así como en otras de sus investigaciones, cómo funcionan los paraísos fiscales, donde poderosos millonarios radican cuentas offshore para esconder sus fortunas y evadir impuestos, lavar dinero de negocios ilegales, ocultar sus identidades, etc.
El ICIJ incluye a 280 periodistas de investigación de más de 100 países y está asociado a más de 100 organizaciones de medios, desde los más reconocidos del mundo, incluidos la BBC, el New York Times, The Guardian y Asahi Shimbun, hasta pequeños centros regionales de investigación sin fines de lucro. Fue creado en 1997 como un proyecto de Public Integrity Center (Centro para la Integridad Pública, CIP). Actualmente su director es el periodista irlandés australiano Gerard Ryle.
En sus investigaciones, periodistas y técnicos de todo el mundo realizan un trabajo altamente profesional que pone blanco sobre negro la inequidad y la obscenidad capitalista. También, la opacidad de los sistemas que siempre abren brechas para que los poderosos se manejen con reglas diferentes que las de los simples mortales. Mientras las leyes son claras para la clase trabajadora y las cárceles de todos los países están llenas de pobres, para los más poderosos nunca queda claro cuál es el límite entre lo legal y lo ilegal.
El trabajo de tantos profesionales permite a la población entender información que de otra forma le resultaría inaccesible. Detrás suyo, existe todo un entramado de intereses que no es oculto, pero al que amerita prestar atención para pensar: qué pasa después de cada una de estas filtraciones, qué es lo que cambia en la realidad y quién toma decisiones a partir de la publicación de toda esa información.
El periodismo sin fines de lucro no es gratis
ICIJ se define como una organización sin fines de lucro. “Regalamos nuestro trabajo gratis”, sostiene, “pero el periodismo de investigación transfronterizo se encuentra entre los más costosos y riesgosos del mundo. Dependemos en gran medida de fundaciones benéficas y del apoyo financiero del público”.
Public Integrity se define como “una de las organizaciones de noticias de investigación sin fines de lucro más antiguas del país, fundada por Charles Lewis en 1989”. Asegura que “el periodismo de investigación galardonado no tiene precio, pero no es gratis. El CIP tiene la suerte de contar con el generoso apoyo de fundaciones e individuos de todo el mundo”. Según aclara, la financiación de los donantes la respalda, pero “nunca determina la dirección editorial de Public Integrity”.
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¿Quiénes bancan su trabajo? El sitio de ICIJ presenta un listado entre el que se encuentran personalidades como Barbra Straisand y Maryl Streep. También, fundaciones como la Ford Foundation (de la multinacional Ford), Swedish Postcode Foundation (Lotería sueca) y Open Society Foundation, del magnate especulador financiero y “filántropo”, George Soros. Su fondo de inversiones, Quantum Endowment, con base en Curazao (Antillas Neerlandesas) y en las Islas Caimán, fue declarado el más rentable de la historia en 2014.
“ICIJ también participa en el Programa de Asociados de Amazon Services LLC, un programa de publicidad diseñado para que ganemos tarifas al vincularnos a Amazon.com y sitios afiliados”, asegura el consorcio.
Según detalló el Publico.es en el listado de donantes de Public Integrity se observan dos fundaciones promovidas por la familia Rockefeller, importante pulpo petrolero. También, entre muchas otras, están la Leonardo Dicaprio Foundation y nuevamente la Ford Foundation.
El mismo medio entrevistó a la periodista española, Mar Cabra, coordinadora del equipo de análisis de datos del ICIJ en 2016, tras la filtración de los Panama Papers. Según detalla el artículo, el consorcio tiene un presupuesto de 1,5 millones de euros al año y Soros es uno de los principales donantes. "Es el dinero de Soros, pero Soros no dice nada. Es un gran filántropo que ha creado una red de fundaciones que financian proyectos, y esa red de fundaciones nos da dinero a nosotros. Hay una completa independencia", aseguró Mar Cabra a Público.es.
La línea editorial de ICIJ y Public Integrity se pronuncia a favor de la libertad de expresión y el fortalecimiento del sistema democrático en el mundo. En julio de 2020 el gobierno australiano trabajaba en el borrador de un código para obligar a Google y Facebook a pagar por las noticias a los medios. En respuesta Facebook decidió dejar de publicar noticias de Australia, privando a la población de las noticias relacionadas con su propio país. El gobierno australiano finalmente decidió renegociar el alcance del Código. Facebook también es aportante de Public Integrity.
¿Colaboración de periodistas o de empresas periodísticas?
Apenas una docena de profesionales constituyen el núcleo de trabajo del ICIJ. “Los proyectos generalmente se ofrecen a los miembros después de que el personal del ICIJ realiza una investigación inicial sobre un tema”, explica el consorcio. De esta forma los Pandora Papers llegaron a involucrar a 600 periodistas de todo el mundo.
Según el ICIJ “es la colaboración periodística más grande del mundo”, en la que participan más de 150 medios de comunicación en 117 países. La filtración abarca 2,94 terabytes de datos e incluye documentos en todo tipo de formatos y organizada con criterios diferentes según el proveedor. En algunos casos la información no presentaba ningún orden aparente.
El ICIJ pasó más de un año estructurando y analizando los más de 11,9 millones de registros. “La tarea involucró tres elementos principales: periodistas, tecnología y tiempo”, asegura.
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Esa docena de personas que constituyen el núcleo de ICIJ, lideradas por el director Ryle y la subdirectora Marina Walker, coordina a los medios asociados, a los que se solicita que dediquen a varios periodistas de sus redacciones a la investigación y liberarlos de sus tareas diarias. Los medios a los que pertenecen siguen pagando su sueldo, pero estos periodistas quedan a las órdenes del ICIJ, que multiplica sus recursos sin costo y logra conformar equipos periodísticos inimaginables para medios comunes.
Como contrapartida, las empresas de medios asociados que se involucran en los proyectos ganan la exclusiva de la investigación para sus países. En el caso de las empresas, por encima del trabajo profesional de sus periodistas, el objetivo es poner esa información al servicio de su lucro e intereses políticos y editoriales particulares.
¿Tecnología gratis para causas dignas?
La investigación de Paradise Papers de 2017 se basó en una filtración de 1,4 terabytes en más de 13,4 millones de archivos de un bufete de abogados offshore, Appleby, así como de Asiaciti Trust, un proveedor con sede en Singapur.
La investigación de los Panama Papers de 2016 se basó en 2.6 terabytes de datos en 11.5 millones de documentos de un solo proveedor, el ahora desaparecido bufete de abogados Mossack Fonseca.
ICIJ cuenta con vasta experiencia en el procesamiento de grandes volúmenes de información, aunque ninguna filtración previa representó una dificultad tan grande como los Pandora Papers. De los 2,94 terabytes solo el 4 % de los archivos estaban estructurados, con datos organizados en tablas”.
ICIJ usó lenguajes de programación, inteligencia artificial y otras herramientas, incluidas plataformas gráficas y plataformas de mensajería y redes sociales. ICIJ capacitó a sus socios sobre el uso de su propia tecnología para la estructuración y el procesamiento de datos.
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Tras la filtración de los Panama Papers, el sitio Computer World publicó una entrevista Carl Barron, consultor senior de la compañía de tecnología australiana Nuix. “Tiene una fuerte relación con el ICIJ desde hace más de cinco años, incluyendo una alianza con la corporación Australian Firepower contra el fraude. El ICIJ recomendó a Nuix al diario alemán Süddeutsche Zeitung (SZ, medio que recibió la filtración), con el que han colaborado durante la investigación de los Panamá Papers”.
La misma Nuix cuenta cómo surgió esa relación 5 años antes: “Imagina recibir un disco duro detallando millones de transacciones financieras hacia y desde cuentas offshore, algunas de las cuales son corredores de poder globales utilizado para lavar dinero, evadir impuestos y malversación fondos estatales. Eso es exactamente lo que le sucedió al director del ICIJ, Gerard Ryle, a principios de 2011. El periodista de investigación australiano recibió un disco duro que contiene más de 2,5 millones de archivos”.
“Nuix proporcionó software y formación para ICIJ sin cargo, como parte del programa del fabricante de software de donar productos a causas dignas”, detalla la empresa.
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Nuix se fundó en el 2000. En 2010 recibió un contrato de cinco años de la Comisión de Bolsa y Valores de los EE.UU. En diciembre de 2020 cotizó en la Bolsa de Valores de Australia con una oferta pública inicial (OPI) que valoró a la empresa en 1.800 millones de dólares australianos.
En mayo de 2021 la Policía Federal Australiana investigaba a la empresa por presuntas infracciones de la Ley de Sociedades Anónimas, por "presunto uso de información privilegiada" y "mentir” en su prospecto antes de su OPI. En junio de 2021, las oficinas de la empresa fueron allanadas.
¿Quiénes toman decisiones con la información que se filtra?
“El gobierno provisional de obreros y campesinos nombra una comisión investigadora para averiguar la relación entre las publicaciones periódicas y el capital, la fuente de sus recursos, usos e ingresos, la nómina de los donantes, el medio empleado para enjugar sus déficits y sobre todo la explotación de los periódicos en general” - Proyecto de resolución sobre la Libertad de Prensa, escrito por V. I. Lenin, noviembre de 1917.
En abril de 2016, el vocero del Departamento de Estado norteamericano, Mark Toner, informó que su gobierno ayudó al Proyecto de Reportajes sobre Crimen Organizado y Corrupción, organización que colaboró con ICIJ en los Panama Papers. Esta filtración tuvo al presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su entorno, como uno de los principales señalados. Putin, de hecho, atribuyó la investigación a un plan orquestado por el gobierno yanqui.
Antes de la filtración de los Panama Papers en 2016, el sitio de hackers y activistas Wikileaks, estaba a la vanguardia del periodismo de filtraciones. Uno de los blancos más afectados por la información que hacen trascender, es Estados Unidos. Esta organización es impulsada por el periodista australiano Julian Assange, quien ha sido sistemáticamente perseguido y criminalizado por el estado norteamericano.
En 2018 Wikileaks fue denunciado por el partido demócrata. Según la denuncia, el grupo operó con filtraciones contra Hillary Clinton en plena campaña, favoreciendo el triunfo de Trump en las elecciones. También lo acusa de ser pro ruso y de recibir dinero de Putin.
"Nosotros no somos Wikileaks. Estamos intentando mostrar que el periodismo se puede ejercer de manera responsable", dijo Gerard Riley en la revista americana Wired, tras ser preguntado sobre si colgarían en Internet toda la información de los Panama Papers. Alega que una publicación en bruto de la base de datos puede comprometer personas inocentes. Wikileaks, por su parte, le criticó al ICIJ el financiamiento proveniente del gobierno yanqui, de Soros y la casi nula información sobre empresarios, políticos y paraísos fiscales estadounidenses.
Todo este recorrido muestra que detrás del trabajo periodístico, de hackers y de profesionales a nivel global, hay intereses diversos: económicos y geopolíticos, así como disputas de distintos sectores de poder.
Estas organizaciones acceden a volúmenes de información que les permiten reventar la agenda global. Es un poder de fuego inmenso. Pero la pregunta no solo tiene que ver con quiénes realizan las filtraciones o financia los proyectos. Las definiciones sobre qué hacer ante la evidencia de tanta putrefacción capitalista, queda en manos de los mismos gobiernos e instituciones que permiten la existencia de guaridas para esconder el negocio del narcotráfico, las redes de trata, la venta de armas, etc. Y cuyos funcionarios son parte de los entramados de esos mismos negocios.
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Los países más pobres son los más perjudicados por la desigualdad que genera esta “arquitectura financiera” como la que expusieron los Pandora Papers. Argentina es el tercer país en el ranking de beneficiarios finales de cuentas offshore. Mientras 2500 multimillonarios esconden sus fortunas afuera, acá hay más de un 40 % de la población en la pobreza.
¿Qué pasaría si el trabajo de todos esos periodistas y técnicos respondiera de manera directa a los intereses de los sectores más perjudicados por toda esa corrupción? ¿Qué pasaría si todo ese poder de fuego y la capacidad de definir qué hacer con él estuviera en manos de la clase trabajadora y los pobres del mundo?