Mediante un decreto inconstitucional, busca silenciar los reclamos de docentes, médicos y auxiliares dependientes de la provincia. Un ataque contra los derechos obreros más básicos. ¿Paz y orden?
Viernes 24 de abril de 2020 11:09
El Gobernador de Santa Fe y el Ministro de Gestión Pública Rubén Michlig, firmaron el decreto 0337/20 cuyo objetivo es perseguir a trabajadores estatales. El decreto pone en la mira a quienes van a librar una “guerra” armados con las pocas “gomeras” que les otorga el gobierno. Estos trabajadores y trabajadoras no son héroes ni heroínas, son en su mayoría precarizados por el mismo Estado, y en la enorme mayoría de los casos, con sueldos de miseria que no alcanzan el umbral de la pobreza
El decreto persecutorio busca silenciar el creciente malestar que comienza a expresarse en organización y lucha en diversos sectores de la provincia y el país, como la huelga internacional de repartidores, la autoorganización de la docencia reemplazante, las crecientes denuncias de la desidia presupuestaria en los hospitales, o la vulneración de los derechos de la niñez mediante la entrega de bolsones que no cumplen la más mínima normativa nutricional.
El decreto, es además inconstitucional, cuanto menos por dos motivos. El primero, que se considera objeto de sanción “la presunta vulneración de los artículos 205° y 239° del Código Penal de la Nación”. Discrecionalidad total, sin necesidad de pruebas ni derecho a defensa, o sea, una herramienta para una caza de brujas estatal. El segundo, que busca imponer una doble persecución a los empleados públicos dado que la violación de las medidas sanitarias ya tiene sus sanciones. Así se vulnera hasta la igualdad ante la ley.
Estas son algunas de las consecuencias de que el Frente Progresista Cívico y Social le haya dado superpoderes mediante la votación de las leyes de emergencia.
Los repudios no tardaron: desde AMSaFe Rosario denunciaron"la actitud autoritaria del gobierno provincial contra los sectores de trabajadorxs que más comprometidos están en el combate contra la pandemia del Coronavirus y exigimos la inmediata derogación de este decreto que apunta claramente a atacar nuestro derecho a la protesta y nuestras organizaciones gremiales."
Tamara Cañízalez, de la Agrupación Marrón y una de las reemplazantes que están reclamando un salario de emergencia desde que comenzó la cuarentena, manifestó que "esta es una medida de persecución de parte de un gobierno que no nos da ninguna respuesta a quienes nos quedamos sin ningún ingreso desde que empezó la pandemia y con este decreto pretende amedrentarnos. Se equivoca mucho si cree que va a lograrlo".
Ver más: Crítica situación de docentes reemplazantes en Santa Fe
El decreto en cuestión, por persecutorio e inconstitucional que sea, no deja de llamar la atención por su cinismo. En el propio texto se fundamenta la política persecutoria en que “para los servidores públicos resulta exigible de una conducta decorosa y leal y un comportamiento digno de la consideración, responsabilidad y confianza que su estado oficial impone”. Y para ello, dispone el accionar de la Policía de Santa Fe, campeona del gatillo fácil y vínculos con el narcotráfico y la trata de personas. Probablemente las denuncias que llegaron a La Izquierda Diario donde en plena cuarentena se veía la brutalidad policial que disparaba contra las ventanas de los Fonavi le parezcan a Perotti una conducta digna y que inspira confianza. No extrañaría viniendo de quienes fueron parte de las gestiones de Reutemann y Obeid que entregaron junto a Menem todo el patrimonio nacional. Todo muy “decoroso”.
Todos los sindicatos y sectores políticos deben expresar un enérgico repudio contra este “estado de excepción” selectivo que hoy empieza contra “la primera línea” pero mañana será contra el conjunto de los trabajadores y el pueblo.
