¿Qué sucede con el nuevo personal de confianza en las escuelas? ¿Avanza la privatización de la educación?
Arturo Méndez Agrupación Magisterial y Normalista Nuestra Clase
Viernes 28 de julio de 2017
Dictada desde la OCDE y Mexicanos Primero e impuesta por Peña Nieto mediante el Pacto por México, para nadie es un secreto que detrás de la reforma educativa están los intereses de los grandes empresarios, que quieren convertir la educación pública en un negocio.
Para lograrlo, no pueden privatizar la educación abiertamente, pues temen que la respuesta social sea mayor a la que ya hemos visto, sino que recurren a mecanismos subrepticios.
Autonomía de gestión escolar
Por imposición de la reforma educativa, en la Ley General de Educación, quedó establecida la “autonomía de gestión escolar”, mediante la cual el Estado busca desentenderse de sus obligaciones administrativas y financieras en materia educativa.
Como no podía ser de otra forma, la entrega de Pemex y los recursos energéticos a las transnacionales vendría acompañada de una reducción al presupuesto educativo.
Así, una de las primeras expresiones de la autonomía de gestión fue la llegada de recibos de agua y luz a las escuelas para ser pagados por los padres de familia, así como la distribución de manuales para que fueran ellos quienes se encargaran del mantenimiento de los planteles. Fue ésta una de las causas que en el 2013 impulsaron a los padres a luchar junto a los maestros contra la reforma.
Escuelas al CIEN
La autonomía de gestión fue concebida para la administración de los recursos que reciban las escuelas “para mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos”.
Ya vimos que el plan consiste en que parte de estos recursos provengan de los padres de familia, que paguen los servicios y mantengan la escuela con trabajo no remunerado. Pero gran cantidad de escuelas se caen a pedazos, no cuentan con servicios básicos y en muchos casos ni siquiera existe un plantel como tal. ¿De dónde saldrían los recursos para solucionar este problema? ¿Directamente invirtiendo nuestros impuestos? De ninguna manera, los empresarios no sacarían así ninguna ganancia, y el gobierno tiene otras prioridades como pagar puntualmente la deuda externa, exentar de impuestos a las grandes empresas y mantener militarizado el país.
Aparece entonces el programa La Escuela al Centro, y como parte de éste el programa Escuelas al CIEN.
Mediante el programa Escuelas al CIEN (Certificados de Infraestructura Educativa Nacional), se promueve que los dueños del dinero inviertan en la “dignificación de la infraestructura física educativa”, por supuesto a cambio del pago de intereses y endeudamiento social. Un negocio redondo.
Autonomía curricular
Pero la cosa no acaba ahí, los grandes empresarios van por todo, y como viven de explotar trabajo asalariado, ven en la educación pública la oportunidad de formar a sus futuros trabajadores en la obediencia y la sumisión, modificando los contenidos curriculares para que los alumnos aprendan a seguir instrucciones sin criticar ni cuestionar nada (educación por competencias), en donde sus “aprendizajes” deben reflejarse en un producto (evidencias), todo de acuerdo a criterios de eficiencia empresarial.
La reducción de las vacaciones, por ejemplo, es educar para el trabajo sin descanso, agotador. Los empresarios no toleran los descansos de maestros y alumnos, pues a sus ojos representan pérdidas.
La injerencia de la iniciativa privada en la educación pública está garantizada por la reforma educativa mediante los consejos escolares de participación social, a los que pueden integrarse todos los sectores “interesados” en la educación. Así, para meter sus narices, a los empresarios les basta con crear organismos ad hoc, como Mexicanos Primero.
Ahora, con el Nuevo Modelo Educativo, se introduce la autonomía curricular en las escuelas, presentada como la facultad de la comunidad educativa para decidir cómo utilizar una parte determinada de la jornada escolar, “ya sea para reforzar aprendizajes clave, explorar otras actividades (sic) con valor pedagógico como ajedrez, robótica o educación financiera, y estudiar contenidos regionales o desarrollar proyectos de impacto social”.
Esto puede sonar muy bien, pero “piensa mal y acertarás”, dice la conseja popular, y la desconfianza en nuestros opresores está más que justificada. Por eso vemos en la autonomía curricular una puerta abierta para que sean los empresarios, de acuerdo a sus necesidades productivas, quienes determinen las alternativas de aprendizaje de niños y adolescentes, a costa de una educación integral. Ya veremos, por ejemplo, cuál será el menú de opciones en las escuelas cercanas a las zonas económicas especiales.
Personal de confianza
Finalmente, como parte de este proceso privatizador hacía falta un ajuste administrativo. Para una educación convertida en un negocio y escuelas funcionando de acuerdo a reglas empresariales, se requerían gerentes. Ese es el sentido de lo anunciado recientemente por Juan Díaz de la Torre, Secretario General del SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación): la pérdida del derecho a la sindicalización para directores de escuela y supervisores, y su conversión en personal de confianza.
Como personal de confianza, seguramente aumentarán sus privilegios, tendrán mayores responsabilidades y mejor sueldo, con lo que las autoridades educativas se asegurarán su lealtad. Sin embargo, al mismo tiempo perderán derechos, para empezar el derecho a pertenecer al sindicato, quedando en una situación de vulnerabilidad laboral, con lo que se garantizará su sujeción a los de arriba.
Con este esquema, estamos a un paso de la charterización escolar. En Estados Unidos, las chárter son escuelas que reciben recursos públicos pero son administradas por empresas privadas, que en muchos casos, además, cobran colegiaturas. Mencionemos, de paso, que Estados Unidos es líder en el negocio de la evaluación, mientras en México el CENEVAL se frota las manos viéndose en ese espejo.
¡Fuera empresarios de la educación pública!
La salida de directivos y supervisores del SNTE y su conversión en personal de confianza, significa un golpe del gobierno contra el sindicato para avanzar sobre la educación pública y precarizar más nuestras condiciones laborales. Frente a este ataque, consideramos una tarea de primer orden defender nuestra organización sindical.
Al mismo tiempo, consideramos que para acabar con la contradicción entre directivos como autoridades y los trabajadores de la educación bajo su mando, es necesario impulsar la lucha por la organización democrática en las escuelas, para que sea la comunidad educativa quien elija a su cuerpo directivo y que éste rinda cuentas a aquella. En este proceso, pueden jugar un rol fundamental los directivos democráticos, muchos de ellos organizados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
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Opinamos que el impulso de la democracia escolar debe ligarse indisolublemente a la lucha por la democratización del SNTE y su independencia política respecto al Estado, las instituciones y los partidos del régimen, pues somos los trabajadores de la educación, en alianza con los padres de familia y el pueblo trabajador, quienes podemos resolver el problema educativo, no los empresarios.
Arrancar nuestro sindicato de manos de los charros, significará contar con una poderosísima herramienta no sólo para preservar, sino para conquistar derechos y mejores condiciones laborales; no sólo para defender, sino para mejorar realmente la educación pública, enfrentando la ofensiva privatizadora del gobierno y los empresarios para poner lo mejor del conocimiento y la tecnología de nuestro tiempo a disposición de los hijos del pueblo trabajador.
