Precarización Laboral. Perspectivas del outsourcing: “acuerdo tripartito” para más trabajo precario

El 9 de diciembre Andrés Manuel López Obrador (AMLO), empresarios y sector obrero firmaron un acuerdo “tripartito” en materia de outsourcing o subcontratación laboral, para terminar con prácticas irregulares, sin erradicarlo, y seguir discutiendo la iniciativa en febrero de 2021.

La posición del gobierno

Mientras 4.6 millones de trabajadores laboran en esquemas de subcontratación y 60% en la informalidad, el gobierno federal insiste en la necesidad de evitar las evasiones fiscales del empresariado, pero conservando el outsourcing legal, a pesar de que representa reducción y vulneraciones a derechos laborales.

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Los funcionarios que se han empeñado en sostener este esquema de precarización son Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito Público; Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social (STyPS); Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Federación; Raquel Buenrostro Sánchez, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT); Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y Carlos Martínez Velázquez, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

El principal argumento para la erradicación solo del outsourcing ilegal, que pesa sobre 2.9 millones de trabajadores y trabajadoras, es que eliminará la evasión fiscal. Sin embargo, especialistas han planteado que no se puede realizar completamente, pues uno de los primeros obstáculos es el desconocimiento que tiene la STyPS de las cifras de empresas de subcontratación.

En cuanto a la posición del SAT, ha señalado que empresas que practican outsourcing realizan una serie de prácticas ilegales, como ocurre con el despido de 237 mil personas al año. Al menos 37 mil empresas y patrones, principalmente de la industria y servicios, redujeron al 80% sus trabajadores en diciembre del 2019, y a inicios del año los recontrataron; además, en algunos casos se transfieren a los propios trabajadores como subcontratados en otra empresa. Sin embargo, a los empresarios solo se les dan palmaditas con llamados a “evitar manejos irregulares de la nómina y cumplir con sus obligaciones fiscales”, pero no se les fincan responsabilidades, lo que resulta en una total impunidad.

Tampoco se garantiza a los trabajadores justicia laboral, pues no se establecen los mecanismos para hacer valer las violaciones a derechos laborales, en el marco de que las juntas locales y federal de conciliación y arbitraje redujeron su capacidad y han suspendido labores por la pandemia, sin resolver las luchas de trabajadores como las del SUTNotimex, la UACM, el SUTPRD, Generando Movimiento, entre otras.

En este punto cabe destacar que el gobierno es uno de los principales subcontratantes, con aproximadamente 500 mil trabajadores bajo este esquema, en áreas de servicios como limpieza, vigilancia y tecnología. Este año se subcontrataron 28 mil 800 personas en servicios de programas sociales de la Secretaría de Educación, Segalmex (antes Diconsa), Banco del Bienestar, financiamiento rural, vivienda y cultura. Un ejemplo es “Decoaro y Supervisión SA de CV”, empresa de intendencia en Palacio Nacional, la cual ha percibido más de 183 millones de pesos en contratos y tiene una denuncia de violaciones laborales.

Por lo que puede observarse, la principal preocupación del gobierno es la percepción de mayores cuotas obrero-patronales, no garantizar el ejercicio de derechos laborales. Esto se demuestra en la negativa a erradicar el outsourcing y en la tregua que da a empresarios para regularizarse dentro de la “subcontratación ilegal” a la “legal”. Finalmente, todo apunta a que los nuevos empleos que se creen sean a partir de estos esquemas precarizadores.

AMLO rodeado por el empresariado

Por parte del sector empresarial, el primer interesado en preservar la subcontratación, a la reunión con AMLO asistieron representantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE); la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin); la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur); la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS); el Consejo Mexicano de Negocios (CMN); la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco); la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB); el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce), y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad).

Las burocracias sindicales no representan los intereses de los trabajadores

Por el sector obrero, los firmantes del acuerdo con AMLO y empresarios fueron los representantes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM); la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC); la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM); el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), la Unión Nacional de Trabajadores (UNT); la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA), el Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM); la Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC) y la Federación de Trabajadores de Sindicatos Autónomos (FTSA).

Sin embargo, estos representantes sindicales no convocaron asambleas de base para la discusión del outsourcing, por lo que no llevaron la posición de los trabajadores sindicalizados, que apenas suman 4 millones, mientras que del total de personas con trabajo asalariado 87% no cuentan con sindicalización, es decir, 30.9 millones, entre las que se encuentra gran parte de las subcontratadas, debido a que la incertidumbre de su contratación obstaculiza el ejercicio del derecho a la sindicalización. Por el contrario, son ellos los responsables del avance de la precarización laboral en las últimas décadas, y por supuesto no llamaron a la movilización más amplia de sectores de trabajadores para lograr la efectiva erradicación de la subcontratación, por lo que queda claro, una vez más, que colaboran con el gobierno y los empresarios para pasar estas reducciones de derechos.

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Por representaciones políticas propias de las y los trabajadores

Mientras que el presidente negocia los derechos de las y los trabajadores a favor de empresarios, simulando proteger los intereses de la clase trabajadora, el destino de las mayorías pobres y explotadas se encuentra en manos de quienes no defienden nuestros derechos fundamentales. Por ello, resulta urgente que quienes hemos padecido violaciones a nuestros derechos laborales contemos con nuestras propias representaciones políticas. A esto se apuesta la trabajadora estatal Flora Aco González, quien fue contratada por el DIF de Ciudad de México bajo una modalidad precaria, fue despedida injustificadamente por alzar la voz contra toda negativa de derechos, pero que rodeada de solidaridad de la clase trabajadora, conquistó su reinstalación y le ganó a la patronal.

Como defensora de derechos de los trabajadores, está luchando por conquistar una candidatura independiente para una diputación federal por el Frente de Izquierda Anticapitalista, levantando un programa que propone: la disminución de la jornada laboral mediante el reparto de las horas de trabajo entre empleados y desemplados, sin reducción salarial; el aumento general de salarios de acuerdo con el costo de la canasta básica y ajustable a la inflación. Además de subsidios de emergencia para las y los trabajadores informales y la población en situación de pobreza, que cubran también todas las necesidades básicas.

Asimismo, exige la prohibición de los despidos, los recortes de salarios y prestaciones, la ilegalización del outsourcing y el trabajo precario, de la misma manera que llama a las centrales que se reclaman democráticas y combativas a movilizarse contra los planes del gobierno federal y los gobernadores de la derecha, y por la resolución de las luchas de trabajadores.

Te invitamos a sumarte e impulsar esta campaña para la candidatura independiente anticapitalista de Flora Aco.

Conoce las propuestas del Frente de Izquierda Anticapitalista